La gestión de la política económica no es una actividad simple, pues involucra dificultades de distinta naturaleza desde lo que dice la teoría económica, lo que implica una determinada decisión desde una óptica política hasta los objetivos personales o profesionales del gobernante. Los ejemplos de estas dicotomías son varios entre los cuales se puede citar el caso de las reformas fiscales. Entre éstas se tiene el caso de la reforma a la seguridad social, problema estructural que rebasa el campo institucional hasta ser una real problemática fiscal. El estado aporta, según lo manda la Constitución, con el 40% de las pensiones. Esta obligatoriedad se ha venido atendiendo por parte de del estado pero ese porcentaje se torna cada vez más complejo y difícil. Los aproximadamente USD 3.500 millones anuales por ese concepto crece anualmente a ritmos importantes con lo cual en unos pocos años será imposible poder cubrir. Para ello es necesario y urgente fijar parámetros y límites en función, por ejemplo, de un porcentaje techo del PIB, que le hagan viable y sostenible a este aporte. Caso contrario, resulte quien resulte en el gobierno, no podrá atender esta contribución. Para ello deberán introducirse cambios de algunos parámetros que inciden en la capacidad de jubilación del IESS como es la edad de jubilación, el número de años de aporte para fijar los montos de jubilación, entre otros. No obstante, estas modificaciones que recaen en el terreno legal sin duda despertarían posiciones políticas de distinta naturaleza que podrían incidir, por ejemplo, en los resultados electorales a algún aspirante a la jefatura del gobierno. Con ello, la postergación de estas reformas se transforma en una práctica común sin que se resuelva uno de los grandes problemas de la seguridad social. Por estas razones, se sigue dilatando la reforma a la seguridad social, incidiendo por tanto en la sostenibilidad de la Institución y en la sanidad de las finanzas públicas.

Los gobiernos, sin desconocer la realidad de la estrecha correlación entre la política y la economía que existe en el Ecuador, deben hacer lo que requiere el país y no lo que le conviene al gobernante o al partido político al que pertenece el presidente. La entrega del voto debe significar un compromiso presidencial para hacer lo que el país necesita y no lo que le conviene al gobernante. Inclusive, si una determinada decisión que se necesita le representa al presidente un costo electoral, debe ser adoptada. Esto en absoluto implica generar riesgos de gobernabilidad, lo que quiere decir que siempre deberá valorarse la pérdida política de determinada decisión y si es manejable a futuro.

Otros casos que afectan la sostenibilidad fiscal es el propio tamaño excesivo del estado que impide al gobierno ser un socio de la reactivación económica pues el grueso del gasto público total se dirige al gasto corriente y a subsidios ineficientes. Esa rigidez del presupuesto estatal termina siendo una seria limitante para el crecimiento económico y, por lo tanto, para el empleo. Por ello las reformas fiscales son prioritarias y emergentes a pesar de los costos políticos que representan.

El estado sigue presente administrando empresas públicas como el responsable de la producción petrolera o las del sector energético. También está en telecomunicaciones y en electricidad, con resultados que no son nada satisfactorios, por lo que deberían adoptarse decisiones para traspasar esas administraciones al sector privado considerando, sin duda, las posibilidades para ello. En el Ecuador las privatizaciones no son permitidas por ley pero existen algunas alternativas legales como las concesiones, las alianzas público – privadas, la inversión extranjera directa bajo ciertas condiciones, etc.

De cualquier manera, muchas de éstas son políticamente difíciles pero afectan negativamente al rol del estado, como se anotó, en su obligación de ser socio con el sector privado para promover la inversión, el crecimiento y el empleo.

Hay muchas acciones que permitirían abonar para estimular la ansiada inversión privada nacional y extranjera, siendo sin duda una de ellas la reforma laboral. A pesar de la negativa al trabajo por horas preguntado en la última Consulta Popular, el gobierno debe perseverar en ese objetivo, hasta utilizando esa mayoría legislativa que le ha permitido aprobar leyes de distintos órdenes. Es muy difícil atraer inversionistas con un esquema legal caduco que complica la contratación laboral. Taras como la presencia de la jubilación patronal, la ausencia de varios tipos de contratos según la industria o actividad económica, los impagables costos de despido y contratación, son serias restricciones que impiden mejorar el empleo.

Los gobiernos deben tener el norte claro, considerar la oportunidad en la toma de decisiones, la forma en que comunican y difunden las políticas públicas y deben sacrificar muchas veces el beneficio de la popularidad por el bienestar colectivo, aunque éste demore en llegar. Muchas veces es preferible avanzar más lento pero no perder el horizonte al que se apunta y, si las decisiones significan costos personales relativos a nuevas aspiraciones políticas, pues ese costo es el que hay que absorber y esa debe ser la ruta a escoger.

La política es el arte de balancear las decisiones, de buscar acuerdos y alianzas pero sin perder de vista los grandes objetivos y metas que favorezcan al país. Si hay que ceder para ganar luego o perder una cierta proporción del espacio político pero con rendimientos y beneficios colectivos, pues esa será una política pública adecuada. (O)