Si no se define el rol del estado y se permite con todas las facilidades posibles la participación privada en estas actividades, el gasto público seguirá siendo de mala calidad, se distraerán recursos en lo que no le compete al estado y se acumularán desequilibrios fiscales que demandarán más deuda pública y más ajustes.
Una inflación muy baja podría ser la señal de una reducida actividad económica. Podría inclusive sostenerse que es más saludable "algo más de inflación" pero con mayor crecimiento económico.
Se deben concretar proyectos privados en sectores donde se percibe aún interés internacional a pesar de las circunstancias que han ocurrido como oponerse la ciudadanía a seguir produciendo petróleo en el bloque 43 o a aceptar el arbitraje internacional entre el estado ecuatoriano y empresas extranjeras. El área petrolera sigue siendo un buen negocio en el mundo así como el sector minero.
Todos piden plata y con argumentos de defender la salud, la seguridad, la acción municipal, la educación, la justicia, etc. etc., pero nadie cede nada. Se evidencia una visión miope y de defensa de un sector o grupo sin considerar el interés nacional. Si se busca reducir el excesivo tamaño del estado protestan, si se pide rendición de cuentas no hay la entrega, si se busca nivelar los salarios al nivel máximo del Presidente de la República asoman los acuerdos en empresas públicas.
Las reformas económicas que tiendan a dimensionar el tamaño del estado en magnitudes sostenibles en el tiempo, con algunos sacrificios que serán compensados en pocos años, podrán permitir un mejor futuro para todos. La reforma pensional y de salud a la seguridad social no puede esperar como tampoco seguir sin precios reales en derivados del petróleo como el diésel y el gas.
El estado no puede seguir participando como un empresario fallido que absorbe recursos y no aporta fondos para las finanzas públicas. El estado no es empresario de las telecomunicaciones, de la banca, de las hidroeléctricas o de la provisión de combustibles.
Nunca existirá el momento oportuno para tomar decisiones, algunas más difíciles que otras, siempre habrá el fantasma del costo político de ciertas acciones económicas, pero lo cierto es que sin estas políticas públicas será muy difícil esperar un mejor futuro para el Ecuador.
Si queremos vivir una sociedad limpia y de respeto al medio ambiente, preparémonos para ello, si queremos que los beneficiarios actuales reciban sus recursos de forma eficiente, resolvamos los problemas de fondo, pero no pongamos la carreta delante de los caballos.
Es imperativo se potencie este acuerdo con el FMI y se lo complemente con las reformas estructurales anotadas. Ojalá el entorno político no obstaculice el avance de la política económica.
No se trata de desconocer la validez de los acuerdos internacionales suscritos sino de permitir que la actividad privada continúe por una senda de estabilidad. Que las discrepancias diplomáticas se ventilen en ese sector sin contrariar la producción y el empleo de mexicanos y ecuatorianos.
Será siempre una señal de madurez política y de sus representantes que pueda presentarse continuidad en la política económica a lo largo del tiempo y de forma transversal entre varios gobiernos. Esto ha sido una pieza fundamental en el éxito de otras economías.
Es muy perjudicial la politización de la economía o el uso del mensaje "económico" para fines electorales o populistas. Mucho tabú que perjudica.
Pretender resolver los abusos de algunos empleadores que estimo son una minoría, cuando la ley vigente sí incluye estos abusos como es el "acoso" que se pretende corregir mediante una nueva reforma, es abrir la puerta para relativizar el concepto de lo que sería el acoso y además es una nueva barrera para apoyar al empleo.
El espíritu de muchos ecuatorianos es confrontativo por esencia, los egos aupados impiden la aceptación de los triunfos o las opiniones contrarias de otros, los intereses personales alejan los consensos, la incoherencia entre las acciones y las palabras de algunos y el dinero como el fin de la vida siempre será un enemigo del progreso de la sociedad.
Las acciones no son fáciles de realizar, requieren un fuerte liderazgo del presidente de la república y su gabinete, demanda acuerdos políticos y consensos, así como una firme decisión de avanzar en estos temas.
La política económica debe observar el bosque y no unos pocos árboles. Aplicar medidas solo en el lado del ingreso fiscal y no ajustar el gasto público, donde incluso hay más grasa, no son sostenibles y técnicamente son menos eficientes.
Es momento que se establezca una reforma que incorpore los principios de calidad del gasto al que se registra como egresos de capital del presupuesto estatal y haya una clara rendición de cuentas de los prefectos y alcaldes del uso que brindan a los fondos que les transfiere el fisco.
Si bien la dolarización ha registrado un saldo favorable luego de éstas más de dos décadas de aplicarse, sigue sin poder potenciar sus beneficios por la ausencia de otras reformas que hasta la presente fecha y por distintas razones no se han producido.
La deuda pública demanda un arreglo voluntario y de mercado con los tenedores de bonos y con los multilaterales. No obstante, esto debe dejar en claro que el país va a honrar sus obligaciones externas, pues anuncios poco claros en esta materia generan nerviosismo y pueden interpretarse como riesgos futuros de moratoria de deuda.
