Este año entró en vigencia una serie de cambios normativos en el ámbito tributario, tras el paso del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad por el Ministerio de la Ley. “Para variar”, la Asamblea Nacional nuevamente quedó en deuda con la ciudadanía durante todo el proceso de discusión del documento enviado por el Ejecutivo.
Y, aunque lo hecho, hecho está, no es menos cierto que el Gobierno necesita poner cabeza fría y meditar en lo que realmente tiene al frente.
- El contexto geopolítico de la gran Latinoamérica, se ha convertido, sin definirlo de ninguna forma, en una gran oportunidad para el Ecuador. Contar con un Presidente loable, con credibilidad y con una tendencia política apropiada, a diferencia de lo que podemos ver en la región, nos está convirtiendo en una especie de lunar blanco dentro de este escenario a diferencia, insisto, de la tendencia económica y política de los países vecinos. Estos facturados sumados a la seguridad jurídica que una vez genera un mandatario puede hacer que importante inversión extranjera direccione sus capitales frescos hacia nuestro Ecuador, generando una oportunidad única de reactivación como no habíamos tenido antes, para atraer todos esos capitales que mucho bien le harían a nuestra débil economía o para ser más optimistas a nuestra economía en recuperación.
- Dólar nuestra moneda oficial, que más allá de sus desventajas competitivas, que las tiene, representa un factor incomparable para la inversión extranjera, ya que a diferencia de nuestros vecinos el poder invertir en Ecuador permite que su inversión no esté expuesta a ese desgaste o costo implícito llamado devaluación. Lo cual incluso más allá del 5% de ISD genera rendimientos a ese capital invertido.
Considerando solo estas 2 variables, la posibilidad cierta de que Ecuador sea el mejor destino de inversión para Latinoamérica no carece de fundamento alguno, sin embargo el Gobierno debe implementar leyes económicas, laborales y tributarias que sumadas a la buena imagen del ejecutivo incentiven esa atracción de inversión extranjera y motiven a la reactivación de esa inversión local generando mejores días para los ciudadanos ecuatorianos.
Plasmar la reactivación de la economía de un país en una reforma tributaria que principalmente pretende retirar del sistema económico mediante recaudación pura US$ 1.900 millones en dos años, lo cual sobrepasa los US$ 1.300 millones a los cuales se comprometió el Gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no es una medida de reactivación aunque en apariencia se sienta desde el gobierno como un logro.
¿Es apropiado aplicar, llámese impuestos o contribuciones adicionales, a una clase media y al sector privado que está procurando salir de una pandemia sanitaria, y para algunos a partir del 24 de Mayo de 2021, de una pandemia política?
¿De dónde van a obtener los contribuyentes el monto de contribución al patrimonio de personas naturales para satisfacer los requerimientos del fisco?
¿A quién se va a trasladar ese costo las compañías, si no es a la economía y por ende a cada uno de los ciudadanos?
Se debe analizar adicionalmente si es o no un principio de equidad tributaria gravar impuestos adicionales, más allá del nombre que tengan, ya sea esto impuesto o contribución a empresas con pérdidas. Considerando esto la interrogante es ¿no es mucho peor requerir estos impuestos a estas empresas que casi no lograron salir de la pandemia, que a las que presentan saldos positivos? Sin querer decir con esto que las empresas con utilidades bien obtenidas tengan flujo de caja, ya que financieramente tener utilidades no significa tener disponibilidad en caja.
Podemos seguir opinando sobre esta reforma, como en los verdaderos efectos adicionales de pago de impuesto a la renta para la clase media; como un ejemplo sencillo, para un ciudadano que tiene la fortuna, la bendición de mantener su trabajo con un salario de US$ 2.000 por el ejercicio fiscal al 31 de Diciembre de 2021 deberá pagar US$ 39,40, sin embargo con la nueva reforma y al eliminar la posibilidad de deducir gastos personales deberá pagar US$ 806,33, es decir US$ 766,93 adicionales que porcentualmente representa 1.946% (un mil novecientos cuarenta y seis por ciento), sin embargo al hacer la misma comparación con un ciudadano que percibe mensualmente US$ 10 mil mensuales, su incremento en valor es de US$ 5,515 adicionales equivalente al 22,64% (Veinte y dos con sesenta y cuatro por ciento).
Juan Domingo Perón decía que el mejor indicador económico es el refrigerador de cada uno de los ciudadanos. ¿Qué marcará ese indicador luego de que los contribuyentes tengan que realizar un pago adicional?
¿Estamos realmente implementando una reforma tributaria que genere sostenibilidad económica en un país que lo que requiere es inversión extranjera e interna? ¿Es realmente una reforma que genera movimiento económico, con una perspectiva de crecimiento interno, basado en la inversión de capitales nuevos y la reinversión de los que ya existen? ¿No es el momento de disminuir el Impuesto a la Salida de Divisas, que fue ofrecimiento de campaña, salvo en dos casos excepcionales que tampoco dejan claro en qué beneficia al aparato productivo? ¿Qué obstáculos se presentan para la promesa de repatriar capitales no declarados desde el exterior; es realmente eficiente esta repatriación o simplemente algo que se incluyó, por decir que se lo hizo, sin considerar los resultados en otros países de la región?
Son muchas preguntas sin respuesta que siguen en el tintero. Resolverlas, sin duda, generaría un ambiente más amigable, de mayor confianza y seguridad con la actividad productiva, con la atracción de capitales.
NO debemos desaprovechar esta oportunidad de convertir al Ecuador en el mejor destino de inversión de Latinoamérica; se lo debemos a nuestros hijos y a las nuevas generaciones, esto apenas empieza, que no se pierda la oportunidad histórica que el Gobierno tiene en sus manos. (O)
