Hemos desarrollado una adicción a la contratación de deuda pública, tanto de origen interno como externo. Para citar un ejemplo reciente, el año que acaba de concluir registró un pago de intereses de USD 4.085 millones y déficit fiscal superior al monto de intereses, esto es, USD 5.312 millones. Esto quiere decir que en lugar de tener un desequilibrio fiscal se debió registrar un superávit de al menos el monto de intereses de la deuda. Inclusive, en un caso hipotético de no atender el pago de los intereses de la deuda pública, el presupuesto del estado debió mostrar de igual manera una cifra positiva para no requerir más deuda. No obstante, los compromisos de deuda pública no se limitan al pago de intereses sino también al cumplimiento del pago de capital o, lo que se llama amortización de la deuda. El valor de amortizaciones de la deuda del sector público del año 2025 fue de USD 5.469 millones, lo que sumado a la cifra de intereses se llega a los USD 10.781 millones. Esto quiere decir que el estado necesitó USD 10.781 para atender los compromisos de capital e intereses de la deuda pública o, dicho de otra manera, tuvo que endeudarse en el valor del déficit fiscal que ya incluye el monto de intereses más el monto del pago de amortizaciones. No obstante, estas necesidades de nueva deuda no están solas. Se debe añadir otro tipo de compromisos como pasivos derivados de convenios de liquidez que son adelantos de fondos de entidades públicas al gobierno central, el vencimiento de certificados de tesorería, atrasos de años anteriores, entre otras obligaciones, con lo cual el gran total de necesidades de financiamiento llegó a la bicoca de USD 21.233 millones. Esta cifra obviamente no puede cubrirse solo con pagos en efectivo, pues se la maneja emitiendo nueva deuda que reemplaza a la que va venciendo, la contratación de nuevos préstamos internos y externos, decisiones de ingresos como la reducción de subsidios, reformas tributarias, entre otras decisiones de políticas de ingresos y gastos. Estas necesidades totales de financiamiento representan alrededor de un tercio del valor total del presupuesto. ¿Cómo se puede corregir esta necesidad de cada vez más deuda pública?

Antes de buscar responder esta interrogante es relevante anotar que, en el concepto de deuda pública agregada, el saldo total de la deuda pública interna y externa llega a USD 84 mil millones a septiembre del año anterior, equivalente al 65% del PIB. Si se considera el concepto de deuda pública consolidada que anula o “netea” la deuda entre entidades públicas como la del Estado con el IESS o con el BCE, la cifra se reduce, a la misma fecha, a USD 62 mil millones equivalente al 48% del PIB.

La magnitud de la deuda pública del país no puede ser tratada o mejorada solo con una decisión de políticas públicas sino con un set de acciones para que en el tiempo esa necesidad de nueva deuda se vaya reduciendo y permita un horizonte de mediano y largo plazo de mayor sostenibilidad. Si bien parece lógico que la nueva deuda pública se la destine a fines más productivos para la economía, la estructura rígida del presupuesto no brinda espacio alguno para ello, con lo que el nuevo endeudamiento en la práctica termina financiando pagos de deudas anteriores sin dejar espacio, por ejemplo, para la obra pública.

En este sentido, una de las primeras acciones que debería ejecutarse es flexibilizar el presupuesto del Estado para que la calidad del gasto público mejore. Una de las políticas a aplicarse es una adecuada rendición de cuentas de los beneficiarios de fondos del presupuesto del estado. No se conocen los reales destinos de los recursos entregados, por lo que sin duda existe desperdicio y una mala calidad del gasto público. Es necesario conocer si existen objetivos y metas, si los años anteriores estos propósitos se alcanzaron, a qué se destinaron los fondos, si existió subejecución presupuestaria y a que obedeció, si ésta fue por falta de liquidez o por una mala gestión o administración, etc. Muchas veces puede ser que los recursos no sean insuficientes pero su mal manejo es lo que genera necesidades o desperdicio de fondos.

Otra política esencial se deriva de las reformas como aquella de la seguridad social, el aporte del 40% a las pensiones y la reforma institucional para el tema pensional y la prestación de salud, si ésta permanece en la Institución o se traslada a la salud pública. Esto puede restar presión a las finanzas públicas.

La magnitud de la nómina y una redefinición del estado “empresario” también liberaría recursos para que se abran espacios de un uso del gasto más eficiente y se pueda ir reduciendo el tamaño del desequilibrio fiscal.

Es impresentable un estado que continúe en la ruta de subir salarios públicos cuando el problema especialmente en el sector privado, es la falta de empleo y no el nivel salarial. La nómina pública adolece de lo que se llama inercia salarial, vale decir, que todos los años suben los salarios aunque no se aumente el valor nominal de las remuneraciones porque los empleados públicos ascienden anualmente de categoría, pues es un fenómeno que se concentra en la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, en el sector educación y en salud, actividades que concentran en número de personal cerca del 70% del total.

Las decisiones anteriores, entre otras, van a permitir ir reduciendo el déficit fiscal y bajando la necesidad de más deuda pública. En el tiempo se debe llegar a superávits fiscales que será la única forma de ir también disminuyendo las necesidades de financiamiento.

Es bueno que el país tenga abierto el mercado internacional y el financiamiento externo así como cuente con el apoyo de los multilaterales pero esas son formas de financiar el problema de la deuda pero no resuelve la raíz de la situación. Medidas como las señaladas pueden ser políticamente difíciles pero son también necesarias para el país. Los gobiernos deben tomar decisiones muchas veces impopulares pero beneficiosas para el progreso de la nación. (O)