La creación de un fondo de deuda privada en Ecuador, una estructura que no es nueva en el mundo, se ha convertido en una posibilidad concreta para canalizar recursos hacia empresas ecuatorianas. En un entorno donde las tasas activas superan el 11 % y donde el sistema bancario muestra señales de cautela, este tipo de vehículos podría cubrir un vacío financiero evidente. La estructura más viable sería un fondo cerrado, alojado bajo un fideicomiso, con reglas claras de colocación y administración profesional. La dolarización juega a nuestro favor, en este escenario, permite ofrecer a los inversionistas retornos predecibles sin exposición a volatilidad cambiaria, lo cual no es menor en una economía emergente.
A nivel de levantamiento de capital, existe un grupo creciente de actores institucionales y privados interesados en productos con retornos intermedios entre renta fija soberana y renta variable. Fondos de pensiones, compañías de seguros y patrimonios familiares buscan diversificar con instrumentos que ofrezcan rendimiento y control del riesgo. Una cartera de deuda bien estructurada, con análisis riguroso y garantías escalonadas, puede alcanzar retornos del 9 % al 13 % anual. Este rango resulta especialmente atractivo frente a los rendimientos de los bonos corporativos locales, que suelen ser más altos en papel que en cumplimiento.
Sin embargo, el marco regulatorio ecuatoriano requiere adecuaciones si se desea escalar un modelo como este. La Ley del Mercado de Valores permite la constitución de fondos cerrados, pero el proceso de aprobación ante la Superintendencia de Compañías es engorroso, debido al alto riesgo que suponen estos fondos. Además, los mecanismos de colocación privada no están claramente definidos, lo cual impone restricciones operativas al momento de construir portafolios que combinen préstamos directos, cesiones de derechos y emisiones de papel comercial. La estructura más funcional exige un fiduciario con experiencia en administración de activos no líquidos, controles internos sólidos y sistemas de seguimiento de riesgo que operen con independencia del originador. Esto hace que el equipo que forme el fondo, los GP, no solo tengan vínculos empresariales, sino un track record, en la administración de banca comercial.
La falta de un mercado secundario desarrollado, además, obliga a que los inversionistas se comprometan por plazos de entre tres y siete años, lo que demanda perfiles con alta tolerancia a la iliquidez. Para que esos capitales estén protegidos, y para garantizar un uso disciplinado de los fondos, el país debería incorporar estructuras foráneas con estándares de gobernanza robustos, que exijan desde el inicio un marco de cumplimiento normativo claro. Si esto no se establece con rigor, existe un riesgo evidente de que los fondos terminen siendo mal usados, alimentando dinámicas improductivas o clientelares, derivando el dinero a las empresas que si tienen acceso a mercados en lugar de fortalecer el tejido empresarial nacional.
Evaluar el riesgo crediticio de las empresas ecuatorianas sigue siendo una tarea artesanal. No existe una agencia de calificación doméstica con alta penetración, y muchos emisores no presentan estados financieros auditados. Esto obliga al fondo a desarrollar capacidades internas de evaluación financiera, visitas de campo, análisis legal y seguimiento operativo de cada préstamo, lo cual siempre es subjetivo. Se requiere entender la estructura de propiedad, las relaciones con proveedores y clientes, el historial de pago informal y los vínculos entre los actores.
En el contexto jurídico actual, las garantías reales pueden tardar meses en ejecutarse si no están blindadas con anticipación. Es indispensable prever escenarios de estrés, definir salidas ordenadas y proteger al inversionista frente a litigios, cambios regulatorios o conflictos societarios. El riesgo institucional en Ecuador —si bien ha mostrado mejoras en estabilidad— todavía exige cautela. La dispersión de criterios judiciales, la interferencia política en organismos de control y la rotación constante de autoridades son factores que deben integrarse al diseño del fondo desde su origen.
A pesar de estos desafíos, la oportunidad existe. El país necesita instrumentos financieros que acompañen el crecimiento de empresas que no acceden a financiamiento formal en condiciones razonables. Un fondo de deuda bien concebido puede ser una solución de doble impacto: generar retornos consistentes para el inversionista y expandir la frontera productiva del país. El caso de ExcelCredit en Colombia ofrece una referencia útil para entender cómo estructurar fondos que atiendan segmentos tradicionalmente excluidos. La empresa emitió bonos sociales por aproximadamente USD 7 millones, dirigidos a poblaciones de estratos 1 y 2, con mecanismos de descuento por nómina y un marco regulatorio adaptado a su modelo de riesgo. Estos instrumentos fueron adquiridos por inversionistas institucionales que valoraron tanto el retorno financiero como la trazabilidad del impacto. La operación fue acompañada por esquemas de monitoreo continuo y seguros integrados, lo que permitió mantener tasas competitivas con un nivel de morosidad controlado. Más que ampliar la oferta de crédito a empresas ya establecidas, el modelo se centró en financiar a quienes enfrentan barreras estructurales de acceso.
Ecuador podría adoptar una estrategia similar, destinando parte de los fondos de deuda a estructuras orientadas a segmentos vulnerables. Este enfoque permitiría no solo canalizar capital, sino también fortalecer la red de confianza entre el sistema financiero y los sectores que hoy operan fuera de él. (O)
