Las apuestas se dan, querámoslo o no. Pretender que la prohibición o el desincentivo regulatorio extremo van a hacer desaparecer una actividad que el ser humano lo hace desde hace miles de años es, sencillamente, ignorar la evidencia. Lo que ocurre cuando un Estado cierra los ojos a un mercado real es que ese mercado migra al sector informal, al oscuro, a la evasión a la forma de jugar a la “sapada”: a operadores extranjeros sin presencia local, sin obligación tributaria, sin protección al consumidor y sin mecanismos de identificación del jugador. La discusión, entonces, no debería ser si se regula o no, sino cómo se regula.

Y aquí es donde el debate ecuatoriano sobre apuestas deportivas se ha desviado.

El mito del jugador problemático o del “ludopata”.

El argumento más reiterado en contra de las apuestas deportivas es la ludopatía. Es un argumento serio y merece tratamiento serio, no propaganda ni falta de seriedad. La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente el 1,2% de la población adulta global que juega (jugadores recurrentes) presenta trastorno por juego. El meta-análisis publicado en The Lancet Public Health en 2024, que revisó cientos de estudios alrededor del mundo, sitúa la prevalencia de juego problemático en 1,41% entre adultos. En todos los casos, hablamos de cifras muy inferiores al 3%.

Eso significa que más del 97% de las personas que apuestan lo hacen sin desarrollar conducta patológica. Construir política pública sobre el supuesto contrario —que la apuesta es, por naturaleza, un detonante de adicción— es construirla sobre una falacia, es como decir que todos los que consumen bebidas alcohólicas o bebidas de moderación tienen un problema. Y peor todavía: es ignorar al 97% de los ciudadanos que ejercen una decisión adulta sobre su tiempo y su dinero, previniendo eso sí de que los menores de edad jueguen.

La comparación pertinente no es con drogas duras, como a veces se sugiere desde el púlpito mediático. La comparación pertinente es con el alcohol. Nadie discute hoy que el alcohol pueda generar dependencia en una minoría de la población; eso lo asume cualquier sistema sanitario serio. Pero a nadie se le ocurre prohibir el vino, la cerveza o el whisky para esa minoría, medidas como ponerle impuestos, sí, es una medida de desincentivo idónea. Lo que se hace es: regular la edad de consumo, exigir información clara al consumidor, controlar la publicidad, prohibir conducir intoxicado y atender a quien desarrolla dependencia. Lo mismo aplica de manera análoga a los videojuegos en niños y adolescentes —que también pueden ser problemáticos— y por eso existen sistemas de clasificación etaria, controles parentales y limitaciones de tiempo. La respuesta no es prohibir el juego: es definir el marco de uso responsable.

Ocio, no patología, lo que deviene en lo correcto. 

Las apuestas deben entenderse como lo que son para la inmensa mayoría de quienes las practican: una forma de ocio. Como ejemplos básicos: una hora de partido los sábados; un mundial cada cuatro años, una parrillada entre amigos. Reducir esa experiencia a un problema de salud pública es la misma simplificación que en su momento llevó a prohibir el alcohol en Estados Unidos durante la Ley Seca, con resultados que ya conocemos: contrabando, mafia, mercados negros y, paradójicamente, más consumo problemático. No creemos nuevos “Al Capone´s” digitales. 

El verdadero peligro no es que la gente apueste; es que apueste sin marco legal. Hoy en Ecuador, cualquier persona con un teléfono accede a operadores extranjeros que no exigen verificación de mayoría de edad robusta, no aplican controles de prevención de lavado, no responden ante la justicia ecuatoriana cuando hay disputa, y no tributan en el país. Ese es el escenario que tenemos por defecto cuando la regulación es inexistente o expulsiva.

Lo que sí hay que regular —y bien, no a la loca y sin técnica. 

Una regulación inteligente del gaming en Ecuador debe descansar sobre tres pilares.

Primero, identificación clara del jugador. Mayoría de edad obligatoria. Conozca a su Cliente -KYC- robusto. Listas de autoexclusión voluntaria, accesibles y vinculantes para todos los operadores autorizados. Esto es lo que protege al pequeño porcentaje vulnerable y lo que diferencia a un operador formal de uno informal.

Segundo, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto no es un capricho regulatorio: es una obligación internacional bajo los estándares del GAFI a la que Ecuador ya está sujeto. Las plataformas de apuestas son, por su naturaleza, vectores potenciales de movimiento de fondos, y exigirles políticas robustas de PLA/CFT, reportes a la UAFE y trazabilidad de operaciones es la conducta correcta y la que ya se aplica al sector financiero.

Tercero, fiscalidad razonable. Y aquí es donde la conversación se descarrila.

El IVA mal aplicado: cuando el Estado quiere cobrar dos veces el mismo dólar. Esto es pretender aplicar el IVA del 15% sobre el monto apostado por el jugador es, técnicamente, un error de comprensión de la naturaleza del negocio. Cuando un usuario carga saldo en una plataforma de apuestas, ese dinero no cambia de propietario, sigue en el mismo origen. No se transfiere ningún bien ni se presta ningún servicio gravable. Es, en términos económicos, equivalente a mover dinero de un bolsillo al otro: de la cuenta bancaria del jugador a su monedero digital dentro de la plataforma. La plata sigue siendo del jugador hasta que efectivamente se materializa una apuesta perdida o se compra un servicio adicional.

Aplicar IVA al depósito es como cobrar IVA cuando el ciudadano retira dinero de un cajero, o cuando transfiere fondos entre sus cuentas propias. Es una doble imposición disfrazada y, además, una imposición sobre un acto que no es hecho generador del impuesto, según la lógica del propio Código Tributario ecuatoriano.

El hecho generador del IVA, si fuera procedente, debería recaer únicamente sobre el margen efectivo del operador —el llamado Gross Gaming Revenue, es decir, el ingreso bruto menos los premios pagados— y no sobre el flujo total apostado. Esa es la lógica que han adoptado los reguladores de jurisdicciones serias en Europa y Latinoamérica, precisamente porque cobrar sobre el monto total apostado mata económicamente al operador formal y empuja al jugador al mercado negro.

USD 307.850 de licencia: la barrera que previene que exista inversión local, y desincentiva a que otros vengan de afuera a invertir en el país. 

El otro punto donde la regulación ecuatoriana ha errado el cálculo es en el costo de la Licencia para la Operación de Pronósticos Deportivos: 655 Salarios Básicos Unificados, equivalentes a USD 307.850, renovables cada cinco años. Es un valor que, a primera vista, podría parecer una barrera técnica razonable; en la práctica, es una barrera de entrada que elimina del mercado a cualquier operador local, mediano o emergente, y deja la cancha libre únicamente para los grandes jugadores internacionales.

El efecto es exactamente el opuesto al que una política pública sensata debería buscar. Lejos de incentivar la formalización, la cifra empuja al sector ecuatoriano —emprendedores, casas locales, plataformas regionales— a operar desde el extranjero, a generar mercado negro, o a no operar en absoluto. Mientras tanto, los grandes operadores globales sí absorben el costo y se quedan con un mercado capturado, sin competencia local que les obligue a ofrecer mejores términos al apostador ecuatoriano.

Una licencia razonable, escalonada por tamaño de operación —como la que aplican Colombia, Perú o Brasil— habría logrado lo contrario: más operadores formales, más recaudación, más empleo local, mejor protección al jugador. Un licenciamiento prohibitivo a USD 307.850 logra menos operadores, menos recaudación efectiva, y un mercado informal robusto que sigue operando justo como si nunca se hubiera regulado nada.

Lo que Ecuador necesita:

El gaming en Ecuador no necesita ni evangelistas ni inquisidores. Necesita técnicos. Necesita reguladores que entiendan la diferencia entre depósito y consumo, entre flujo apostado y margen del operador, entre la minoría vulnerable y la mayoría adulta que ejerce su libertad. Necesita ministerios que dialoguen con la industria antes de fijar tarifas, no después de que el mercado ya decidió migrar al sector informal.

Y necesita, sobre todo, dejar de tratar o pensar que los ecuatorianos que apuestan como si fueran enfermos del juego ¡La inmensa mayoría no lo es! Por eso hay que quitar esa máscara de que es algo nocivo para el país o las familias.  Hay que tratarlos como adultos —con marcos claros, identificación robusta, prohibición de juego a los menos de edad, prevención efectiva del lavado y una fiscalidad razonable sobre el margen del operador, no sobre la billetera del jugador— es la forma de tener una industria que aporta al PIB, recauda impuestos, genera empleo formal y, paradójicamente, protege al legal, al justo, al que paga impuestos, trata mejor al pequeño porcentaje que sí necesita protección.

La verdad sobre las apuestas no es ni la del prohibicionista moralista ni la del libertario absoluto. Es la del país que asume que esto va a ocurrir, decide cómo quiere que ocurra, y regula con datos. Ecuador todavía está a tiempo. (O)