Una radiografía actual del Ecuador evidencia que el Covid dejó como consecuencia, además de una gran tragedia humana, una crisis económica y un alto nivel de desempleo.  La pandemia deja pérdidas estimadas en ventas por 28 000 millones de dólares, contrae el PIB en 7,8% en el 2020, eleva la pobreza del 25 al 32%, y deja a 5,7 millones de ecuatorianos entre el desempleo y el empleo no adecuado.

Se convierte en urgente el análisis de las reformas necesarias para agilizar la recuperación económica del país.

Partiendo del hecho de que nueve de cada diez empleos en el Ecuador son generados por el sector privado, y por tanto entendiendo que la reanimación del sector productivo es primordial para la recuperación de empleo y crecimiento económico, es claro que se requieren las siguientes acciones que propicien un entorno amigable y motivador para la empresa privada. 

Primero, el gobierno debe garantizar la seguridad jurídica. 

La seguridad jurídica es el conocimiento pleno y la certeza que tienen los gobernados de que es lo que estipula la ley y de cómo se aplica.  Es la predictibilidad de resultados de acuerdo a las acciones, y es el entendimiento cierto de lo permitido y lo prohibido.  Este conocimiento se traduce en confianza, factor fundamental de la inversión privada; además de que un entorno donde reina la seguridad jurídica faculta la posibilidad de planificar y proyectar al futuro, cosa que al sector privado le atrae.

Segundo, a todos los niveles se debe propiciar un clima económico y social conducente a la inversión. 

Se debe eliminar el factor miedo.  Pesa sobre el Ecuador un discurso del pasado, una lucha de clases exacerbada, constantes amenazas de movilizaciones, presiones de las organizaciones sindicales, discursos sobre aplicación de nuevos impuestos.  Estos mensajes disuaden tanto al inversionista local como al extranjero pues generan pánico y desconfianza, además de que contribuyen al deterioro de la armonía social.  Desde todos los espacios hay que promover que se reemplace este mensaje por uno de estabilidad, y desde el sector público se deben tomar todas las medidas, por radicales que sean, para garantizar el orden y la paz social. 

Tercero. Es necesaria una reforma laboral que favorezca al proceso de contratación.

Es el momento de hablar de flexibilizar el tema laboral, de incorporar jornadas parciales, horarios flexibles, contratos a prueba a más largo plazo, certeza jurídica en el proceso de vistos buenos.

Este no es el momento de proponer incrementos salariales.  Las empresas necesitan un compás de espera que les permita recuperarse antes de hablar de más cargas salariales.  Los aumentos salariales deberán ser el resultado natural de una mayor productividad y crecimiento económico, no de exigencias y concesiones.

Cuarto.- Se necesita una reforma financiera que promueva la inversión y que haga del Ecuador un país interesante y rentable tanto para el inversionista local como el extranjero. 

Es necesaria una reforma tributaria simplificada que no busque castigar sin sentido a la empresa privada. Los impuestos únicos y excepcionales se están volviendo habituales.  El sector empresarial se ha vuelto el responsable de pagar todos los errores y las malas decisiones del Estado.

Menos impuestos, con leyes claras y simples, generará sin duda más inversión.

Quinto.-Es necesario que lo más pronto posible se eliminen las restricciones de funcionamiento.  En la medida en que avanza la vacunación, se deben liberar todas las actividades incluyendo las de entretenimiento.  A más limitaciones, menos productividad, menos empleo y menos economía.

Sexto.- Finalmente, desde el ámbito privado, los empresarios deben asumir una representación activa, frontal, y constante en el proceso de toma de decisiones  que les afectan.

Los otros actores sociales le dedican gran esfuerzo a plantear sus posiciones, a exigir y a confrontar, y lo hacen sin miedo y sin preocupación por las consecuencias.  El sector privado tiene temor a la crítica y a la sanción social y se abstiene de plantear su posición con fuerza. El sector gremial debe ser frontal y propositivo y debe defender sus principios y sus intereses sin temor y sin vergüenza, y debe dedicarle todo el tiempo y el esfuerzo necesario para nivelar la mesa de negociación y lograr condiciones que le permitan florecer.

Tanto el gobierno como el sector privado tienen la obligación urgente de contribuir para la recuperación económica y lograr la reparación del tejido social. Hay una corresponsabilidad innegable. Vivimos un momento histórico para el país. Hay una confianza renovada, esperanza y optimismo.  Es el momento idóneo para tomar decisiones en favor del largo plazo, de la sostenibilidad económica y social.  Pero esta ventana de oportunidad es corta, el tiempo político es limitado.  Si no se hacen los cambios importantes, si no hay modificaciones de fondo, lo lamentaremos en el futuro.  (O)