El Gobierno remitió este jueves 28 de octubre a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia de Covid/19, el cual "ha sido elaborado recogiendo las sugerencias de varios sectores sociales y políticos del país", de acuerdo con el boletín de prensa difundido por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Según la cartera de Estado, se estima recaudar más de US$ 1.900 millones durante los dos primeros años de su vigencia, tras su aprobación y "cumple con los principios de progresividad y justicia tributaria", añadiendo que el 96,6% de la Población Económicamente Activa (PEA) no se verá afectada con esta ley.

El principal esfuerzo recaerá en quienes ganen más de US$ 5.000 al mes, un patrimonio mayor a US$ 1'000.000 y las mayores empresas del país, además de las personas que ganan entre US$ 2.000 y US$ 5.000 mensuales realizarán pequeños aportes, los cuales serán proporcionales a sus niveles de ingresos.

Tomando como base las conversaciones con diferentes sectores de la sociedad civil tras la devolución del megaproyecto de Ley de Creación de Oportunidades presentado por el Ejecutivo semanas atrás, el nuevo cuerpo legal añade que las personas naturales que tengan un patrimonio superior al millón de dólares (o superior a los US$ 2'000.000 en sociedad conyugal) realizarán una contribución especial por una sola vez, con la opción de deducir hasta US$ 200.000 por su primera vivienda o tierras agrícolas que no se encuentren en estado productivo.

Asimismo, este proyecto establece que durante el lapso de dos años, las empresas más grandes y solventes del país que tengan un patrimonio mayor a los US$ 5'000.000 realicen una contribución solidaria del 0,8% y ratifica, entre otros puntos, el compromiso a la transición ecológica y la reducción del 0% de IVA para autos eléctricos y paneles solares.

En el tema de evasión fiscal, el proyecto insiste en reportar a las autoridades tributarias las inversiones que los ecuatorianos tengan en el extranjero y clasifica a aquellos "con negocios relevantes en el país como residentes fiscales para que tributen como corresponde".

Según la cartera de Finanzas, este proyecto "busca devolver la estabilidad en las finanzas públicas para garantizar los servicios del Estado y la protección social". (I)

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