Hay que reconocer que ésta no es la única ocasión en que Ecuador se ve envuelto en una trifulca de problemas políticos que generan desconfianza e incertidumbre del futuro; pero, no por ello podemos mirar a otro lado sobre la actualidad que vivimos. Esta preocupación no solo es de nosotros, los ecuatorianos, es también de los mercados internacionales, de las calificadoras de riesgo, de los organismos internacionales y de todo tipo de inversionistas en la esfera externa. Esa lectura del exterior se expresa en el comportamiento de los papeles de deuda emitidos por el Ecuador que al ser poco apetecidos por los inversionistas, su venta aumenta, su precio cae a cerca de la mitad de su valor nominal al tiempo que el riesgo país se dispara a cerca de 2.000 puntos básicos, siguiéndole de cerca a Argentina y luego de Venezuela que sigue siendo el mayor riesgo regional.
En la parte estrictamente macroeconómica hay desconfianza en el rumbo de la conducción económica, pues al tiempo de tener una importante recuperación de las reservas internacionales, de un menor déficit fiscal, de un superávit de comercio exterior y aumento de las remesas, hay atrasos importantes y necesidades de financiamiento a mediano plazo, sobre todo por los compromisos de deuda externa privada que empiezan a vencer más aceleradamente los siguientes años. La obesidad estatal sigue intacta y las reformas económicas como la atinente al sector laboral y de seguridad social, siguen siendo pasivos que gravan seriamente a las finanzas públicas.
En estas circunstancias se tiene un gobierno muy débil, sin aliados políticos, con escándalos de corrupción que siendo algunos poco cercanos le terminan salpicando, un ambiente de inseguridad que lidera las preocupaciones de los ecuatorianos que sin ser un tema nuevo su agravamiento acorrala al gobierno así como las elevadas tasas de desempleo y subempleo. La reciente decisión de la Corte Constitucional que dio viabilidad al enjuiciamiento político al presidente de la República por parte de la Asamblea Nacional termina cerrando el círculo de incertidumbre, pues abre algunas posibilidades próximas, todas ellas difíciles de anticipar del cómo serán sus secuelas y resultados.
Una posibilidad es que el presidente continúe en funciones hasta el mayor del 2025, en un ambiente de gran debilidad política, sin fuerza para empujar reformas económicas aunque, en lo positivo, sí podría conseguir apoyo internacional sobre todo de los multilaterales. Esta probabilidad podría significar el agravamiento del clima de inseguridad ciudadana, sin mayores opciones de recuperar un crecimiento económico más dinámico con mejores indicadores de empleo y pobreza.
Otra posibilidad es que el Presidente termine destituido por la Asamblea Nacional y sea reemplazado por el Vicepresidente de la República y algún otro funcionario que le designen como nuevo Vicepresidente. Esta situación se ve más complicada que la anterior, pues abre otras interrogantes como es la capacidad política del nuevo jefe de Estado de administrar la difícil situación, si cuenta con la fuerza y el liderazgo de administrar un gabinete que puede sentirse inseguro ante los cambios políticos, si podrá maniobrar con los otros actores políticos como indígenas y Asamblea Nacional y, dada su inexperiencia en temas económicos, si podrá mantener cierta conducta adecuada en las políticas públicas.
Si por otra parte, si sale el actual binomio y entra un nuevo gobierno, habrá que preguntarse las características de los personajes que conduzcan el país con la magnitud de los problemas que se tienen o si son simples ejecutores de decisiones de terceros y quienes son éstos.
La llamada “muerte cruzada” no tiene tampoco un escenario claro, pues luego del llamado a elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral, la pregunta es quiénes se candidatizarán en este ambiente de fraccionamiento político y quiénes resultarán triunfadores de una siguiente contienda electoral y, al mismo tiempo, si durante la gobernanza sin la Asamblea Nacional, el actual Presidente podrá impulsar toda su agenda de acciones dada la suerte de “dependencia” que tendrá de la Corte Constitucional.
Todo lo anotado nos demuestra que existen demasiadas preguntas y casi sin respuestas, lo que termina afectando el riesgo país, la inversión extranjera y la posibilidad de una mayor recuperación económica con más empleo y menor pobreza. Sin duda la presencia del narcotráfico y delincuencia organizada atraviesa transversalmente a toda la economía y a toda la sociedad. (O)
