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Señores miembros de las organizaciones sociales que convocan a movilizaciones, déjennos trabajar, déjennos caminar por las calles y circular por las vías, sin temores ni riesgos. No es posible que determinados ciudadanos se escuden en su derecho a expresarse libremente y haciendo alusión a sus creencias.

29 Octubre de 2021 11.33

En el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de las Cuevas -un regalo de mi padre al iniciar mis estudios de Derecho- dice que el Trabajo es “el esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la producción u obtención de la riqueza” y también menciona que es “toda actividad susceptible de valoración económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento.

Días atrás, durante la denominada “movilización pacífica”, algunas personas, por temor quizá, tomaron la precaución de no salir de sus casas. También se dio otro escenario, circuló en redes sociales un “pedido” de unos ciudadanos a una empresa para que les transmitan a sus colaboradores la disposición de no acudir a trabajar. Lo que da como consecuencia un círculo vicioso: una baja de consumo de todo tipo, menos trabajo, menos recaudación, menos producción, menos riqueza.

Otros decidimos ir a trabajar, ya sea por necesidad o por responsabilidad. Lo hacemos también con la firme convicción de que nuestro sueldo es fruto de un esfuerzo, físico e intelectual, una entrega permanente y un compromiso con nosotros mismos, nuestras familias, nuestro empleador y con el país. 

Traigo a colación, nuevamente, las cifras de empleo. Días atrás, el Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó su último reporte, en esa materia, en el que se reflejan los datos del trimestre de julio a septiembre. Simplemente, dos datos: 3 de cada 10 ecuatorianos cuentan con un empleo adecuado, particularmente en el sector rural lo tienen 2 de cada 10. Para que estas cifras no se sigan repitiendo, ¡déjennos trabajar!

Señores miembros de las organizaciones sociales que convocan a movilizaciones, déjennos trabajar, déjennos caminar por las calles y circular por las vías, sin temores ni riesgos. No es posible que determinados ciudadanos se escuden en su derecho a expresarse libremente y haciendo alusión a sus creencias.

Pero, expresarse libremente es:

  • ¿Decir que cuidan el ambiente, pero al mismo tiempo cortan árboles y queman llantas?
  • ¿Decir que los recursos públicos deben estar destinados de manera eficiente y destruyen vías y plazas?
  • ¿Quemar una imagen de un ciudadano, nada más y nada menos que del ciudadano Presidente?

Si bien es cierto el artículo 66, inciso 7, de la Constitución de la República del Ecuador establece el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas su formas y manifestaciones. No es menos cierto que la norma no es aislada, no está sola, es parte de conjunto de normas, con deberes y derechos, relacionadas y coordinadas, para que su aplicación sea efectiva. En este caso, para la aplicación de lo estipulado en la Constitución ésta debería estar acompañada, por los códigos orgánicos Integral Penal, y de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

En el mismo diccionario está escrito el concepto de Justicia y dice que es el “Supremo ideal que consiste en la voluntad firme y constante de dar a cada uno lo suyo, según el pensamiento de Justiniano”. Muy difícil de aplicar, justamente por este complejo ordenamiento jurídico, pero podría ser evidente la necesidad de que se actúe con todo el peso de la Ley a quienes violenten los derechos de los ciudadanos y afecten a la propiedad privada y a los bienes públicos.

Claro, luego, vendrán otras manifestaciones reclamando indultos o amnistías. El círculo vicioso, señalado anteriormente, expandido, peligroso y, por supuesto, más vicioso. (O)

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