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Nadie, por ninguna circunstancia ni condición particular, ni raza, ni estrato económico, tiene derecho a afectar los derechos de las demás personas a trabajar, a estudiar, a vender sus productos y a circular libremente por el territorio nacional; a nadie le está permitido usar la violencia ni agredir o atacar a otras personas.

15 Junio de 2022 15.03

Una vez más el Ecuador hace equilibrio en una cuerda floja entre el Estado de Derecho y la toma violenta del poder. El paro nacional convocado por la Conaie, presidida por su presidente Leonidas Iza, se lo hizo de forma pública, a viva voz, con la amenaza clara y enfática de derrocar al gobierno de Guillermo Lasso.

Dice uno de los audios de Iza previo al paro: “Bajar al presidente de la República no va a ser nada fácil con una movilización así, sino realmente con una medida de hecho muy contundente”.

La referida medida de hecho, disfrazada de protesta social con un petitorio de diez puntos, la mayoría de ellos contradictorios e ilegales, buscaba otra vez crear el mismo ambiente caótico y violento de octubre de 2019 para consumar el golpe que se frustró entonces a favor del mismo Iza (más Correa y compañía) y en contra del gobierno de Lenin Moreno.

Tras los graves incidentes que se produjeron el día lunes con cierres de carreteras, destrucción de vías, ocupación de pozos petroleros y estaciones de bombeo, asalto y daño a fincas florícolas y agroindustriales, amenazas a trabajadores, extorsión a empresas, entre otros delitos, cualquier reclamo ciudadano contra el gobierno quedó absolutamente deslegitimado y se convirtió en parte de esta orquesta vandálica dirigida por Iza y los altos mandos de la Conaie que, por sus propias palabras, buscan derrocar al presidente. 

Y sí, puede haber muchos reclamos en contra de este gobierno, y hay sin duda inconformidad y desazón, desesperanza y desesperación sobre todo entre las clases más necesitadas, pero esa voz que debía constituirse en una protesta social potente, uniforme y efectiva, consagrada en la Constitución y en las cartas que consagran los derechos humanos, fue opacada por las agresiones contra particulares, por la violación de los derechos de otros ciudadanos y por los delitos públicos cometidos por una turba de delincuentes bajo las órdenes de una mafia ansiosa, encolerizada, ávida por alcanzar el poder a través de la violencia.

La detención de Leonidas Iza en la madrugada del martes, encendió aún más los ánimos fogosos de la revuelta. Nuevamente el Estado de Derecho se tambaleó en la cuerda floja. Al final, la jueza competente declaró que la detención de Iza fue legal y que se había demostrado la flagrancia por el delito de paralización de servicios públicos. La fiscalía formuló cargos y la jueza ordenó el inicio de la instrucción fiscal sin prisión preventiva. Quizás en este punto jugó un papel importante la situación de alarma en el país y, aunque a muchos no les guste o disientan legalmente de esta decisión, imagino que se prefirió bajar las tensiones. 

Por ahora al menos ha quedado claro que aún vivimos en un Estado de Derecho, aunque éste siga maltrecho y visiblemente deteriorado. El riesgo de perderlo, eso sí, puede cambiar tan solo en unas horas. Es fundamental para su supervivencia fortalecer la institucionalidad del país. Este fortalecimiento pasa, entre otras acciones, por el cumplimiento de todos los ciudadanos de las normas legales sin excepción alguna. Los delitos que se han cometido durante los días del paro, incluidos el secuestro de funcionarios y policías, la destrucción de patrulleros y edificios públicos, y otros menos visibles como el financiamiento de estos actos delincuenciales, el verdadero origen de los recursos y de las órdenes desestabilizadoras, así como los excesos, abusos y casos de represión de la fuerza pública deben ser investigados, juzgados y sancionados de acuerdo con las leyes. 

Nadie, por ninguna circunstancia ni condición particular, ni raza, ni estrato económico, tiene derecho a afectar los derechos de las demás personas a trabajar, a estudiar, a vender sus productos y a circular libremente por el territorio nacional; a nadie le está permitido usar la violencia ni agredir o atacar a otras personas salvo que lo haga como legítima defensa, ni siquiera a la fuerza pública cuyo deber de garantizar y velar por la seguridad de los ciudadanos está limitado por la ley y por la propia Constitución.

Pero el gobierno también carga con su parte de responsabilidad en mantener el Estado de Derecho. El diálogo oportuno y la atención a las necesidades básicas de los ciudadanos es parte de esa responsabilidad. Pasado el primer año de gobierno, nada parece haber cambiado o mejorado para esa gente que se encuentra en el estrato inferior de la población, para esas personas que apenas sobreviven con una comida y que viven en condiciones insalubres. Ellos deben ser la prioridad para el gobierno, de lo contrario tampoco existirá un Estado de Derecho. Y, sí, está muy bien que se atienda los aspectos macroeconómicos y que se busque arreglar las finanzas públicas, eso es fundamental para garantizar la estabilidad, pero la atención primaria, urgente, definitiva, son los seres humanos que habitan en este país.

Esta semana no nos hemos encontrado con un evento de protesta social legítima, pero hay muchas razones para que esa protesta, dentro de los límites legales, se mantenga. Esta semana no ha existido voluntad de diálogo, pues se empezó el paro con violencia y amenazas, pero el diálogo en dos vías es fundamental para el equilibrio y la estabilidad del país. Esta semana hemos revivido los episodios negros de octubre de 2019, hemos visto a los propios autores de esos delitos gozar de su amnistía ilegítima y delinquir otra vez, y hemos sentido nuevamente desazón y angustia por la intromisión mafiosa en una democracia que se mantiene en terapia intensiva. (O)

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