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Las cortes de justicia, la Fiscalía, la Corte Constitucional y las demás entidades estatales competentes tienen la responsabilidad de frenar de una vez por todas estos abusos, atentados criminales y aberraciones jurídicas que ponen en riesgo inminente la supervivencia del Estado de derecho y, por consiguiente, la existencia misma del Ecuador.

27 Julio de 2022 15.58

Tras los eventos violentos de junio de este año, que están íntimamente relacionados con los de octubre de 2019, ha quedado flotando en el ambiente un tufo inquietante a fractura, debilidad institucional, impunidad y extorsión pura y dura. 

Las negociaciones que se llevan a cabo entre el gobierno y los dirigentes indígenas en varias mesas temáticas también despiden ese olor desagradable de imposición, amenaza, de insatisfacción e insaciabilidad permanentes. Y es que las concesiones especiales, las consideraciones particulares por razón de raza u origen, las prebendas y la impunidad que amparan a los violentos manifestantes de octubre y junio, a los que cometieron innumerables delitos no perseguidos ni juzgados ni sancionados, solo nos hace una nación más débil, más vulnerable que nunca.

Los últimos resultados que arrojan esos supuestos diálogos son los pronunciamientos de los dirigentes de la Conaie en los que “advierten que los acuerdos alcanzados y firmados son insuficientes”. Es decir, se llegaron a acuerdos e incluso se los suscribieron, pero ellos aún no están satisfechos. En realidad nunca estarán satisfechos con nada que surja de esas mesas en las que se “pacta” con un arma apuntando a la cabeza de los miembros de un lado de la mesa y solo se busca una justificación para paralizar otra vez al país e intentar un nuevo golpe de estado quizás en octubre como aniversario de ingrata recordación o, tras el mundial y las fiestas de diciembre, en enero o febrero como parte de la nueva campaña electoral.

Las consecuencias de lo que se vivió en octubre de 2019 y en junio de 2022, están a la vista: los dirigentes indígenas han formado de facto un Estado paralelo. En ese Estado, por ejemplo, se cometen delitos graves como abusos sexuales, interrupción de servicios públicos, daño a la propiedad pública y privada, agresiones a las fuerzas del orden, saqueos, robos, envenenamiento del agua potable de las ciudades, sabotaje de pozos petroleros, vandalismo, entre otros, sin que hasta el momento ninguno de los actores materiales e intelectuales de esos actos delictivos haya sido juzgado y sancionado.

Por el contrario, no solo que no han sido juzgados y sentenciados, sino que además son ellos los que imponen las condiciones para sentarse a una mesa con el gobierno y “negociar”, según las propias conveniencias e intereses de sus dirigentes, beneficios, subsidios, condonaciones, amnistías, impunidades y otras tantas dádivas que luego exhibirán como exiguos trofeos de guerra ante sus bases, esas sí deprimidas, pobres, desatendidas, amenazadas y forzadas por sus propios dirigentes para salir a protestar cada vez que las condiciones políticas y los intereses de sus representantes lo requieren.

En este Estado paralelo se cometen además otro tipo de atrocidades a pretexto de la justicia indígena, que está consagrada en la Constitución en su artículo 171 como un sistema excepcional para la solución de conflictos internos de estas comunidades, siempre y cuando sus prácticas no sean contrarias a la propia norma constitucional y a los derechos humanos, pero que en realidad se la utiliza como arma de presión y chantaje para encubrir oscuros intereses, como por ejemplo el secuestro, agresión y amenazas de muerte a una asambleísta que decidió no votar por la destitución del presidente de la República, o el acoso y amedrentamiento que sufrieron las familias de otros legisladores que tampoco estaban de acuerdo con la destitución presidencial; o la pretendida exoneración de pago de regalías de rosas que ha propuesto un supuesto grupo de indígenas floricultores que dicen pertenecer al pueblo Kayambi, que de una forma delirante y ciertamente peligrosa se adjudica para sí la propiedad de todas las tierras de cultivo de Cayambe y Tabacundo, las fuentes de agua e incluso el derecho de explotar variedades vegetales protegidas y marcas de fábrica registradas por su condición de indígenas y sin pago alguno, a costa de los demás productores de rosas de la sierra que deben competir con buenas prácticas corporativas, pago de impuestos, regalías, prestaciones laborales y protección del medio ambiente.

Las cortes de justicia, la Fiscalía, la Corte Constitucional y las demás entidades estatales competentes tienen la responsabilidad de frenar de una vez por todas estos abusos, atentados criminales y aberraciones jurídicas que ponen en riesgo inminente la supervivencia del Estado de derecho y, por consiguiente, la existencia misma del Ecuador. 

Aún están pendientes varios procesos de investigación, indagación y juzgamiento de centenares de delitos cometidos por los que hoy pretenden consagrar este Estado paralelo. En la Corte Constitucional aún se deben tramitar las acciones de inconstitucionalidad de las amnistías otorgadas ilegalmente por la Asamblea, así como otras acciones de protección interpuestas en contra de espurias sentencias de justicia indígena que afectan a personas naturales y jurídicas no sujetas ni sometidas a tal jurisdicción. 

El reconocimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas y de las demás etnias que conviven en el Ecuador, la consagración de sus derechos y auto regulación de sus conflictos internos no puede ser pretexto para pretender vivir al margen de la ley, en condición de ciudadanos superiores frente al resto de ecuatorianos, sin cumplir sus obligaciones y peor aún, amenazando e intimidando a las demás personas que formamos parte de este Ecuador, por lo menos mientras seamos un solo Estado constitucional de derechos y justicia. (O)

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