Era 1989 me parece, cuando ya creíamos que habíamos terminado con los juicios de daños que se seguían en Miami por la caída del avión en Manta. Defendíamos a la aseguradora y aparecieron unos últimos “ambulance chasers” (casa ambulancias) con unos quince supuestos damnificados. El primer día del juicio, al más puro estilo de las películas, los abogados de los demandantes pusieron unos trípodes en la corte con fotos de los daños en la ciudad, otros de unas víctimas ajenas, los proyectores; y… listos para el show. 

Inició la audiencia con una exposición dramática de los abogados de las “víctimas” sobre el accidente; y, del foro no conveniente de las cortes ecuatorianas para atender el caso.  Cuando descansó el demandante, de nuestro lado Tom tomó la palabra y le hizo ver al juez que el abogado de la contraparte había errado en una disposición legal por demás elemental. Súbitamente el juez preguntó si era cierto lo que escuchaba. El ambulance chaser dijo que no conocía del tema. El juez, le replicó por su ignorancia; pidió que tomara sus cosas y lo expulsó de la sala con una multa de treinta mil dólares por hacer perder su tiempo y el del sistema de justicia. 

No es que quiera decir que el foro americano es perfecto, pero vaya, qué envestidura del juez y qué normativa tan severamente precisa y digna de emular. Estamos ya tan acostumbrados a que en las cortes suceda lo que sea y no exista sanción al abogado, sobre todo aquel que no tiene el menor reparo en dilatar las audiencias cinco o diez veces, al punto que hasta en procesos de inmenso interés nacional, seguimos expectantes de los resultados, pero créanme, esto no es normal o no debería serlo.

La pregunta es: ¿Se sanciona a los abogados que atenta contra lo que nuestra legislación llama la “buena fe y lealtad procesal”? Lastimosamente el principio es por demás irrelevante en la práctica diaria, letra muerta en nuestra legislación. Personalmente no conozco que se hubiese sancionado jamás a algún abogado por retardar los procesos o por presentar demandas sin pies ni cabeza; o, por hacer defensas que llegan a ser burlescas, por lo cual también castigan otras legislaciones.

Se preguntarán ¿por qué no se sanciona a los abogados o más bien, por qué muchos siguen burlando al sistema de justicia? Está casi dicho y lo primero debería hacerse es preguntárselo a los jueces. ¿Por qué no hacen uso de sus facultades?  Cosa extraña en ciertas ocasiones, pero en principio también al sancionado poco le importará la decisión de un juez.

El asunto es que para un abogado ecuatoriano que incurra en estas prácticas, la sanción llega “hasta tres remuneraciones básicas unificadas” y la “suspensión” del ejercicio (no la pérdida) hasta por seis meses. Si estimamos los valores que se juegan en muchos de los juicios más o menos importantes y trascendentales, es más conveniente pagar la multa; no firmar escritos un semestre y seguir las prácticas abusivas.

Más allá, como casi siempre, “el trámite”. Tampoco es que el juez tiene prerrogativas para sancionar al abogado, sino que tiene que hacerlo a través de trámite ante las direcciones provinciales o regionales del Consejo de la Judicatura, “que asegurará el derecho de defensa del abogado” dice la norma. Ahí quedó la envestidura. 

Si los jueces apenas se dan abasto con los procesos que manejan, ¿tendrán tiempo para seguir el famoso “sumario” contra el abogado? No, por eso vemos tan frecuentemente que la noticia es “se difiere” la audiencia en el juicio tal, o se “suspende” la audiencia en el juicio equis y la mayor parte de las veces es porque así lo han logrado los abogados. 

Como que las normas sancionatorias también fueron meditadas para quienes juegan con la justicia, se burlan de ella y aprovechan la podredumbre a la que ya estamos casi acostumbrados, como si fuera algo normal.

De hecho, la mayor parte de los justificativos vienen acompañados de un certificado médico. Como que el tema fue previamente pensado. Antes de la expedición del COIP, su emisión fraudulenta era penada con prisión, hoy por hoy también solo amerita otra “multita” de cinco a diez remuneraciones, todavía una sanción insignificante las grandes mafias o los juicios donde los intereses superan los cuatro mil dólares… Como que todo fue hecho a propósito. (O)