El uso de la fuerza o las mentiras que se repiten no ocultan la verdad de los hechos ni cambian la racionalidad de los eventos económicos. No porque muchos griten sobre los supuestos perjuicios de una determinada política económica hace que la misma refleje lo que no existe. Este es el caso del precio de los derivados de petróleo, llámese las gasolinas, el diesel o el gas de consumo doméstico. Estas formas de energía responden a un proceso y su extracción tiene costos importantes, sean éstos absorbidos por el Estado o sean cubiertos por el sector privado. Sin embargo, lo importante es entender si subsidiar los precios de los derivados del petróleo favorece o no a la población nacional.

Es importante preguntarnos si es correcto establecer un subsidio a un precio cuando su comportamiento responde a factores ajenos a la decisión de cualquier gobierno. La respuesta es no, pues en la medida que el precio del petróleo y el precio de los derivados responde al mercado internacional, siendo el Ecuador un jugador marginal, establecer precios internos subsidiados alejados de esa realidad externa solo produce pérdidas para el país y esa merma de recursos reduce la capacidad para atender necesidades sociales urgentes. En la región solo Venezuela aplica este tipo de subsidios, pues el resto de países hace muchos años establecieron precios acordes a la realidad internacional. En el caso del Ecuador, en los 50 años que produce petróleo ha subsidiado los precios de las gasolinas, el diesel y el gas y el monto destinado probablemente se acerque a los USD 30 mil millones. Quiénes han sido los únicos beneficiados? Los sectores más acaudalados, los consumidores de países vecinos que consiguen derivados más baratos a través de contrabando y los propios contrabandistas de combustibles. Los pobres no se han beneficiado en nada de esta errada política. Existe gran abundancia de investigaciones que prueban lo anotado, añadiendo que el 90% del subsidio termina apropiándose el 10% de la población más adinerada. En otras palabras, este subsidio no cumple uno de los más importantes requisitos que debe cumplir una subvención estatal, ésta es, que beneficie directamente solo a la población que requiere ese apoyo del Estado.

Lo argumentado por sectores opuestos a que el precio de los derivados se establezca en valores reales indican que el ajuste a los combustibles genera inflación y, por lo tanto, por esa vía afecta a los más pobres. Este es otro enunciado equivocado y totalmente alejado de la realidad. Los ajustes de precios aplicados en enero del año 2003 y en junio del 2020, éste último a través de un sistema de ajustes de precios mensuales, fueron acompañados por reducciones permanentes y continuas de la inflación. Por otra parte, los combustibles forman parte de uno de los componentes de los costos totales del transporte de carga o de pasajeros, por lo que su ajuste hacia valores internacionales incide únicamente en la proporción o el peso del costo del combustible respecto a toda la estructura de precios de las unidades de transporte.

Es también relevante destacar que mantener precios de los derivados acordes al mercado internacional no significa que el gobierno no pueda subsidiar de manera focalizada a algún sector que lo requiera. Si por ejemplo es necesario compensar un determinado incremento de precios del diesel al transporte de carga o de personas, el gobierno puede de forma directa subvencionar a esos sectores con, por ejemplo, importaciones sin arancel de partes y piezas. Este tipo de subsidio focalizado actúa de forma mucho más eficiente que un subsidio abierto para todos, es decir, cuando es el precio del diesel el subsidiado, favoreciendo así principalmente a los sectores más adinerados.

El argumento adicional que debemos señalar es que subsidiar este precio va en contravía contra cualquier política de protección del medio ambiente. No se puede ampliar la zona de protección marítima de las Islas Galápagos o buscar frenar la producción minera o petrolera y, al mismo tiempo, subsidiar el precio de un combustible fósil, pues es una incoherencia e inconsistencia de fondo y de forma. Lo que sí se debe aceptar, es que el precio de las gasolinas, del gas o del diesel, es una bandera de lucha política y de ganancia electoral, lo que en absoluto justifica decisiones contrarias al beneficio de la ciudadanía. (O)