Dada la novedad del caso en el contexto constitucional ecuatoriano, y la laguna presente en la Constitución, resulta complejo determinar la existencia de una prohibición implícita de ordenar la disolución de la Asamblea durante la tramitación del juicio político en cuestión. Especialmente, si consideramos los vicios e irregularidades que plagaban a este proceso. Nos encontramos, de nuevo, ante un problema de solución política, antes que jurídica.
La maximización de la libertad individual en un extremo del espectro, y la búsqueda de la igualdad material a toda costa en el otro, actúan en detrimento de la gobernabilidad, la estabilidad política y de verdades que las personas sensatas tenemos por objetivas
Superemos teorías anacrónicas y regresemos la competencia desleal a sus orígenes de derecho privado. Sobre el falso excepcionalismo del derecho de competencia desleal, según el cual los jueces civiles no estarían capacitados para conocer estos casos, basta pensar en que de haber aceptado argumentos parecidos el país nunca habría tenido jueces tributarios o laborales.
