“Nosotros decidimos si la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) autoriza al Presidente a imponer aranceles”. Esa es la primera frase de la opinión del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en el caso Learning Resources vs. Trump, decidido este viernes 20 de febrero de 2026.

Donald Trump perdió en la Corte Suprema, pero respondió como si hubiese ganado una herramienta nueva: subió su recién creado arancel global del 10% al 15%, el máximo que le permite, por 150 días, una vieja cláusula comercial de los años 70. El revés judicial deja hasta U$S 175.000 millones en posibles devoluciones de tarifas en el aire y abre una fase de máxima incertidumbre para empresas, mercados y socios comerciales.

El fallo que demolió la estrategia original

El corazón del problema está en el caso Learning Resources v. Trump. La Corte Suprema, por 6 votos contra 3, dictaminó que el presidente había excedido su autoridad al usar la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) para imponer aranceles discrecionales a decenas de países. El fallo recordó que los padres fundadores “le dieron ‘solo al Congreso’ el poder de imponer aranceles en tiempos de paz” y que el Ejecutivo no puede esconder “un poder de suplantar la potestad tributaria” dentro de una ley pensada para regular emergencias económicas, no para redibujar el mapa comercial global.

El golpe no fue solo político: el Budget Lab de Yale estima que los aranceles cobrados bajo IEEPA sumaron unos U$S 142.000 millones hasta 2025, mientras que el modelo de Penn Wharton proyecta devoluciones potenciales de hasta U$S 175.000 millones si se ordena reintegrar todo lo recaudado, una cifra equivalente a 0,3% del PBI de Estados Unidos. El propio juez Brett Kavanaugh advirtió en su disidencia que el proceso para devolver esos fondos “probablemente será un ‘desastre’ burocrático”. @@FIGURE@@

El “Plan B”: Sección 122 y el salto al 15%

Lejos de moderarse, Trump reaccionó escalando. Primero firmó una proclama imponiendo un arancel global del 10% usando la Sección 122 del Trade Act de 1974, una herramienta casi nunca utilizada que autoriza al presidente a fijar aranceles temporales de hasta 15% durante un máximo de 150 días cuando existan “graves problemas de balanza de pagos”. Un día después, anunció en redes que, “con efecto inmediato”, elevaba ese 10% a “el nivel plenamente permitido, y legalmente probado, del 15%”.

La jugada tiene dos objetivos. Por un lado, evitar que países que venían soportando aranceles mucho más altos bajo IEEPA aprovecharan una ventana de 10% para “inundar” de exportaciones el mercado estadounidense. Como explicó Simon Evenett, profesor de geopolítica en IMD, para esos socios un 10% podía ser “un recorte significativo por un período temporal, que podía disparar un salto de ventas hacia EE.UU.”; subir a 15% reduce ese incentivo. Por otro, busca reconstruir, ladrillo a ladrillo, el muro arancelario que la Corte le acaba de derribar.​

La Sección 122, sin embargo, tiene límites claros: el techo es 15% y el plazo máximo, 150 días; cualquier extensión duradera requeriría intervención del Congreso, un camino políticamente complejo en un Capitolio dividido. Además, esta facultad nunca se había probado a esta escala, lo que abre la puerta a nuevas impugnaciones judiciales sobre si los actuales desequilibrios de cuenta corriente califican como “problemas fundamentales de pagos internacionales”.

Ganadores, perdedores y un mundo con más volatilidad

La nueva tasa global del 15% se superpone sobre buena parte de la estructura arancelaria existente, con excepciones quirúrgicas: quedan afuera minerales críticos, ciertos metales, algunos productos farmacéuticos, carnes como la vacuna, tomates, naranjas, determinados bienes aeroespaciales y algunos vehículos. La Casa Blanca prometió “honrar” los acuerdos comerciales legalmente vinculantes, de modo que regímenes como USMCA tendrían carved-outs para evitar la “doble imposición” sobre bienes ya alcanzados por otras medidas, como las tarifas de la Sección 232 sobre acero y aluminio.

Aun así, el impacto es relevante. El Budget Lab de Yale calcula que la eliminación de los aranceles bajo IEEPA podría reducir a la mitad la tasa efectiva promedio que venían pagando los importadores; el nuevo 15% funciona como un piso que recompone, al menos parcialmente, esa presión. Unos 40.000 exportadores británicos, por ejemplo, que habían asegurado un arancel “recíproco” del 10% como parte de su acuerdo con Washington, ahora enfrentan un salto inmediato de 5 puntos porcentuales, golpeando desde vehículos hasta bienes manufacturados de alto valor.

Para las empresas estadounidenses, el escenario es dual. A corto plazo, el eventual reembolso de hasta U$S 175.000 millones en tarifas pagadas bajo IEEPA podría mejorar balances y liquidez de grandes importadores —Costco ya se había adelantado con demandas preventivas—, aunque el proceso promete ser lento y plagado de trámites. A mediano, la combinación de un arancel global del 15% y la amenaza de nuevas investigaciones sectoriales bajo las Secciones 232 y 301 mantiene en suspenso decisiones de inversión y contratación, en un 2026 que muchos esperaban más tranquilo en materia comercial.

Los mercados, por ahora, reaccionan con cautela: rendimientos de bonos al alza por apenas “unos centésimos” y un dólar algo más débil, señales de que los traders descuentan ruido, pero aún no una guerra comercial abierta de magnitud similar a la de la primera presidencia de Trump. La clave estará en cuánto logre reconstruir el armazón arancelario con herramientas más lentas —Secciones 232 y 301, que exigen investigaciones formalizadas— y cuánto margen le dé el Congreso para convertir su muro provisional del 15% en una estructura más permanente.

Poder presidencial, Corte y un mensaje de fondo

La batalla no es solo económica, también institucional. Trump calificó el fallo de la Corte como “ridículo, mal redactado y extraordinariamente antiestadounidense” y dijo que algunos jueces deberían sentirse “avergonzados”, acusando incluso a Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch —dos de sus propios nombramientos— de ser “una vergüenza para sus familias” por haber votado en su contra. A la vez, prometió buscar “métodos, prácticas, estatutos y autoridades que sean incluso más fuertes que los aranceles del IEEPA”.​

Pero el mensaje del máximo tribunal fue claro: en tiempos de paz, la potestad de fijar impuestos y aranceles sigue siendo, en esencia, del Congreso. En un contexto donde el presidente ya había testeado los límites de sus poderes en frentes como inmigración, política monetaria y Fuerzas Armadas, Learning Resources vs. Trump aparece como una señal de que, cuando los casos se tramitan por la vía ordinaria —con escritos, audiencias plenas y opinión firmada—, la Corte está dispuesta a poner frenos.

Hasta que se despeje la duda sobre los reembolsos y se vea si el Congreso convalida o deja caer el arancel del 15% en 150 días, el mundo de los negocios solo tiene una certeza: lejos de apaciguarse tras el fallo, la política comercial de Estados Unidos entra en una nueva fase de volatilidad, con la Corte, la Casa Blanca y los socios comerciales jugando una partida simultánea sobre el tablero del comercio global.

Fuente: The Economist, Financial Times, WSJ