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La institucionalidad del país, su supervivencia como una nación democrática en la que se respeten, defiendan y protejan los derechos de todos sus habitantes, no solo de los privilegiados que organizan el caos y promueven la delincuencia y la desestabilización para luego pretender ser absueltos de toda culpa, está hoy en manos de la justicia, el último reducto del Estado de derecho.

06 Julio de 2022 15.32

Durante los días en que se produjo el intento de golpe de estado disfrazado de paro nacional, escuchamos muchas veces el estribillo aquel que remataba siempre con estas palabras: “desde el privilegio”. Hablas desde el privilegio, escribes desde el privilegio, criticas “desde el privilegio”, marchas desde el privilegio, repetían… 

Lo curioso de este tipo de frases de cajón o latiguillos políticos propios del tercer mundo es que llevan implícita una carga de resentimiento y confrontación que los hace atractivos para quienes los repiten sin pensar ni comprenden su significado, pero normalmente suelen ser más bien mentiras cínicas, confesiones impúdicas o exabruptos rabiosos que utilizan ciertos caudillos para manipular a las masas. 

Así, durante los días del golpe de estado se decía por ejemplo “paren la masacre”, cuando no hubo jamás una reacción represiva de las fuerzas armadas o de la policía nacional a pesar de que pudieron y debieron usar legítimamente la fuerza contra los delincuentes y terroristas violentos que destruyeron bienes públicos y privados, secuestraron soldados y policías, destrozaron vehículos y mercaderías, aterrorizaron a la población civil, sabotearon campos petroleros y reservorios de agua potable, impidieron circular ambulancias y provocaron dos muertes, atacaron convoyes militares que escoltaban víveres o gas licuado, mataron a un soldado en una emboscada, entre otros delitos graves. 

Y, sin embargo, ellos, los delincuentes, los agresores, los guerrilleros urbanos de la revolución ciudadana, los infiltrados, los maoístas y mariateguistas, promotores de la barbarie, acusaban a la población que reclamaba paz, libertad, salir a trabajar y sobrevivir de “hablar desde el privilegio”. Ellos que después de sus actos delictivos cometidos de forma estratégica, calculada, deliberada, desde octubre de 2019 se han constituido en ciudadanos intocables, en castas beneficiarias de prebendas, perdones e impunidades ilegítimas. Ellos que ya conocen la receta para armar el caos sin sufrir consecuencias, para destruir sin reparar los daños, para violar los derechos humanos de toda la población sin ser juzgados, ellos son los únicos privilegiados en una nación que se encamina peligrosamente al derrumbamiento del Estado de derecho.

Más allá de la tregua en la que nos encontramos, en este alto al fuego de noventa días en los que continuarán las imposiciones y amenazas disfrazadas de diálogo en contra del gobierno y de sus autoridades, la responsabilidad por el futuro del Ecuador como un Estado constitucional de derechos recae ahora en la Función Judicial y especialmente en sus órganos jurisdiccionales y autónomos, esto es, en las cortes, los jueces y tribunales de justicia, y en la fiscalía de la nación. 

 La Corte Constitucional ha aceptado a trámite una de las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado en contra de las infames amnistías que concedió la Asamblea Nacional en marzo de 2022 a 268 personas entre las que se encontraban los autores, cómplices y encubridores del golpe de estado de octubre de 2019, destructores de la ciudad de Quito sus edificios y documentos públicos, saboteadores del agua potable en Ambato, entre otros delitos cometidos a pretexto de aquella revuelta, además de mineros ilegales que incurrieron en delitos execrables en lugares como Buenos Aires, Napo o Zamora, abusadores sexuales de mujeres policías, secuestradores, torturadores, agresores, homicidas potenciales y los demás miembros del combo ilegal que recibió esta suerte de perdón divino, de salvoconducto legislativo para destrozar nuevamente el país durante dieciocho días en junio de este año.

La institucionalidad del país, su supervivencia como una nación democrática en la que se respeten, defiendan y protejan los derechos de todos sus habitantes, no solo de los privilegiados que organizan el caos y promueven la delincuencia y la desestabilización para luego pretender ser absueltos de toda culpa, está hoy en manos de la justicia, el último reducto del Estado de derecho. (O)

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