Una vez disuelta la Asamblea Nacional por parte del presidente Guillermo Lasso aplicando el esquema constitucional conocido como la “Muerte Cruzada”, al actual gobierno le restan aproximadamente 6 meses de gestión, asumiendo que el actual Jefe de Estado no se candidatice nuevamente a la presidencia de la república y no resulte electo. Este supuesto es importante, pues las acciones que deba desarrollar en estos meses no serían las mismas si ya se retira del cargo frente a lo que ejecute si tiene expectativas de continuar en la función. Luego de estos meses habría que también analizar cuál podría ser la política económica aplicada en lo que resta del actual período de gobierno bajo el supuesto que sea un nuevo binomio el que resulte ganador en las próximas elecciones de este año.
La posibilidad de aplicar una política económica de “texto”, es decir, un esquema ortodoxo donde se acentúe el ajuste fiscal y se adopten decisiones absolutamente de mercado, parecería tiene una posibilidad baja de presentarse. El país, mas allá del presidente, requiere de una reforma laboral que permita un marco legal más moderno y flexible que facilite la contratación de personal y colabore con el objetivo de generar más empleo. Esto significaría que se realicen propuestas para modificar el actual esquema de costos por despidos, la vigencia de la jubilación patronal, las modalidades de contratación, entre muchas otras. No se menciona el caso del pago por horas, pues parecería que esta necesidad de la forma de remuneración demanda una reforma constitucional. Sin embargo, la debilidad política del gobierno y un eventual riesgo de que una reforma profunda aliente un “calentamiento de las calles” haría suponer que las decisiones en este campo, de abordarse este tema laboral, serían más blandas y menos profundas.
Otro aspecto que merece un cambio importante es la seguridad social, pues tal como está la situación, la capacidad de pagar pensiones se torna cada vez más difícil. El gobierno ha conformado un equipo de trabajo muy experimentado y conocedor del tema y se espera un documento final que aborda propuestas en el ámbito pensional. Muchas de ellas deberán abordar reformas a determinados parámetros como la edad de jubilación o el número de años de aportes para el cálculo de la jubilación, siendo todos temas sensibles en lo social y político. En ese sentido, las reformas que deban adoptarse también deberán considerar el entorno político, por lo que no se podría asegurar que se aborden los temas con la profundidad necesaria. Así mismo, el Ecuador es casi la excepción de la región donde el IESS recibe una aportación del Estado equivalente al 40% de las pensiones, situación que si se la proyecta en pocos años no podrá atenderse por parte del presupuesto del Estado, pues serían cifras inmanejables. Similar situación se presenta con la atención de salud por parte de la seguridad social, pues en la gran mayoría de país la única responsabilidad está en el ámbito pensional y no en el de salud, donde el IESS registra múltiples problemas de gestión, de administración y de corrupción. Por ello una reforma pensional sin una que cambie la atención en salud resultaría incompleta. Igual inquietud a la anterior se presenta en esto, pues las restricciones políticas hacen difícil asumir que se podrían hacer los cambios profundos que se requieren.
Para el año y medio restante, para cualquier nuevo gobierno, los esfuerzos deberán abordar las limitaciones fiscales, el bajo crecimiento económico y sin duda las necesarias acciones en materia de seguridad. El gobierno en lo que resta de gestión debería avanzar en lo que más sea posible, pues las críticas de corto plazo, sea con reformas “suaves o duras” siempre van a llegar pero la historia juzgará si éstas avanzaron en la magnitud necesaria para beneficio del país. (O)
