Se trata de un tema muy polémico. Dependiendo del cristal con que se mire puede calificarse como conveniente o perjudicial una medida que debite automáticamente recursos para un determinado beneficiario de fondos estatales como pueden ser los municipios, las prefecturas, el sector de la salud o el de educación. Si se realiza un análisis particular para municipios que tienen cuentas por cobrar al presupuesto del estado y estos fondos no se entregan, podría ser entendible y hasta adecuado proponer que el Banco Central asigne automáticamente a estos beneficiarios y no sea el presupuesto del Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas quien administre los ingresos provenientes del petróleo o de los impuestos.
Los recursos que se entregan a los llamados Gad´s, en su mayoría deberían estar destinados a gastos de capital, es decir, uso de fondos en inversiones como obras de infraestructura, alcantarillado, agua potable, vialidad, seguridad ciudadana de la ciudad, educación municipal o salud del cantón. Lamentablemente esto con se cumple como debería esperarse, sin que con ello se generalice y no se reconozcan municipios que hacen un trabajo eficiente de manejo de recursos. El grueso de los fondos que el gobierno central transfiere a los Gad´s están destinados a gastos corrientes como el pago de la nómina, cobertura de fiestas o festivales, egresos operativos en general, con el agravante que no se conoce una real rendición de cuentas de los fondos que se entregan. Esto quiere decir que el 20% de los ingresos tributarios del estado y el 10% de los ingresos petroleros del presupuesto se transfieren sin que se conozca el real impacto de dichos fondos. Inclusive, la incapacidad de gasto de los recursos presupuestados en entidades del gobierno y ministerios, también se replica en los gobiernos seccionales, al punto que al cierre de los ejercicios fiscales se mantienen elevados saldos de las cuentas de depósito en el Banco Central sin que hayan podido ser fondos utilizados eficientemente. Desde esa óptica, ¿suena eficiente y una decisión acertada debitar automáticamente recursos estatales del petróleo y los impuestos y enviar a distintos beneficiarios sin que se conozca el real destino de dichos recursos? Probablemente la respuesta crítica a este argumento descansará en la legalidad de dichas transferencias sosteniendo además que el gasto público es excesivo, que el aparato estatal es obeso, que la calidad del gasto público no es buena, entre otras razones que, siendo ciertas, tampoco necesariamente son razones equitativas con la calidad del gasto público que opera fuera de la esfera del gobierno central como se ha anotado. Vale la pena añadir, solo como hipótesis de trabajo, si a algún municipio, ¿le parecería adecuado que se suscriban fideicomisos con sus proveedores o contratistas del sector privado para que cada dólar que le ingrese al Gad desde el gobierno central vaya automáticamente al acreedor privado?
Observando en la otra orilla, es decir, desde los hacedores de la política económica, el grado de flexibilidad y el margen de maniobra de la política fiscal es muy pequeño, pues asignando lo que la ley dice en materia de la seguridad social, lo correspondiente al sector de la salud y educación, a los Gades, a los beneficiarios de subsidios estatales, a lo destinado a la nómica pública y el gasto operativo del estado, ¿qué va a pasar si se debitan automáticamente cuentas sin que la tesorería del estado pueda hacer esfuerzos por balancear y priorizar los gastos?
¿Se va a dejar de pasar plata a la seguridad social o al rubro de la seguridad por transferir a los Gad´s? ¿a quién dejo de pagar? ¿Se declara moratoria de deuda y se aleja al país de la liquidez para mantener la propia dolarización?
Dado que los recursos públicos son limitados, ¿qué pasaría si se hacen transferencias automáticas y se mantiene los atrasos impagos? ¿El rompimiento de la cadena de pagos y el impacto económico de estos incumplimientos como se resuelve?
Si hay la iniciativa de cortar los excesos del gasto de forma inmediata protestan los sindicalistas, los indígenas, los partidos contrarios al régimen, etc. No existe sector que acepte un esfuerzo a cambio del bien común, por lo que la práctica económica se torna casi inmanejable.
Con lo anotado, vale la pena colegir que es fundamental que la sociedad en su conjunto pueda apoyar ciertos principios de manejo económico sin la malsana interferencia de la economía política. Podría ser sano el poder transferir automáticamente fondos y evitar atrasos significativos pero si no se conjugan posiciones sobre lo realmente importante, si no se concientiza que el tamaño excesivo del estado es un lastre histórico, si no se respetan principios básicos de manejo económico, si el estado sigue jugando de empresario fallido, el país no encontrará salida y seguiremos pidiendo quién nos preste plata, a quien pagamos y no pagamos, con el natural impacto en el progreso social y económico que no llegarán.
No repitamos errores del pasado como suspender la producción petrolera sin saber siquiera porqué apoyamos tamaña barbaridad. Si queremos vivir una sociedad limpia y de respeto al medio ambiente, preparémonos para ello, si queremos que los beneficiarios actuales reciban sus recursos de forma eficiente, resolvamos los problemas de fondo, pero no pongamos la carreta delante de los caballos. (O)
