La aplicación de la política tributaria, las decisiones de gasto público y el manejo de las reservas internacionales son instrumentos importantes de la política económica a los que se suman muchos más. Sin embargo, hay acciones en áreas diferentes que si bien no son de estricta esencia económica son sin duda factores que pueden influir en la economía de forma positiva o negativa. Uno de ellos es el entorno político y otro es la situación de seguridad. Este último ha cobrado una relevancia sustantiva en las últimas fechas, pues el Ecuador lamentablemente ha pasado de ser un país de paz a uno de violencia y criminalidad, problemas derivados de las actividades del narcotráfico y la delincuencia organizada, con orígenes claramente transnacionales.

La paz ciudadana, la libertad para crecer en lo empresarial, la decisión de invertir, la necesidad de contratar trabajadores, son todas acciones que podrían crecer si el ambiente de un país se desarrolla bajo estándares de paz y tranquilidad. Al contrario, la inseguridad en ciudades y en el sector rural, aleja las intenciones para invertir, dificulta la capacidad para contratar mano de obra e impide la posibilidad para crecer en negocios pequeños y grandes. Por estas razones, los esfuerzos que despliegue el gobierno en materia de seguridad se convierten en la práctica en un valioso instrumento de política económica. La inseguridad atraviesa de manera transversal las esferas de la sociedad en lo económico, lo social, lo político y en lo cultural.

La agresión que sufre la sociedad como consecuencia de la inseguridad que extiende sus garras al estado y a sus instituciones constituye una seria restricción para atraer inversión privada, sea ésta nacional o extranjera. Se aniquila la confianza en las instituciones, sucumbe aún más la ya deteriorada imagen de la justicia, debilita la búsqueda de defensa de personas y empresas, pues la incertidumbre sobre la rectitud de las fuerzas del orden también ha crecido por todos los casos de corrupción descubiertos. La magnitud de los recursos que manejan las economías criminales no tiene casi restricción, por lo que la facilidad de compra de conciencias se torna mucho mayor. La aplicación de chantajes, extorsiones y amenazas vulnera la capacidad de defensa de principios morales y éticos y hace que jueces, policías, legisladores, servidores públicos, se presten para conjugar sus decisiones con los de grupos criminales.

La creciente demanda mundial de las drogas hace que la oferta se alimente y siga generando excelentes ganancias, lo que unido a la búsqueda del dinero como el fin y principal objetivo de vida de muchos hombres y mujeres, hace que el negocio del narcotráfico no avizore un final próximo. Las principales economías del mundo siguen siendo los mercados de mayores consumidores y muchos países de menor desarrollo económico sigan siendo los mayores proveedores de todo tipo de sustancias ilegales. 

Tal es el negocio de la droga que se han conformado verdaderos esquemas y estrategias para generar adictos y mantener creciente la demanda mundial de estas sustancias. Casi no hay sector que esté ausente de este peligro, pues es conocido el imbatible negocio del microtráfico en calles, escuelas y colegios, a pesar de los esfuerzos de todos los días que realizan las fuerzas del orden.

Parecería que una eliminación de la demanda de la droga es la única y mejor forma de destruir este mercado ilegal, sin embargo, las sociedades han agotado esfuerzos en esta materia y no lo han logrado. El caso de la producción de droga en Colombia es un ejemplo clásico y la supremacía de las redes de la droga dirigidas desde México es otro caso de estudio. Ecuador, parecería ya no es solo una ruta de tránsito sino que ya ha incursionado en el cultivo de algunas sustancias como marihuana y hasta la cocaína. Algunas cifras muestran que el 40% de la cocaína producida en Colombia pasa a Ecuador y desde nuestras costas se distribuye a Norteamérica, Asia y Europa, fundamentalmente por el mayor control que existiría en las costas colombianas.

Parecería que la receta idónea para acabar con este problema no existe aún, ni en Ecuador ni en el mundo, pero el que se desarrollen todas las acciones necesarias para combatir este mal, es sin duda una prioridad nacional, pues como se anotó no solo es un enemigo de la familia y la sociedad, sino una amenaza permanente para el progreso económico.

Esta necesidad para que el gobierno agote todos los esfuerzos necesarios para lidiar con esta lacra social se facilitaría con algunas acciones que debe aplicar el gobierno como es dejar de destinar recursos para actividades que no le compete como es la administración de empresas públicas, la falta de rendición de cuentas que desperdicia recursos pues transfiere fondos a múltiples beneficiarios sin conocer el destino de estas transferencias, las metas y los resultados obtenidos y la construcción de reformas como la de la seguridad social que le brinde al estado una mayor capacidad para atender el problema de la inseguridad.

Los esfuerzos del estado para proveer a la juventud de nuevas oportunidades que la aleje de las "opciones laborales" del negocio de la droga, el robustecimiento de la familia como institución, son otras acciones que deben acompañar la lucha contra este mal social.

La política económica del gobierno debe mantener la dirección adecuada, la profundidad necesaria en las acciones que aplique y la oportunidad en las decisiones, pero sin duda lo que pueda ganar en materia de seguridad será una valiosa herramienta para la recuperación económica. (O)