Las causas fundamentales de los problemas de seguridad interna, de la violencia ilegal desplegada por las acciones delictivas, crimen organizado y el narcotráfico radican esencialmente en la deconstrucción del Estado,  que se producen debido a contradicciones internas,  como analiza Jack Derrida, quien reconoce que las deficiencias macroeconómicas deterioran la capacidad de diseño y aplicación de políticas públicas, para reducir la pobreza extrema, dar atención a las demandas sociales de la población, que son un epifenómeno de la seguridad interna de los Estados.

Frente a esta difícil responsabilidad de los gobiernos se han desarrollado diversas políticas orientadas prioritariamente a la atención socioeconómica de la población.

Sin lugar a dudas los criminales son seres humanos y merecen nuestro respeto, como se ha discutido en México, por tanto, en la política de seguridad era mejor aplicar “abrazos, no balazos” para alcanzar una paz total.

Esa visión ideológica excesivamente preventiva, más bien dio oportunidad a un incremento y consolidación de las estructuras delincuenciales, de grupos delincuenciales organizados GDO, grupos armados organizados GAO y grupos del crimen organizado transnacional COT y del narcotráfico, empoderamiento delictivo que significo una pérdida del control estratégico de la seguridad y disminución del monopolio del uso de la fuerza del estado.

 La gobernanza del narcotráfico y del crimen organizado, operan en una escala de alto nivel como son los carteles criminales, fraccionados en núcleos operativos como pymes ilegales de fachada, al margen de la ley, con actividades ilícitas, en una estructura de exportadores, Importadores, mayoristas, agentes de mercadeo e inversores conectados con redes internacionales.

En este nivel superior los carteles se ocupan de la economía transnacional. En el ejemplo más reciente, el Cartel Jalisco Nueva Generación, CCJNG, es uno del sinnúmero de carteles del crimen organizado que opera y lo seguirá haciendo luego de la muerte de su líder “El Mencho”, tras una trascendental operación de las Fuerzas Especiales de México.

El CCJNG que opera en más de 40 países de América Latina interactúa con otras redes similares del narcotráfico y organizaciones de tipo empresarial funcionalmente ligados mediante nexos de gran lealtad y acuerdos rígidos informales a nivel regional para infiltrarse en la económica legal de los países especialmente a través del lavado de dinero y de activos.

Entrega franquicia a otras organizaciones internacionales pagando para usar el nombre y participar en las actividades de la cadena de Producción a partir de la recolección, almacenamiento, transporte, ingreso y salida de la droga, heroína, metanfetamina y fontanillo.

 En un nivel inferior operan las bandas de calle, como jefes de plaza regionales, facilitan la logística con transportistas, mueven el micrográfico, extorsionan, secuestran, cobran vacunas a negocios y pequeñas empresas, roban combustible, realizan reclutamiento paramilitar, consiguen armas y forman sicarios. 

El tercer nivel de gobernanza local se encarga de la infiltración en las instituciones del Estado: políticos, cortes de justicia, fiscalías, jueces y operadores de justicia. Miembros de la fuerza pública, aduana, así como de las autoridades locales de Gobierno Autónomo Descentralizado GAD.

Con esta metodología del narcotráfico el Ecuador se ha transformado en un centro estratégico, logístico y de expedición de la droga más importante de la región como se ha demostrado con la enorme incautación de cocaína con 302 toneladas en el 2024, según UNODC y 135 ton. en el mar con cooperación conjunta con el Grupo Operación Marítimo de los Estados Unidos.

Ecuador no posee plantaciones de hoja de coca, ni laboratorios de procesamiento, como posee Colombia con 253.000 ha. de hoja de coca y 248 laboratorios.

  Vinculada al narcotráfico, con la minera ilegal se ha obtenido aproximadamente 1.300 millones de dólares por exportación de oro; mientras que según datos del Centro Estratégico de Geopolítica CELAG, se lava 3.500 millones de dólares en el sistema financiero.

El narcotráfico es por lo tanto un actor criminal geoestratégico, como una amenaza transnacional que afecta a la soberanía, a la estabilidad, a la economía formal, condiciones que hacen imposible de ser confrontados en forma unilateral por ningún país.

Consecuentemente para este problema de seguridad internacional es indispensable desarrollar una integración de políticas de diplomacia y defensa, en función de los intereses nacionales, para mediante una seguridad cooperativa, prevenir y dar respuesta a amenazas comunes en la región.

En este sentido se puede decir que se esta cumpliendo con la primera fase de la política de seguridad hemisférica al haberse emitido los objetivos de seguridad hemisférica por parte de los Estados Unidos.

La Estrategia de Seguridad nacional del 2025, establece: detener el flujo de la droga, fortalecer la estabilidad de los países e incrementar la capacidad estratégica de seguridad en la tierra y el mar.

En la Estrategia de Defensa Nacional del 2026, complementa la decisión de Combatir al narcoterrorismo en el hemisferio. Dice al respecto: ayudaremos a desarrollar la capacidad de nuestros socios y apoyarlos en su desempeño. “Pero si nuestros socios no pueden o no quieren hacer su parte, estaremos preparados para actuar con decisión por nuestra cuenta.”

Con estos antecedentes y en cumplimiento de la política de seguridad internacional, el Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas estadounidense, el General John Caine el 12 de febrero de este año, en una reunión con los Jefes de las Fuerzas Armadas de 34 países del hemisferio determinaron los pilares fundamentales de estabilidad: Cooperación continua y esfuerzos conjuntos para contrarrestara a las organizaciones criminales y terroristas transnacionales.

Obviamente la concertación alcanzada en la reunión de los jefes militares destaca una operación combinada multinivel de seguridad cooperativa regional, comenzando con el fortalecimiento de las capacidades dentro de la perspectiva de soberanía, eficiencia operativa y aceptación política regional. 

Sin embargo, hay que destacar la alternativa planteada en la política de seguridad, cuando se menciona que, al no querer o no poder actuar los socios; es decir: los países, los Estados Unidos estarán preparados para actuar con decisión por su cuenta. Indubitablemente queda sobrentendido el comprometimiento del tema de la soberanía, sujeta previamente a una negociación diplomática.

En todo caso, para afrontar al narcotráfico con la intervención cooperativa de los países, solo cumpliría una primera fase, en vista de que se abrirían las oportunidades de acciones complementarias vitales subsiguientes para resolver el problema de seguridad.

Esto significa: mantener inteligencia compartida, consolidación del control territorial, fronterizo, portuario, marítimo, desarticulación financiera, depuración de actores institucionales y de justicia, protección de jueces, programas sociales focalizaos y cooperación internacional

Un modelo de seguridad cooperativa regional, legítima y sustentable desde la perspectiva de soberanía, eficiencia operativa y aceptación política de seguridad internacional, presupone la existencia de subplataformas ajustadas a los condicionantes y factores propios del Área Andina, Centro América y Cono Sur. (O)