Si los planes se cumplen, está previsto que para diciembre de 2026 el Estado ecuatoriano presente la licitación internacional del proceso de concesión de la Terminal de Graneles y Multipropósito Guayaquil (TGM), que está operada por Andipuerto Guayaquil S.A. 

El modelo de delegación será a través de asociación público-privada (APP). Actualmente, el diseño y estructuración del proyecto está bajo la asesoría técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con consultores internacionales. Este proceso tiene el financiamiento de US$ 1 millón con cargo al Fondo Global de Infraestructura (GIF) y se firmó un convenio con el Viceministerio de APP. 

La puesta en marcha del concurso va contrarreloj, ya que el 26 de noviembre de 2026 se cumple el plazo de la adenda del contrato de extensión que se le otorgó a Andipuerto Guayaquil S.A. para que siguiera manejando la terminal por dos años y medio más. Ese documento se suscribió el 23 de mayo de 2024 entre la empresa privada y la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) y los planes eran que en ese tiempo debería estar concluído el proceso de licitación internacional. 

Andipuerto ya operaba la terminal granelera desde 1999, por 25 años, y tenía que concluir en mayo de 2024. La extensión de la operación a su favor se dio antes que expirara la concesión portuaria más antigua del país. En esa época, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, dijo que ninguna administración pasada había hecho nada y que se buscó “una solución emergente y transitoria”. 

Ante ese escenario, el ahora Ministerio de Infraestructura y Tecnología tiene dos opciones para mantener la continuidad de la operación del mayor puerto granelero del país, por donde ingresan productos sólidos como harina de soya, trigo y maíz. 

En 2025, Andipuerto registró 2,95 millones de toneladas métricas, según las estadísticas de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Fluvial. Eso significó un incremento de 22 %, con relación a 2024. En el primer semestre de 2026, ese puerto movió 1,4 millones de toneladas en importaciones, de acuerdo a la misma fuente oficial. 

Cuando faltan tres meses para que se cumpla el plazo, Bryan Andrade, subsecretario de Puertos y Transporte Fluvial, habla con Forbes Ecuador para explicar los planes que tiene el Estado ecuatoriano para garantizar la cadena logística de la importación de graneles sólidos y generar el menor impacto. 

“Primero hemos previsto dos escenarios posibles, dentro de lo que jurídica y técnicamente está permitido hacer sobre lo que va a pasar después de noviembre de 2026. Y paralelamente, el segundo hecho es acelerar, dentro del margen posible, el proceso de delegación mediante una APP a un nuevo operador”. 

Añade que el proceso de licitación internacional puede tardar hasta un año y medio, considerando que el concurso llevaría entre seis a ocho meses, más la adjudicación, entrega y transición al nuevo concesionario. El BID trabaja con un equipo en la estructuración del proyecto, que se integra con dos consultoras: Port Consultants Rotterdam y Alhambra Advisors, con presencia en Europa y Medio Oriente. 

“Estamos pasando de la etapa de prefactibilidad y entrando a la de factibilidad, si los tiempos nos favorecen estaríamos saliendo a concurso público en diciembre de 2026”, señala Andrade.

Mientras tanto, el Estado analiza dos opciones para la continuidad de la operación de la terminal granelera de Guayaquil. Está previsto que la APG haga el anuncio de la decisión en los próximos días, antes de que termine agosto, según el funcionario. A continuación los dos escenarios:

1.- El inicio de una transición adelantada que va de la mano con la operación de la terminal por parte de Andipuerto. “Con el operador actual nos mantenemos en un régimen de operación temporal para la transición directa del actual al nuevo operador vía APP, hasta que se termine el proceso”, explica el subsecretario. Esa figura legal tendrá que incluirse en una eventual adenda al contrato de concesión con Andipuerto, y acorde con los hitos reales y reglas publicadas por la Secretaría de Inversiones Público Privada, que dirá las fechas en que se entregará el puerto. Esta decisión la tomará el directorio de la APG y entrará en vigor desde noviembre de 2026. 

2.- La delegación extraordinaria a un operador distinto a Andipuerto. Será un concesionario portuario externo para que opere la terminal granelera hasta que se entregue al ganador de la licitación internacional. “Este operador sería escogido en un proceso de contratación pública mediante un régimen jurídico analizado por los equipos legales, inclusive desde la presidencia”. Según la autoridad portuaria, el Código Orgánico Administrativo, que es la norma de referencia, establece la delegación excepcional a un gestor privado. Igualmente se mantienen las reglas de un proceso de contratación con bases contractuales claras, pliegos, Sercop, etcétera. La declaratoria de excepcional permite acortar tiempos, debido a la urgencia, y deberá decidirlo el presidente de la República, vía decreto. 

¿Cuál es la opción más adecuada y de qué depende? El subsecretario de Puertos; Bryan Andrade, explica que el ministro Luque les dio una consigna muy clara: “Trabajen en la decisión que sea jurídica y técnicamente viable; y, segundo, la que tenga un menor impacto en el servicio que se está prestando”.

Entonces, con esos parámetros, la autoridad portuaria se “atreve a decir”, sin que signifique adelantar criterio, que la opción de que Andipuerto continúe como el operador hasta que se entregue la terminal, es la que se adecúa para un impacto menor, por el número de pasos que llevan al resultado final. 

Además, dice, la Procuraduría General del Estado, en su pronunciamiento del 22 de mayo de 2024, dijo que la APG está jurídicamente facultada para tomar las acciones necesarias para la continuidad del servicio público. “Ya tuvimos la primera reunión con Andipuerto y les informamos nuestras opciones”.

La posición de la empresa

Si bien las dos opciones “están en revisión”, es probable que se apruebe la transición adelantada con Andipuerto como operador, ya que es la menos complicada. Esa medida va en la línea de la que la empresa ha manifestado públicamente a través de sus redes sociales y en medios de comunicación. 

En entrevista con el medio internacional Portal Portuario, Gabriela Baquerizo, gerente general de Andipuerto Guayaquil, planteó la posición de la empresa. “El principal riesgo no es el cambio de operador, sino una transición sin la planificación suficiente para garantizar la continuidad operativa”. 

Señaló que una terminal granelera especializada requiere personal capacitado, equipos especializados, sistemas logísticos integrados y una red de almacenamiento complementaria desarrollada durante décadas. Por lo tanto, “la solución más eficiente es mantener al operador vigente mediante una extensión temporal mientras concluye el nuevo proceso de selección”. 

El subsecretario de Puertos dice que no hay una tercera opción y que ni siquiera se ha discutido. Aunque se especuló, entre los actores del sector, que el Estado podía operar la terminal granelera. Pero “no estamos en capacidad operativa y económica de mantener un puerto y sería muy negligente y un retroceso”. Por lo tanto, añade: la intención estatal es “generar certidumbre” y “descartar “especulaciones”.

Andipuerto es parte del grupo Andinave. Hace una semana informó en su cuenta de LinkedIn que la división Andilogistic, una plataforma logística integrada, reúne 10 empresas especializadas que operan de forma coordinada: Andinave, Andipuerto, EcuaBulk, Andigrain, Convector, Terminal Logístico Guayaquil (TLG), Terminal Logístico de Durán (TLD), Terminal Logístico de Manta (TLM) y Pacificlink.

La delegación al nuevo operador vía APP será por 30 años. Existen interesados en Ecuador, Perú, Inglaterra y otros operadores de origen asiático. Cuando estén las reglas de la licitación se conocerá si existirán límites para la actual operadora Andipuerto o para Contecon que ha mostrado interés en manejar carga al granel a través de la terminal de contenedores y multipropósito en Guayaquil, que tiene en concesión hace 19 años.

Según la Subsecretaría, el estudio de prefactibilidad, la inversión aproximada en Capex (gastos de capital, por sus siglas en inglés) serán más de US$ 220,20 millones en dos fases. La primera (61 %) para infraestructura portuaria, construcción de muelles, trasnporte vial, dragadao, rellenos y movimiento de suelos y equipamiento. La segunda para ampliar la capacidad. Las cifras definitivas se conocerán más adelante. (I)