La relación entre la economía y la gobernabilidad es intrínseca; no se trata de dos esferas separadas, sino de un entramado complejo donde cada una influye y es influenciada por la otra. La economía, con la gestión de las actividades de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, requiere de un marco de estabilidad y orden para operar. Este marco es lo que proporciona una gobernabilidad sólida. La gobernabilidad, con sus normas, leyes y organizaciones regulan la actividad económica y aseguran el cumplimiento de los contratos, la protección de la propiedad y la resolución de conflictos. Sin un marco institucional claro y respetado, la incertidumbre se apodera de los agentes económicos, desalentando la inversión, obstaculizando la producción y minando la confianza en el sistema.
Cuando las instituciones son débiles o corruptas, la economía se resiente. La informalidad aumenta, la inversión disminuye y la capacidad del Estado para recaudar impuestos se ve comprometida. Esto limita su capacidad para financiar servicios públicos esenciales, promover la competencia justa, proteger a los consumidores y fomentar un entorno propicio para el crecimiento sostenible.
Si bien una buena gobernabilidad es un prerrequisito para una economía saludable, la relación es bidireccional. La situación económica de un país puede tener un impacto significativo en la estabilidad social y política, y por ende, en las condiciones para una gobernabilidad efectiva. Factores como el crecimiento económico, la distribución de la riqueza y la lucha contra la pobreza son cruciales.
Una economía estancada, con altos niveles de desempleo y pobreza, puede generar descontento social y agitación. Cuando una parte significativa de la población no ve satisfechas sus necesidades básicas o percibe una desigualdad creciente en la distribución del ingreso, la frustración puede transformarse en protestas, disturbios y, en casos extremos, inestabilidad política.
Problemas estructurales como la desigual distribución del ingreso y la persistencia de la pobreza son amenazas latentes a la gobernabilidad. Si las políticas públicas no logran abordar estas carencias de manera efectiva, la polarización social puede intensificarse, dificultando el consenso y la implementación de reformas necesarias. En este contexto, la legitimidad del Estado puede ser cuestionada, lo que debilita su capacidad para gobernar.
Aquí es donde la noción de gobernabilidad puede volverse un concepto relativo y cambiante. Si la gobernabilidad se define únicamente por la capacidad del Estado para mantener el orden y la estabilidad, sin considerar la satisfacción de las necesidades sociales o la equidad en la distribución de los beneficios económicos, podemos caer en una trampa peligrosa. En este escenario, la "gobernabilidad" podría ser utilizada como un disfraz para mantener el statu quo y proteger los privilegios de los grupos dominantes, incluso a expensas de las mayorías. En tales circunstancias, la estabilidad aparente se lograría a través de la fuerza o la supresión de las voces disidentes, en lugar de a través de la legitimidad democrática y la satisfacción de las demandas ciudadanas. La "gobernabilidad" impuesta podría interpretarse como una forma de control social coercitivo
Esto pone en evidencia los límites de una relación aparentemente infranqueable entre la gobernabilidad y la economía. La gobernabilidad no puede ser un fin en sí mismo si no está al servicio del bienestar colectivo. Una gobernabilidad genuina debe ser flexible, adaptativa y, fundamentalmente, justa. Debe tener la capacidad de reconocer y responder a las cambiantes necesidades de la sociedad, y de ajustar las políticas económicas para promover una distribución más equitativa de los recursos y oportunidades.
La relación entre economía y gobernabilidad es un ciclo de retroalimentación constante. Una economía sana y equitativa fortalece la gobernabilidad al reducir las tensiones sociales y generar los recursos necesarios para el funcionamiento del Estado. Por otro lado, una gobernabilidad robusta, caracterizada por instituciones fuertes, transparencia y participación ciudadana, crea un entorno de estabilidad y predictibilidad que fomenta el desarrollo económico.
Sin embargo, es crucial no confundir la "gobernabilidad" con la mera imposición del orden. La verdadera gobernabilidad reside en la capacidad del Estado para gestionar la economía de manera que promueva el bienestar de todos sus ciudadanos. Es la que garantiza la justicia social y evita que los intereses de unos pocos se impongan sobre las necesidades de la mayoría. Solo entonces la relación entre economía y gobernabilidad podrá ser verdaderamente simbiótica y beneficiosa para el progreso de la nación.
La gobernabilidad es un contrato social tácito que se renegocia constantemente entre gobernantes y gobernados (Rousseau, Locke). (O)
