El sistema financiero popular y solidario de Ecuador enfrenta un nuevo episodio de liquidación con el cierre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inteligencia de Negocios (Incoop), antes conocida como Kury Wayta. Esta entidad, que operaba principalmente en Ambato y Quito, cierra sus puertas tras casi dos décadas de operación, dejando a sus más de 5.000 clientes esperando la recuperación de sus depósitos que a diciembre de 2025 sumaban aproximadamente $17 millones de dólares. La caída de Incoop no es un evento aislado, sino que se suma a una cronología de quiebras que comenzó a finales de 2024.
La liquidación de Incoop resulta particularmente desconcertante debido a las señales contradictorias que emitió meses antes de su cierre. A finales de 2025, su gerencia anunció un ambicioso modelo de negocio con una empresa española para financiar al sector agrícola, y apenas semanas antes de la liquidación, la cooperativa se presentó como el nuevo auspiciante de un equipo de fútbol. Puertas adentro, la situación era crítica desde el año 2023, con un aumento importante de gastos operativos y de la morosidad de su cartera de crédito.
Para entender el impacto sistémico, es necesario retroceder a diciembre de 2024, cuando la Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato, una institución del Segmento 1 con más de $80 millones de dólares en activos y 92.000 clientes, fue declarada en liquidación forzosa. En ese caso, la entidad ya presentaba problemas de solvencia y un historial de irregularidades desde 2022 que se manifestaron en restricciones para devolver depósitos y el cierre sistemático de agencias. A este hito le siguió, en agosto de 2025, la suspensión de operaciones de la Cooperativa CREA Ltda en Azuay, cuyos activos superaban los $196 millones de dólares, pero cuyo indicador de solvencia se desplomó a un alarmante 3,4%, muy por debajo del 9% requerido por la norma.
Las implicaciones financieras de esta secuencia de quiebras son profundas, especialmente en lo que respecta a la protección del ahorrista. Mientras que los socios de la Cámara de Comercio de Ambato y de CREA contaban con una cobertura del seguro de depósitos del COSEDE de hasta $32.000 dólares, los clientes de Incoop, al pertenecer al Segmento 3, solo están cubiertos hasta los $5.000 dólares. El excedente de estos ahorros queda supeditado a la capacidad del liquidador para cobrar cartera y vender activos en procesos que pueden durar mucho tiempo. Esta disparidad en la protección subraya el riesgo de las instituciones medianas y pequeñas, dejando a los ciudadanos en una posición de vulnerabilidad.
En lo humano, estas liquidaciones generan zozobra entre los socios. Las crónicas de los cierres anteriores describen escenas de socios madrugando para obtener turnos de retiro limitados, protestas frente a las oficinas de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y la angustia de miles de familias que ven bloqueado el acceso a sus fondos. Además, el impacto económico se extiende a los empleados de las cooperativas, quienes entran en procesos de liquidación laboral, y a los deudores, que deben seguir pagando sus créditos a pesar de la desaparición de la entidad.
Si bien instituciones financieras cierran en todas partes del mundo, es importante que las liquidaciones se realicen de manera ordenada. Pero más allá del proceso de liquidaciòn mismo, es importante que la supervisión identifique tempranamente instituciones con dificultades, y se establezcan programas de fortalecimiento que lleven a dichas instituciones a ser viables en el tiempo. Desde luego el incumplimiento de los programas de supervisión intensiva plantean interrogantes urgentes sobre la efectividad de los controles preventivos en el sector cooperativo ecuatoriano. (O)
