Es altamente probable que la gran mayoría de los ecuatorianos compartan el criterio que el empleo y la seguridad son los problemas que más preocupan a la ciudadanía. Algunas mediciones confirman este hecho. Sin embargo, asoma como ilógico que las acciones de movimientos políticos y movimientos sociales conspiren contra las acciones que podrían ayudar a resolver estos males. En el caso del empleo y sus manifestaciones más visibles como el desempleo y subempleo, los que concentran el 70% de la población económicamente activa, no se entiende que sigan existiendo posiciones que lejos de favorecer la contratación van en contra de estas propuestas. Si bien es cierto que la Ley Laboral aún no se la discute, ya se conocen los postulados de grupos políticos que lejos de analizar y tratar de entender un esquema más moderno y flexible para contratar trabajadores siguen sosteniendo tesis como la inexistente intención de afectar los derechos adquiridos. De igual manera, fortalecer las finanzas públicas para poder redirigir recursos a la seguridad también encuentra actores que van en contravía, pues oponerse a reducir el tamaño del estado o redefinir su rol, es conspirar con la ineludible necesidad de liberar recursos para redirigirlos a urgencias como la seguridad ciudadana.
Lo cierto es que el país se encuentra en un torbellino de desempleo e inseguridad, agigantados últimamente pero sembrados desde hace más de una década, con acciones que al tiempo de destruir la economía alentaron la presencia de grupos vinculados al narcotráfico. Desde el 2007 se sembró el desorden económico al aplicar un esquema de uso de la economía como un fin político y no como un objetivo propio de manejo económico. El gasto público sin control financiado con más de una veintena de reformas tributarias, apoyado con elevados ingresos fiscales por la ventura de altos precios del petróleo y una expansión acelerada de la deuda pública pasó la factura que la estamos pagando todos los días. La libre entrada de inmigrantes al país, la tolerancia al consumo de estupefacientes, los cambios en la órbita penal que alimentaron comportamientos fuera de la ley, son acciones entre muchas otras, que hoy se expresan en la inseguridad y la delincuencia.
Lo cierto es que en una esquina están los grupos políticos que solo buscan el rédito electoral y pescar a río revuelto y, por otro, está un problema que ya rebasa las fuerzas del orden y se torna cada vez más angustiante. Los centros de rehabilitación penitenciaria, más conocidos como cárceles, son centros de formación de delincuentes donde, puertas adentro, no hay ni Dios ni Ley. La Policía Nacional no ha logrado vencer a los delincuentes apresados, los que siguen coordinando sus acciones con los que libremente deambulan por el país cometiendo crímenes de toda naturaleza. El gobierno hace su mejor esfuerzo, no lo dudo, pero el problema se salió de las manos y parecería se están dando palos de ciego tratando de resolver un problema que aún no lo llegamos a diagnosticar correctamente por lo que peor podremos corregirlo.
Sin duda la experiencia internacional puede ayudar mucho en encontrar las mejores acciones para ir administrando de mejor forma el cáncer de la inseguridad ciudadana y el manejo de los centros de reclusión.
Así mismo, aquellos que entienden mejor el origen y la solución al problema del empleo, debemos seguir en la incesante travesía hasta lograr las acciones y las reformas necesarias que permitan ir mejorando el bienestar colectivo con más empleo. Es preciso advertir que estos males que son los principales que aquejan hoy al país no se resuelven con atentados a la democracia o con nuevos gobernantes, pues rebasan la coyuntura y terminan siendo parte de los problemas estructurales. Cualquier gobierno tendría que enfrentar estas realidades. No hay que perder el optimismo pero tampoco perder de vista del terreno que estamos pisando. (O)
