¡Ay, no! Lo que quería decir es ¡qué difícil es hacer empresa en esta patria! Y aunque el lapsus parezca un juego, describe bastante bien lo que le ocurre a quien -nacional o extranjero- decide invertir en el Ecuador, porque quien abre un negocio termina sintiendo que está haciendo patria a pulso, cargando sobre sus hombros una maquinaria estatal que debería acompañarlo y que, con demasiada frecuencia, se le atraviesa.
Quiero ponerles un ejemplo deliberadamente pequeño, que no involucra capital extranjero ni ingeniería financiera. Para abrir una simple cafetería o un restaurante en Quito, Guayauil, Cuenca -ejemplos que conozco-, o, en cualquier cantón, con los nombres que cada municipio dé a sus formularios, hace falta reunir: el Registro Único de Contribuyentes ante el Servicio de Rentas Internas, la patente municipal, el certificado de uso de suelo o el informe de regulación metropolitana (línea de fábrica), la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de las Actividades Económicas en Quito o la licencia anual de funcionamiento que corresponda, patente municipal, pago de 1.5 por mil, el certificado de seguridad del Cuerpo de Bomberos, el permiso anual de funcionamiento del Ministerio del Interior, el permiso sanitario de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, el registro y la categorización turística, el registro ambiental en el Sistema Único de Información Ambiental, los certificados de manipulación de alimentos del personal, la autorización de rótulos y publicidad exterior, las licencias por el uso de música ante las sociedades de gestión colectiva, y el registro patronal en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con la afiliación de cada trabajador desde el primer día de labores. Son más de una docena de ventanillas, cada una con su formulario, su tasa, su inspección y su calendario de renovación, para vender un café con pan de yuca.
Quien haya recorrido ese camino sabe que el problema no está en la existencia de los controles, porque nadie discute que un restaurante deba ser seguro ni que sus trabajadores deban estar afiliados. El problema está en que todos esos controles operan como barreras previas que duran meses o años, problemas que son secuenciales y presenciales, de modo que el emprendedor financia meses de arriendo, sueldos y espera antes de facturar el primer dólar, y en que el Estado desconfía por diseño de quien todavía no ha hecho nada.
Y eso es apenas el piso. Subamos a una actividad de la que dependen buena parte de nuestras cuentas fiscales de la próxima década. En minería, la fase de exploración se encuentra hoy en la práctica fragmentada en subfases que exigen autorizaciones sucesivas para pasar de una a otra, con cuatro años de exploración inicial, cuatro de exploración avanzada -que incluso pueden ser más- y dos de evaluación económica prorrogables por dos más, todo antes de la primera onza comercializable, cuando tenemos tanta necesidad de flujo en la cartera estatal. La licencia ambiental, por su parte, llegó a demorar cerca de setecientos días según el reconocimiento del propio Ministerio del Ambiente, que en 2019 se propuso bajarla a ciento veinte, sin lograrlo. Lo mismo -y peor- sucede con proyectos de energía, sobretodo renovables, solar y eólica, cuando tenemos tanta necesidad de energía, teniendo procesos que demoran una ingente cantidad de tiempo, y que no es un tema de este gobierno, se acarrea por décadas.
Mientras tanto, Perú, Chile y Colombia compiten por el mismo capital de riesgo con reglas más predecibles, y el capital, que no tiene patria ni paciencia, se va donde el reloj corre más rápido.
Hasta aquí la queja, estéril, si no viene acompañada de una salida. Lo notable del caso ecuatoriano es que las herramientas ya existen y están escritas. La Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos consagró el control posterior en lugar del control previo, la presunción de veracidad de las declaraciones del administrado, la prohibición de exigir documentos que ya reposan en el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, la obligación de que todo trámite tenga término máximo de respuesta y, sobre todo, una regla que merecería estar enmarcada en cada despacho, según la cual toda creación de un trámite nuevo lleva implícita la obligación de suprimir uno o varios existentes de costo equivalente. El Código Orgánico Administrativo ordenó los plazos y el silencio administrativo que en la práctica es INAPLICABLE, y los funcionarios públicos no lo respetan, ir por un proceso ante el contencioso administrativo puede demorar hsata 5 o más años. Y el Decreto Ejecutivo 372 declaró la mejora regulatoria como política de Estado desde 2018. Tenemos un marco moderno que la propia administración incumple sin consecuencia, porque las sanciones para el funcionario que exige lo que la ley prohíbe rara vez se aplican.
Por eso mi propuesta va más allá de pedir que se cumpla lo vigente. Frente a un inventario normativo que se cuenta por cientos de miles de cuerpos entre leyes, reglamentos, ordenanzas, acuerdos ministeriales y resoluciones, muchos de ellos superpuestos, contradictorios o sencillamente muertos, hace falta una depuración de fondo, una eliminación absoluta de todo aquello que ya no sirve, con una regla de caducidad automática para la regulación que no acredite su utilidad y con silencio administrativo positivo -con un mero proceso notarial por ejemplo- como regla general y no como excepción. Cada norma que sobrevive sin justificarse le cuesta al país inversión que nunca llega y empleo que nunca se crea.
Hacer empresa en el Ecuador debería ser, precisamente, la forma más común de hacer patria. Que hoy suene a contradicción es el mejor argumento para corregirlo. (O)
