El tema del subempleo es uno de los tópicos constantes de la economía ecuatoriana, de ahí la extrañeza que causa en ciertos analistas cada vez que se publican sus cifras. Es que para analizar uno de los temas de los que más se habla en el país es necesario entender algunos aspectos claves, y ver primero las cifras: Al cierre del primer semestre del 2022, la población económicamente activa (PEA) se encuentra alrededor de los 8,55 millones de personas, mientras que la cantidad de trabajadores con empleo adecuado se ubica en alrededor de 2,88 millones (la cifra de afiliados al IESS es 2,5 millones).
Es decir, la falta de un empleo formal, que cumpla con todas las protecciones y seguridad social, es una realidad para casi 6 millones de ecuatorianos, teniendo en cuenta las varias categorías de empleo no pleno y los desempleados de las estadísticas oficiales.
Esta incidencia tan alta nos dice que estamos hablando de un problema estructural de la economía nacional, porque la falta de empleo formal es una constante, independientemente de la coyuntura reinante. Así vemos que, durante el 2014, que es el año con subempleo más bajo de los 20 últimos años, el porcentaje se ubicaba alrededor del 40% (al primer semestre del 2022 este se encuentra bastante arriba del 50%). Es decir, ni el programa de inversión gubernamental más ambicioso, producto de una bonanza petrolera que también trajo de la mano un boom en la construcción, pudo amenazar la existencia del subempleo. A lo mucho, se produjo una baja pasajera.
Conociendo el grado de incidencia del subempleo, es imposible no preguntarse si lo productivo no tiene algo que ver con esto. Y resulta que el sector de la agricultura es uno de los de mayor impacto en la generación de empleo, pues representa alrededor del 32%, demandando trabajo independientemente de los precios del petróleo, pandemias y otras vicisitudes con las que tenemos que lidiar en la economía ecuatoriana.
No es necesario entonces hacer una regresión econométrica para darnos cuenta de que las realidades del sector de la agricultura tienen una repercusión importante sobre las características y la calidad del empleo en el país, dado que, por su naturaleza cíclica y las realidades de cada cultivo, es difícil generar plazas de trabajo que requieran que sus trabajadores cumplan con las 40 horas semanales. Además, el sector agricultor ocupa más del 30% de la población, pero genera menos del 10% del PIB, lo que evidencia la incapacidad de los distintos gobiernos para generar políticas públicas que aumenten la productividad del sector.
Esta incidencia del subempleo también tiene consecuencias políticas, pues resulta que una parte importante de la población no tiene dependencia de los sectores que generan empleo de manera formal y con todos los beneficios de ley, lo que los hace insensibles ante acontecimientos y medidas que afecten la parte formal de la economía, como huelgas y regulaciones, además de hacerlos receptivos ante ofertas irreales de empleo en tiempos de campaña electoral.
Ante todo esto, ¿Qué se puede hacer? La solución que más se escucha en el medio plantea flexibilizar las leyes laborales. Esto beneficiaría al sector de servicios y tal vez permitiría reclasificar el trabajo agrícola, pero no cambiaría la naturaleza de las condiciones del sector. En cambio, crear políticas que apunten a generar plazas de trabajo en el área rural, sean estas agrícolas o no, como en el modelo asiático, tendrían un alto impacto, dado que mejoraría la situación de ingresos con repercusiones importantes en la calidad de vida a nivel nacional, especialmente en el campo. Es que el tema del subempleo es una constante en la economía ecuatoriana que, como vemos, revela problemas estructurales y políticos mucho más profundos. (O)
