El presidente Daniel Noboa acaba de firmar la Ley Orgánica para la Atención Integral del Cáncer, una norma largamente esperada que marca un avance significativo para el sistema de salud ecuatoriano.
Durante años, el país contó con programas, acuerdos institucionales y esfuerzos valiosos, pero sin un marco integral que organizara la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del cáncer como una política de Estado. Esta ley llena ese vacío y reconoce una realidad ineludible: el cáncer es una de las principales causas de enfermedad y muerte, y su atención exige respuestas coordinadas, sostenidas y de largo plazo.
La norma introduce elementos fundamentales para los pacientes y sus familias. Declara al cáncer como prioridad nacional, fortalece el enfoque de atención integral, garantiza el acceso oportuno a medicamentos y tecnologías, crea un registro dinámico para incorporar nuevas terapias y establece principios de evidencia científica, sostenibilidad y costo-eficiencia en la organización de los servicios.
Pero precisamente en estos principios está el mayor desafío. Ampliar el acceso sin mecanismos de gestión adecuados puede generar una presión financiera que el sistema no pueda sostener en el tiempo. Y, al mismo tiempo, retrasar o limitar la incorporación de nuevas tecnologías también tiene un costo: diagnósticos tardíos, tratamientos más complejos y peores resultados en salud.
La pregunta que plantea la ley no es solo cuánto invertir en cáncer, sino cómo invertir mejor. Aquí es donde resulta clave avanzar hacia modelos de gestión que vinculen el financiamiento con los resultados en salud. Estos instrumentos, conocidos internacionalmente como esquemas de pago por valor —también denominados acuerdos basados en resultados o acuerdos de acceso administrado (AAA)— permiten que el sistema financie las tecnologías en función de su desempeño real en los pacientes. Si los resultados clínicos esperados se cumplen, el financiamiento se mantiene; si no, el riesgo se comparte.
El principio es sencillo: pagar por valor, no solo por volumen. Este enfoque ya forma parte de las políticas públicas en varios países. Italia y el Reino Unido han implementado acuerdos basados en resultados para facilitar el acceso temprano a tratamientos innovadores. España y Portugal han desarrollado esquemas de riesgo compartido para terapias de alto impacto presupuestal. Estas experiencias muestran que es posible acelerar el acceso a nuevas opciones terapéuticas sin comprometer la sostenibilidad del sistema.
Aunque su aplicación inicial suele concentrarse en áreas de alta complejidad como el cáncer, estos modelos han comenzado a extenderse a otras enfermedades crónicas de alta complejidad, incluidas algunas condiciones autoinmunes y de baja prevalencia, donde la innovación terapéutica exige mecanismos que permitan equilibrar acceso oportuno y sostenibilidad del sistema.
Para Ecuador, esta discusión no es teórica. La nueva ley establece que las decisiones deben basarse en evidencia y costo-efectividad, que los servicios deben organizarse con criterios de eficiencia y que las políticas deben garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Además, abre el espacio para la evaluación sistemática de resultados y el desarrollo de modelos innovadores de gestión.
Explicar estos instrumentos es urgente. Sin mecanismos de este tipo, ampliar el acceso puede volverse financieramente inviable; pero sin innovación, el sistema tampoco cumple su propósito.
La ley representa un paso importante para cerrar una brecha histórica y alinear al país con estándares internacionales. Pero su verdadero impacto dependerá de la siguiente etapa. Será necesaria una reglamentación técnica rigurosa y oportuna, que traduzca los principios de sostenibilidad, evidencia y eficiencia en herramientas concretas de gestión. También será fundamental evitar demoras. En el cáncer, el tiempo no solo afecta los resultados clínicos; también determina los costos futuros del sistema.
Ecuador ha esperado muchos años para contar con una ley integral en esta materia. Hoy tiene un marco moderno y una oportunidad valiosa: construir un modelo que combine acceso, calidad y sostenibilidad.
El desafío ahora no es solo implementar la ley, sino hacerlo bien. Porque en la atención del cáncer, la verdadera solución no está en elegir entre acceso o sostenibilidad, sino en lograr ambos al mismo tiempo. (O)
