Tradicionalmente, América Latina ha sido reconocida como la región más inequitativa del mundo, condición atribuible esencialmente a los elevados índices de pobreza que afectan a más de una cuarta parte de la población. Esta situación se explica por una desigual distribución del ingreso y de la riqueza, agravada por un sistema fiscal regresivo que afecta desproporcionadamente a los sectores de menores recursos.
La elevada deuda y la baja inversión externa, afecta a la productividad económica y a la gobernabilidad para formular políticas públicas que den atención a los servicios y demandas sociales fundamentales, como la salud y la educación de la población.
Las amenazas a la seguridad interna de los Estados: como la delincuencia, crimen organizado transnacional, narcotráfico, lavado de dinero, minería ilegal, tráfico de armas y terrorismo, cuyos objetivos son ganar poder mediante participación en procesos políticos eleccionarios, cooptar a representantes de las instituciones o simplemente sustituir a autoridades ganándose mediante amenazas o prebendas la legitimidad de la población.
Para obtener poder y maximizar el lucro utilizan el control de territorio, de los corredores terrestres y marítimos, control de puertos y centros de producción, comercio transporte, en donde pueden ejercer explotación, extorción y reclutamiento forzado, pero especialmente inducir y mezclar sus acciones delictivas contaminando el sistema económico nacional.
En este contexto Ulrich Beck, en su libro La Sociedad del Riesgo propone que los Estados deben gestionar las amenazas globales, impredecibles y transnacionales que son la nueva fisonomía que han alcanzado a nivel transnacional, como producto del avance de la globalización.
El narcotráfico es un ejemplo de corporación ilegal transnacional, que aplica estrategias logísticas de producción y trasporte, seguridad y mercadeo multinacional.
Haití por ejemplo pide apoyo internacional a las Naciones Unidas ONU, ante el problema de seguridad interna, que se origina desde 1959 con la conformación de una fuerzan paramilitar, de apoyo al dictador Francisco Duvalier.
Los denominados Tontom Macoutes, debían ejercer control político de respaldo al dictador y reprimir a opositores; vista de la desconfianza que tenía en la seguridad proporcionada por el ejército nacional.
El estado les proveyó de uniformes, armamento y una asignación mensual, habiéndoseles otorgado adicionalmente a más de su sueldo, atribuciones para desarrollar en su propio beneficio recaudaciones a través de actos delincuenciales de violencia, intimidación y terror contra la población.
En la actualidad sigue vigente esta modalidad de seguridad interior en Haití. La fuerza paramilitar se denomina Vive Asamble (vivir juntos), estimados en 12.00 efectivos que controlan el 90% del territorio nacional. Su organización es el producto de la integración de los diferente grupos delictivos y pandillas, con el propósito de incrementar su poder de combate, hacer frente a las instituciones de seguridad, desafiar y derrocar al gobierno del Estado haitiano.
La estructura de las bandas criminales en Haití, fue considerada por el Consejo de la ONU, como una amenaza a la paz y la seguridad de la región. Por lo tanto, resuelve en base a la diplomacia de seguridad acogerse al Capítulo VII de la Carta de la Naciones Unidas, establecer una fuerza de mantenimiento de la paz con Cascos Azules, para apoyar a la política exterior de Haití, restablecer la seguridad y la estabilidad. Misión que resultó fracasada por resistencia de la población a la presencia extranjera, una epidemia de cólera y abusos en derechos humanos.
Posteriormente en 2023 mediante nueva resolución la ONU determina una misión multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) estrictamente de apoyo policial y defensivo encabezada por Kenia. para desmantelar las bandas armadas apoyar a la Policía Nacional de Haití y proteger la infraestructura crítica.
La misión resulto ineficaz por problemas administrativos, de financiamiento y haber alcanzado únicamente el 40% de efectivos, obligando a una reestructuración.
En el nuevo mandato la ONU del 2025 se resuelve la creación de una fuerza de represión de las bandas, GSF con 5.500 efectivos para con un enfoque operativo y uso directo de la fuerza de carácter ofensivo combatir directamente a las pandillas.
A criterio del Secretario de Estado Marco Rubio la misión, no se trataba de un asunto humanitario sino de contención a una crisis transnacional.
El Salvador participo también con una diplomacia de defensa, con aprobación de la ONU, desplegando un batallón de fuerzas especiales de 2.000 efectivos
La ONU con apoyo de diversos países, ha establecido una estrategia de seguridad internacional de diplomacia de defensa y de seguridad preventiva incoherente con la situación de seguridad que se vive en Haití. Ha sido discontinua e incompleta porque ninguna de las intervenciones se ha realizado de conformidad a las resoluciones, en cuanto a asignación de personal, recursos y cooperación internacional.
Pero el desajuste más impórtate ha sido la discrepancia entre los objetivos políticos de la ONU con los objetivos militares de las fuerzas de intervención, de la MINUSTAH, MSS y GSF y ahora con la intervención de la fuerza militar de el Salvador, lo que significa que el objetivo final deseado de las intervenciones no ha sido alcanzado.
Asimismo, La estrategia de seguridad internacional, no ha sido coherente con la situación de inseguridad.
En aplicación del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, correspondía afrontar en secuencia la situación de conflicto una vez verificada la integración de las bandas armadas con la organicidad suficiente, mando definido y objetivos claros para confrontar al Estado, desarrollar operaciones sostenidas de carácter militar y pretender cambiar el gobierno; es decir, asumir la configuración de un conflicto armado no internacional (CANI).
En ese momento debieron realizarse operaciones ofensivas, conforme a las Reglas de Enfrentamiento (ROE) establecidas, mediante incursiones antipandillas destinadas a neutralizar a los grupos criminales y recuperar el control territorial y de las zonas estratégicas.
Paralelamente, debió ejecutarse la contención mediante aislamiento y disuasión para controlar las líneas de comunicación y los puntos estratégicos, las líneas de abastecimiento y la protección de la infraestructura crítica, asegurando puertos y áreas de producción nacional.
Con las dos fases previas descritas se podría haber pasado a la cooperación multinacional con respaldo de la ONU, con el fin de fortalecer al Estado mediante apoyo logístico, restablecimiento de los servicios públicos y reactivación de la producción nacional.
Finalmente, se debió alcanzar la fase de contingencia, organizando canales de ayuda humanitaria, provisión de una línea de abastecimiento, salud y asistencia social, para proteger a la población, frenar los secuestros y el reclutamiento de las bandas.
La estrategia internacional en Haití ha fracasado por falta de cooperación seria con las resoluciones de la ONU; y en forma específica por incoherencia entre objetivos políticos de la ONU y objetivos militares de MINUSTAH, MSS y GSF, al no reconocer ni combatir un conflicto armado no internacional con operaciones ofensivas, contención y reconstrucción estatal, limitándose a intervenciones discontinuas, incompletas e infectivas con carencia de apoyos reales en personal y recursos, con operaciones de estabilidad que son imperiosas e insustituibles para Haití. (O)