El gobierno del presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional una iniciativa en materia económica para incrementar la tasa del IVA del 12% al 15%. El destino de los ingresos por este concepto se ha anunciado serán para atender los gastos derivados de la lucha contra el narcotráfico, la guerrilla y la delincuencia organizada. Se asume que esta urgencia económica costará alrededor del 1% del PIB de forma anual, es decir, algo más de USD 1.000 millones por año. Esta necesidad de fondos es adicional a los problemas fiscales que se registran como es el déficit del 2023 de USD 6.700 millones y los atrasos por más de USD 4.000 millones, es decir, un requerimiento de fondos superior a 10% del PIB. 

La propuesta gubernamental recaería en una economía que se estima crezca el presente año en 0.8%, porcentaje incluso menor al del año pasado que fue ligeramente superior al 1%. Estos ritmos de aumento del PIB son inferiores al 1.4%, porcentaje que muestra el crecimiento poblacional, es decir, es un incremento que no permite mejorar las tasas de desocupación y subempleo. Esto es importante porque no es igual un aumento impositivo en una economía que está estancada que en una que muestre un mayor dinamismo. Normalmente, una tasa del IVA del 12% debe rendir por cada punto porcentual aproximadamente la mitad de esa tasa medida en millones de dólares, es decir, USD 600 millones anuales. Como se trata de 3 puntos adicionales, el incremento debería significar cerca de USD 1.800 millones anuales. Sin embargo, por tratarse de una economía estancada, se estima que la contribución será menor, es decir, alrededor de USD 1.300 millones anuales.

Algunos opinan que este supuesto aumento podría implicar una mayor contracción económica por grabar al consumo que representa cerca del 70% del PIB, no obstante, el resultado de reducir la inseguridad como resultado de los fondos derivados de este aumento del IVA, problema que de por sí es una limitación para el crecimiento económico y para la inversión, podría anular un eventual impacto en el consumo. Así mismo, no está totalmente comprobado que la demanda interna responda a la tasa del IVA, vale decir, que el IVA sea la variable que explique un aumento o una contracción de la actividad económica. Probablemente son otros factores como la capacidad de compra de la ciudadanía, los elevados aranceles de productos importados, la tasa de desempleo y subempleo, los que mayormente expliquen porque la demanda agregada no se comporta de una forma más dinámica.

La magnitud del desequilibrio fiscal, por las cifras anotadas, difícilmente podrá resolverse únicamente por un aumento del IVA, se va requerir que el gobierno también adopte otras decisiones por el lado del gasto público. Estas acciones deberían dirigirse a una revisión del actual sistema ineficiente de subsidiar los precios de los derivados del petróleo, esto es, especialmente gasolina y diesel. Nunca debe subsidiarse precios porque esto no permite focalizar y el estado termina subsidiando a todos, más a los que no lo requieren y menos a los que sí necesitan del apoyo estatal. Con la experiencia del ajuste gradual mensual de precios aplicado el 2020 y 2021 debe retomarse un esquema que permita alcanzar los precios internacionales de estos derivados y permitir que éstos precios fluctúen de acuerdo al mercado internacional, como es el caso en todos los países excepto Venezuela. Se despolitizaría este sistema de fijación de precios. De forma paralela debe subsidiarse a las personas o sectores que podrían verse afectados por este aumento de los precios especialmente del diesel, por lo que debería dirigirse el apoyo estatal al transporte público, a la pesca artesanal o al transporte de carga. A pesar de esta ayuda estatal, el beneficio anual para el fisco sería superior a los USD 2.500 millones anuales, además del beneficio de corregir un subsidio que ha beneficiado a contrabandistas y al propio narcotráfico. 

Es necesario el inicio de una renegociación amigable y de mercado de la deuda con tenedores de bonos y la búsqueda de un nuevo acuerdo con los multilaterales que permita obtener financiamiento externo en buenas condiciones y con la mayor prontitud.

Gastos excesivos en bienes y servicios así como el desperdicio de fondos inclusive en sectores como salud y educación, aparte de la mala calidad del gasto, son otras acciones que podrían contribuir a ir resolviendo el problema fiscal abriendo espacio para financiar lo necesario para la inseguridad. Las transferencias a gobiernos seccionales, los gastos desmesurados en entidades públicas, instituciones de control, banca pública, superintendencias, gobiernos seccionales que no rinden cuenta de las transferencias que reciben del gobierno central, entre muchas otras acciones, deben también aplicarse.

El gobierno requiere un programa económico integral, con decisiones permanente y no temporales. El problema de la inseguridad no es un tema de soluciones inmediatas, va a demandar recursos de forma permanente, por lo que sugerencias de impuestos temporales no calzan para esta realidad.

La política económica debe observar el bosque y no unos pocos árboles. Aplicar medidas solo en el lado del ingreso fiscal y no ajustar el gasto público, donde incluso hay más grasa, no son sostenibles y técnicamente son menos eficientes. (O)