2025 fue un año particular en materia demográfica. Por primera vez en décadas, la caída sostenida de las tasas de fertilidad dejó de ser una preocupación silenciosa de demógrafos para convertirse en noticia de primera plana y, sobre todo, en objeto de decisiones de política pública. Países con tradiciones, ideologías y niveles de desarrollo muy distintos comenzaron a actuar, reconociendo que la baja natalidad ya no es solo un fenómeno social, sino un problema económico de largo alcance.

Polonia dio una señal contundente al eliminar impuestos a las parejas con dos o más hijos, una medida que busca aliviar de manera directa el costo económico de formar familia y enviar un mensaje político claro: tener hijos no puede seguir siendo una desventaja financiera. En paralelo, Estados Unidos avanzó en una nueva política federal para ampliar el acceso a la fecundación in vitro (IVF), acompañada de decisiones orientadas a reducir el precio de los medicamentos asociados a estos tratamientos. El mensaje fue igualmente explícito: la infertilidad es un asunto de salud pública y su abordaje forma parte de la sostenibilidad futura del país.

Estos casos no son anecdóticos. Reflejan un cambio de paradigma: los Estados empiezan a asumir roles más activos, la demografía no se corrige sola y esperar a que el mercado o las decisiones individuales compensen la caída de nacimientos es, sencillamente, una apuesta riesgosa.

La gravedad del problema es difícil de exagerar. La caída de la tasa de natalidad implica poblaciones que envejecen rápidamente, menos personas en edad productiva, mayores presiones sobre los sistemas de salud y pensiones, y una reducción progresiva de la base que sostiene el crecimiento económico. A diferencia de otros desafíos, este no admite soluciones rápidas: aun si las tasas de fertilidad aumentaran hoy, sus efectos positivos sobre el mercado laboral y la productividad solo se sentirían dentro de veinte o veinticinco años. Precisamente por eso, postergar la discusión resulta tan costoso.

Ecuador no es ajeno a esta tendencia. Los datos recientes muestran que el país alcanzó en 2024 uno de los niveles más bajos de nacimientos de su historia –con apenas 215.714 nacimientos– y una caída superior al 25 % en la última década. La tasa global de fecundidad pasó de 2,8 hijos por mujer en 2005 a 1,79 en 2024, colocándose muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional. Además, las estimaciones más recientes indican que la tasa global de fecundidad en Ecuador se mantendría en alrededor de 1,79 hijos por mujer en 2025, lo que confirma la continuidad de esta tendencia.

Es importante subrayar, sin embargo, que no todas las causas de esta caída son negativas. Una parte relevante de la reducción de nacimientos en Ecuador responde a una buena noticia: el descenso sostenido del embarazo adolescente. Durante los últimos años, el país ha logrado avances significativos en educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos y postergación de la maternidad en niñas y adolescentes, con impactos positivos en salud, educación y oportunidades de vida para las mujeres jóvenes. Este logro social y sanitario, que debe preservarse y profundizarse, explica en parte la disminución global de nacimientos. El desafío actual no es revertir ese avance, sino complementarlo con políticas que permitan que quienes sí desean formar familia puedan hacerlo en mejores condiciones y en el momento que elijan.

La experiencia internacional muestra, además, que no existe una única respuesta. El abanico de iniciativas es amplio y complementario. Incluye políticas de cuidado infantil, como la ampliación de la oferta y el subsidio de guarderías; políticas laborales, como licencias parentales más extensas, esquemas de trabajo flexible y protección efectiva contra la discriminación; incentivos financieros, desde bonos por nacimiento hasta créditos tributarios; y, de manera creciente, políticas de reproducción asistida que amplían el acceso a tratamientos de fertilidad, congelamiento de óvulos o esperma y a programas de educación reproductiva. La evidencia comparada indica que las estrategias más efectivas no son aisladas, sino aquellas que combinan varios de estos instrumentos de manera sostenida en el tiempo.

En Ecuador, este debate ya ha comenzado, aunque con límites claros. El proyecto de ley para regular la reproducción asistida, actualmente en discusión, tuvo que renunciar a la posibilidad de que el Estado cofinanciara los tratamientos para familias sin recursos. La restricción no fue conceptual ni ética, sino fiscal. La estrechez presupuestaria impidió avanzar hacia un esquema de apoyo público más ambicioso, pese a que la evidencia internacional sugiere que la inversión en reproducción asistida puede generar retornos económicos positivos en el largo plazo, al ampliar la base futura de contribuyentes y reducir costos sociales asociados a la infertilidad no tratada.

Este contexto plantea una pregunta clave: ¿por qué el empresariado ecuatoriano debería involucrarse en la discusión sobre natalidad y fertilidad? La respuesta es sencilla y estratégica. Las empresas dependen de talento, consumidores y estabilidad social. Una sociedad que envejece rápidamente y reduce su población activa compromete su competitividad, su capacidad de innovación y su crecimiento. Apoyar políticas que faciliten la formación de familias no es filantropía: es una inversión en el mercado laboral del futuro, en la sostenibilidad del sistema económico y en la cohesión social.

Además, el sector privado tiene un margen de acción concreto. Puede impulsar entornos laborales más amigables con la parentalidad, apoyar programas de educación en salud reproductiva, cofinanciar iniciativas de cuidado infantil o respaldar, desde la responsabilidad corporativa, el acceso a tratamientos de fertilidad. En un escenario donde el Estado enfrenta restricciones fiscales, la iniciativa del sector privado deja de ser deseable y se vuelve necesaria.

A mediano plazo, la ganancia es clara: más personas en edad productiva, mayor estabilidad de los sistemas sociales y un entorno económico más dinámico. A largo plazo, el apoyo a la fertilidad y a la reproducción asistida terminará consolidándose como una dimensión central de la responsabilidad corporativa y de la sostenibilidad. Así como hoy se espera que las empresas contribuyan a la transición energética o a la equidad de género, mañana se valorará su compromiso con el futuro demográfico de los países en los que operan.

La discusión ya comenzó en el mundo. Ecuador no puede darse el lujo de llegar tarde. (O)