Después de años ejerciendo la profesión, he escuchado demasiadas veces la misma frase: "Así funciona la justicia." Siempre me ha incomodado. No porque describa una verdad absoluta, sino porque refleja algo mucho más peligroso: la resignación de quienes han comenzado a creer que obtener una decisión justa depende más del dinero o de las influencias que de las pruebas y del derecho.
Ninguna democracia puede permitirse normalizar esa idea.
La corrupción tiene múltiples causas, pero una de las más destructivas es la avaricia. Es el momento en que una persona deja de entender el cargo que ocupa como un servicio público y comienza a verlo como una oportunidad de enriquecimiento. Cuando alguien cree que una firma, una actuación procesal o una decisión judicial pueden tener un precio, deja de servir a la justicia para empezar a servirse de ella.
Ese es el verdadero quiebre institucional.
Ser juez, fiscal o servidor judicial implica mucho más que conocer la ley. Significa asumir un compromiso permanente con la verdad, la independencia, la imparcialidad y el respeto al debido proceso. Cada resolución debería construirse sobre la evidencia, la correcta aplicación del derecho y una motivación suficiente, nunca sobre intereses ajenos a la función pública.
También sería profundamente injusto desconocer otra realidad: existen numerosos jueces, fiscales y servidores judiciales que ejercen sus funciones con absoluta honestidad, ética y profesionalismo. Son ellos quienes, muchas veces en silencio, sostienen la credibilidad de un sistema que enfrenta enormes desafíos.
Precisamente por respeto a esos funcionarios íntegros no podemos mirar hacia otro lado cuando existen indicios serios de actuaciones irregulares. Cada acto de corrupción no solo perjudica a quien interviene en un proceso judicial. También lesiona el trabajo de miles de servidores públicos que cumplen correctamente con su deber y termina sembrando una desconfianza generalizada sobre toda la institución.
La corrupción judicial no solo afecta un expediente. Tiene consecuencias económicas, sociales e institucionales. Un empresario deja de invertir cuando siente que las reglas pueden alterarse por intereses indebidos. Un ciudadano renuncia a reclamar sus derechos cuando cree que la justicia tiene precio. Un joven abogado comienza a preguntarse si el mérito realmente importa. Poco a poco, la confianza deja de depositarse en las instituciones y empieza a depositarse en el poder económico o en las influencias.
Ese es el daño más profundo.
Denunciar nunca será un camino sencillo. Implica desgaste emocional, incertidumbre, tiempo e incluso temor. Sin embargo, guardar silencio tampoco fortalece a las instituciones. Al contrario, cuando las personas dejan de utilizar los mecanismos de control previstos por la ley, la sensación de impunidad encuentra el terreno perfecto para crecer.
Si existen hechos que razonablemente hagan presumir una actuación contraria a la ley o a la ética pública, deben ser puestos en conocimiento de las autoridades competentes para que sean investigados con independencia, objetividad y pleno respeto al debido proceso. Denunciar no significa condenar anticipadamente a nadie. Significa permitir que las instituciones cumplan la función para la cual fueron creadas.
La lucha contra la corrupción no puede recaer únicamente sobre los órganos de control. También requiere ciudadanos que no acepten como normal aquello que nunca debió serlo.
Porque el problema no comienza el día en que alguien solicita o recibe un beneficio indebido. El problema se vuelve estructural cuando la sociedad deja de sorprenderse y empieza a decir, con resignación: "Así funciona la justicia."
No. Así no debería funcionar.
Y aquí hay una lección que casi ningún empresario quiere escuchar hasta que ya es tarde: la mejor defensa frente a un sistema imperfecto no es un buen abogado litigante. Es no necesitarlo.
Las empresas que mejor resisten la incertidumbre judicial no son las que mejor litigan. Son las que nunca llegan a litigar, porque su estructura legal y fiscal fue diseñada, desde el inicio, para no dejar zonas grises ni decisiones libradas al azar de un expediente.
La confianza en la justicia se recupera con instituciones íntegras. Pero mientras eso ocurre, la protección de tu empresa no es algo que se improvisa cuando el problema ya llegó. Es algo que se decide con anticipación, cuando todavía hay margen para elegir.
La justicia no puede tener precio. Porque el día en que aceptamos que una decisión puede comprarse, la primera víctima no es una de las partes procesales.
La primera víctima es la confianza de todo un país. (O)
