Ninguna economía puede proyectar un crecimiento económico sostenible sobre un Estado que, permanentemente, gaste más recursos de los que genera para cubrir sus necesidades de gestión.

Para una economía como la ecuatoriana, un déficit fiscal profundo y recurrente es absolutamente incompatible con el fortalecimiento de la dolarización; por lo tanto, el objetivo de estabilizar las cuentas fiscales es estratégicamente clave y, macroeconómicamente, imprescindible. 

Sin embargo, si no se define un camino fiscalmente viable para impulsar mayor producción y creación de riqueza en condiciones competitivas, no será posible salir del de la constante necesidad de cubrir el déficit fiscal, incrementando impuestos y limitando el tamaño y la dinámica de la economía.

De hecho, durante los últimos años, las necesidades de financiamiento estatal han encontrado en los incrementos tributarios -temporales o definitivos- una fuente adicional de ingresos para el Estado que mejora los indicadores fiscales, pero que termina comprometiendo la competitividad de costos de las cadenas de producción de las cuales dependerá el crecimiento sostenible de la economía.

Esta ausencia de un enfoque de competitividad productiva en la política fiscal ha provocado que, en momentos de expansión del gasto público, el peso fiscal se traslade al sector privado, a través de más impuestos a la producción; mientras que, en momentos de austeridad, queda regazado cualquier intento de política de fomento productivo por falta de espacio fiscal para corregir el déficit.

En ambos casos, el cumplimiento de los objetivos fiscales inmediatos prevalece por sobre los objetivos de impulso al crecimiento productivo de mediano y largo plazo. 

Para cambiar esta realidad, resulta poco estratégico que todas y cada una de las propuestas de política que se necesitan en el país para potenciar la economía y fomentar la producción tengan que pasar por el 'filtro conceptual' del sacrificio fiscal.

Desde esa perspectiva contable, nunca existirán los suficientes recursos para recomponer las amplias brechas de competitividad que tienen los sectores productivos por la acumulación de recargos tributarios que se vienen arrastrando desde hace varios años, así como la necesidad de implementar proyectos de modernización de infraestructura pública, tanto física como digital, que permitan simplificar y optimizar la relación del Estado con las empresas.

Por lo tanto, la verdadera sostenibilidad de las finanzas públicas no puede desconocer la necesidad de integrar un componente de competitividad enfocado a la producción que proponga un proceso de convergencia entre las metas de la política fiscal y productiva. 

El desafío consiste en demostrar que es posible construir un modelo articulador que pueda corregir los desbalances y excesos fiscales y, paralelamente, mejorar el entorno y las condiciones competitivas para expandir la capacidad de producción del país.

La apuesta por el crecimiento productivo puede tener un impacto significativo y de largo plazo en la generación de mayor riqueza que se traduzca en una fuente sostenible para la estabilización fiscal.  (O)