Luego del año electoral del 2021 donde se puede registrar una política económica con bemoles, aciertos y desaciertos, se inicia el 2022 con muchas preguntas y múltiples hipótesis. Terminó un año donde el desempeño económico mostró la decisión del gobierno de continuar el Acuerdo con el FMI suscrito el 2020 incorporando nuevas metas, aspecto positivo y favorable para la economía del país. Así mismo, una administración empeñada en concretar acuerdos de comercio internacional, donde la baja de aranceles y la gradual eliminación del impuesto a la salida de divisas, ISD, son piezas importantes, factores ambos igualmente beneficiosos para el país. Sin embargo, se dieron acciones poco compatibles con esa política económica que busca el orden fiscal y la inserción del Ecuador en la economía externa, las que han sido, entre otras, la eliminación del ajuste gradual al precio de los derivados de petróleo, el aumento del salario mínimo (SMVG) a USD 425 mensuales y las líneas de crédito a través de Banecuador al 1% de tasa de interés anual y a 30 años plazo. En el primer caso, el alcanzar los precios internacionales de los derivados era una reforma estructural apoyada por los multilaterales, por lo que el congelamiento de precios contraviene esa sana política que además apoyaba la reducción del contrabando y el consumo de derivados fósiles de energía. El aumento del SMVG no tiene ningún sustento técnico, pues la fórmula que técnicamente se definió con el Banco Mundial desde el 2020 se la desconoce, retrocediendo con ello a decisiones puramente políticas sin que se mantenga un principio técnico y sano para la economía. El caso de los créditos en condiciones tan ventajosas no es compatible con la realidad ni del mercado ni de la estructura financiera de la banca pública donde está Banecuador. Solo el costo de fondeo de Banecuador debe estar en 4% o 5%, lo que hace técnicamente imposible prestar al 1% y a ese plazo. Por lo tanto, no hay duda que estas acciones responden primordialmente más a factores políticos que a criterios técnicos.

La política económica del año 2022 deberá enfrentar algunos retos como es la conclusión y el cierre de metas del Convenio con el FMI, del cual se deriva cerca de USD 4.000 millones de financiamiento externo incluyendo a todos los multilaterales, la aprobación de otras reformas económicas como la laboral que deberá ser discutida y aprobada en la Asamblea Nacional, el tratamiento de una reforma al sistema pensional y de salud de la seguridad social que ya no podrá seguir postergándose por ser una necesidad urgente que tiene significativas incidencias fiscales y la no reducción de precios de los derivados de petróleo que buscan algunos movimientos políticos. Todo esto, entre muchas otras decisiones, deberán encaminarse para avanzar en dos metas fundamentales de la economía: la recuperación económica y la reducción del desempleo y subempleo.

La reactivación productiva se producirá con más inversión eminentemente privada pero ésta vendrá siempre y cuando el gobierno sea más estratégico, directo y agresivo en la búsqueda de inversionistas externos. El Acuerdo firmado con la DFC (Development Financial Corporation) de los Estados Unidos es una ventana para este propósito. Así mismo, la reducción de ciertos costos de producción en el país como la baja arancelaria, una reforma laboral más flexible, mayor estabilidad tributaria y menores costos de financiamiento, son también decisiones que permitirán reactivar la producción y reanimar el empleo. Muchas de estas necesidades de la gestión económica deberán acompañarse de una real reducción del tamaño del Estado que sigue generando profundos déficits fiscales y la dependencia permanente al endeudamiento público. Un denominador común para que todo esto funcione será la gestión política del gobierno y, sin duda, la colaboración de otros ámbitos como la Asamblea Nacional, el sector privado y la sociedad civil. Si no avanzamos a mejor ritmo con el gobierno, lo que ocurra luego en el país puede ser de pronóstico reservado. (O)