Meta quedó bajo una nueva presión judicial después de que Arturo Béjar, exingeniero de seguridad de la compañía, declarara que sus ejecutivos conocían los riesgos que Facebook e Instagram representaban para los menores, pero relegaron las medidas de protección frente a los objetivos de crecimiento. Su testimonio abrió un juicio federal que podría derivar en una indemnización de hasta US$ 200.000 millones y obligar a la empresa a modificar algunas de las funciones centrales de sus productos.
La demanda fue presentada por 29 fiscales generales estatales de Estados Unidos, quienes acusan a Meta de diseñar deliberadamente herramientas capaces de generar conductas adictivas entre los jóvenes. También sostienen que la empresa recopiló datos de menores de 13 años sin la autorización de sus padres, en presunta violación de leyes federales y estatales.
Béjar fue el primer testigo convocado por los estados durante el proceso que se desarrolla en Oakland, California. Mark Zuckerberg y Adam Mosseri, director ejecutivo de Instagram, también deberán declarar. Se estima que el juicio durará entre seis y ocho semanas.
El testimonio que puso a Zuckerberg en el centro
Béjar trabajó en puestos de responsabilidad en Facebook entre 2009 y 2015 y regresó como contratista entre 2019 y 2021, con tareas vinculadas a la seguridad y el bienestar de los adolescentes en Instagram.
Durante su primera etapa en la empresa mantuvo contacto frecuente con Zuckerberg y estimó que conversó con él al menos 100 veces sobre distintos problemas relacionados con los productos. Según informó The Guardian, en 2021 le envió un correo electrónico para advertirle sobre los reiterados reportes de contenido dañino y sus consecuencias sobre el bienestar de los usuarios más jóvenes.
El mensaje llegó después de que Zuckerberg negó públicamente que Facebook antepusiera sus resultados económicos a la protección de sus usuarios. Béjar consideró que esa declaración ofrecía una imagen engañosa del compromiso de la compañía con los menores.
El exingeniero explicó que decidió acudir directamente al fundador porque sabía que su intervención podía acelerar cualquier cambio en la organización. “Si Mark convierte algo en una prioridad, se mueven montañas”, declaró. Sin embargo, aseguró que Zuckerberg nunca respondió aquel correo.
La experiencia de su hija adolescente también lo impulsó a investigar el problema. La joven había recibido insinuaciones sexuales, imágenes explícitas e insultos misóginos en Instagram. Cuando intentó denunciar esos contenidos, encontró procedimientos ineficaces o difíciles de utilizar.
A partir de esa experiencia, comenzó a realizar encuestas entre adolescentes. De acuerdo con los resultados que presentó ante el jurado, el 51% de los consultados afirmó haber atravesado una situación negativa o perjudicial en Instagram en los siete días anteriores. Los contenidos denunciados fueron eliminados en apenas el 0,02% de esos casos.
Béjar sostuvo que compartió los hallazgos con altos ejecutivos, entre ellos Zuckerberg y Mosseri, pero que la empresa no adoptó medidas suficientes para resolver el problema.
El negocio de retener la atención
Una parte central de su testimonio estuvo dedicada a la relación entre el diseño de las plataformas y el modelo publicitario de Meta. Cuanto más tiempo permanecen los usuarios en Facebook e Instagram, más contenido consumen y más anuncios puede mostrar la compañía.
Según Béjar, funciones como el scroll infinito, la reproducción automática de videos y los contadores de “me gusta”, de visualizaciones, de comentarios y de seguidores contribuían a prolongar el uso de las aplicaciones. Aunque muchas fueron concebidas originalmente para adultos, afirmó que podían resultar especialmente perjudiciales para los adolescentes.
También explicó que el desempeño de los equipos encargados de desarrollar productos se evaluaba principalmente por el crecimiento de usuarios y el tiempo de permanencia. La protección de los menores, en cambio, no tenía indicadores ni objetivos con el mismo peso dentro de la empresa.
El exingeniero cuestionó, además, la estrategia de Meta frente a los menores de 13 años. Aunque las condiciones de uso les impiden abrir una cuenta, aseguró que dentro de Instagram predominaba una política de “no preguntar, no decir”. Durante sus investigaciones, identificó decenas de miles de cuentas que presuntamente pertenecían a menores de edad. A su entender, Meta disponía de la tecnología necesaria para detectar esos perfiles y solicitar una verificación, pero carecía de incentivos internos para buscarlos activamente.
Béjar también criticó herramientas como Take a Break, diseñada para recordarles a los usuarios que deben interrumpir temporalmente el uso de Instagram. Señaló que la función no aparece activada por defecto y que sus advertencias pueden descartarse fácilmente. Comparó el mecanismo con un airbag que el conductor tuviera que activar cada vez que subiera al auto.
Un juicio que amenaza el modelo de Meta
La demanda fue presentada originalmente en octubre de 2023 y reúne a 29 fiscales generales, aunque el juicio está encabezado por representantes de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey. Los estados sostienen que Meta ocultó investigaciones internas sobre los efectos de sus productos y mantuvo funciones potencialmente perjudiciales para maximizar sus ingresos.
Los demandantes pretenden que la compañía modifique el diseño de Facebook e Instagram. Una decisión de ese tipo podría afectar elementos utilizados para aumentar la interacción, retener audiencias y vender publicidad, tres pilares del negocio de Meta. Si el jurado determina que la empresa es responsable, la indemnización podría alcanzar los US$ 200.000 millones, una cifra similar a los ingresos que obtuvo en 2025.
Meta rechazó todas las acusaciones. Paul Schmidt, abogado de la compañía, afirmó que los documentos internos presentados por los estados fueron extraídos de conversaciones más amplias y presentados sin el contexto necesario. También sostuvo que la empresa desarrolló herramientas para acompañar a los adolescentes, prohíbe el registro de menores de 13 años y ya desactivó más de un millón de cuentas de usuarios de esa edad.
La compañía deberá defender esas políticas durante las próximas semanas, cuando el jurado escuche a sus principales ejecutivos y analice correos electrónicos, investigaciones y documentos internos. El resultado podría definir cuánto deberá pagar Meta, pero también hasta qué punto tendrá que modificar los mecanismos con los que Facebook e Instagram capturan y monetizan la atención de sus usuarios más jóvenes.
