No se trata de desconocer la validez de los acuerdos internacionales suscritos sino de permitir que la actividad privada continúe por una senda de estabilidad. Que las discrepancias diplomáticas se ventilen en ese sector sin contrariar la producción y el empleo de mexicanos y ecuatorianos.
Será siempre una señal de madurez política y de sus representantes que pueda presentarse continuidad en la política económica a lo largo del tiempo y de forma transversal entre varios gobiernos. Esto ha sido una pieza fundamental en el éxito de otras economías.
Es muy perjudicial la politización de la economía o el uso del mensaje "económico" para fines electorales o populistas. Mucho tabú que perjudica.
Pretender resolver los abusos de algunos empleadores que estimo son una minoría, cuando la ley vigente sí incluye estos abusos como es el "acoso" que se pretende corregir mediante una nueva reforma, es abrir la puerta para relativizar el concepto de lo que sería el acoso y además es una nueva barrera para apoyar al empleo.
El espíritu de muchos ecuatorianos es confrontativo por esencia, los egos aupados impiden la aceptación de los triunfos o las opiniones contrarias de otros, los intereses personales alejan los consensos, la incoherencia entre las acciones y las palabras de algunos y el dinero como el fin de la vida siempre será un enemigo del progreso de la sociedad.
Las acciones no son fáciles de realizar, requieren un fuerte liderazgo del presidente de la república y su gabinete, demanda acuerdos políticos y consensos, así como una firme decisión de avanzar en estos temas.
La política económica debe observar el bosque y no unos pocos árboles. Aplicar medidas solo en el lado del ingreso fiscal y no ajustar el gasto público, donde incluso hay más grasa, no son sostenibles y técnicamente son menos eficientes.
Es momento que se establezca una reforma que incorpore los principios de calidad del gasto al que se registra como egresos de capital del presupuesto estatal y haya una clara rendición de cuentas de los prefectos y alcaldes del uso que brindan a los fondos que les transfiere el fisco.
Si bien la dolarización ha registrado un saldo favorable luego de éstas más de dos décadas de aplicarse, sigue sin poder potenciar sus beneficios por la ausencia de otras reformas que hasta la presente fecha y por distintas razones no se han producido.
La deuda pública demanda un arreglo voluntario y de mercado con los tenedores de bonos y con los multilaterales. No obstante, esto debe dejar en claro que el país va a honrar sus obligaciones externas, pues anuncios poco claros en esta materia generan nerviosismo y pueden interpretarse como riesgos futuros de moratoria de deuda.
El equipo económico del nuevo gobierno tiene que ser proactivo y participativo. Tiene que estar al tanto de las principales cifras y marcar el ritmo de las negociaciones para enviar señales de confianza a los mercados.
No es sostenible, bajo ningún argumento, persistir en mantener el nivel de gasto público vigente, peor aún aumentarlo.
El país necesita crecer más rápido para mejorar el empleo y lograr mayor progreso, sin embargo, para ello deben confluir algunos factores siendo uno de ellos la presencia de un sector financiero dinámico, ágil y moderno, que no sea reprimido con una supervisión poco eficiente o un sistema de precios, dígase tasas de interés, alejado de la realidad.
Con estas acciones y sin adoptar errores de fondo como sería apropiarse de las reservas internacionales, se estaría apoyando la consolidación de la dolarización y se abriría una esperanza de recuperación económica futura. Ojalá la sensatez y la razón primen y no la irresponsabilidad y el populismo.
Resulta “cuesta arriba” sostener que faltan recursos fiscales cuando el desperdicio es mayúsculo y la falta de decisión política impide avanzar para un efectivo saneamiento fiscal.
Las realidades entre países nunca son iguales, por lo que es esencial observar las bondades y los riesgos de un determinado régimen cambiario para cada caso. Pero debe recalcarse, sin orden fiscal ningún sistema cambiario funcionará eficientemente.
Se espera una administración responsable y seria que decida para el país y no para las ambiciones del nuevo binomio, sea cual fuere.
EL BCE es un banco de reservas no un banco comercial y el uso de las reservas internacionales debe aplicarse con los más estrictos estándares de seguridad como lo establece la propia Constitución de la República. En el pasado se financió gasto público y se prestaron fondos usando las reservas internacionales a través de la banca pública sin que la economía registre reactivación alguna, más bien acumuló desequilibrios fiscales y requirió de más endeudamiento público.
Dejar sin efecto la producción del campo del ITT constituiría una decisión correcta si el daño ambiental sería real y relevante, si las finanzas públicas o la economía en general no necesitaría de esos recursos o si la población no registrara tanta necesidad. Esa no es la realidad actual del Ecuador
