En un artículo anterior abordé la necesidad de ser más precisos y justos el momento de abordar el tema económico del actual gobierno y lo que se hizo años atrás. Sin embargo, han seguido los comentarios de diferentes voceros del régimen generalizando lo actuado durante el gobierno de Rafael Correa y lo realizado por el ex presidente Lenín Moreno, como si se tratase del mismo esquema y la misma política económica.

El período 2007 – 2017 se caracterizó por asignar a la política económica un rol absolutamente secundario siempre sujeta a la consecución de objetivos políticos. La economía nunca tuvo metas y objetivos, su comportamiento se sustentó en decisiones que le permitan al gobierno de esa época ganar adeptos políticos y mantener altos niveles de popularidad. Sin entrar en el terreno de los terribles actos de corrupción durante esa década, el manejo económico fue eminentemente populista donde el resultado final fue un país que cuadriplicó la deuda pública, acumuló profundos déficit fiscales a pesar de la bonanza petrolera y una veintena de reformas tributarias, la economía creció un punto y medio menos que lo registrado en el período 2000 – 2006, no obstante de haber contado con el triple de recursos fiscales, generó un distanciamiento con la comunidad internacional, produjo un deterioro las finanzas de la seguridad social, registró niveles de empleo estancados, mostró porcentajes de pobreza descendientes y luego crecientes mientras se deterioraba el indicador de desnutrición crónica infantil, entre muchas otras secuelas. Hasta el día de hoy se viven los embates de ese despilfarro económico.

Con el apoyo de Alianza País y de Correa, salió electo el ex presidente Moreno el 2017 y empezó su gestión con el concurso de varios ex colaboradores de Correa que poco a poco fueron saliendo del gobierno, algunos a responder a la justicia, mientras se cumplía el primer año de gobierno. Por las razones que hayan existido, se cambió el equipo económico y se empezó con un programa que establecía metas fiscales, monetarias y del sector externo al tiempo de emprender un acercamiento a los organismos multilaterales, configurando con ello un cambio radical a lo que se hizo en materia de política económica los 10 años previos y el primer año del gobierno.

La gestión económica de los 3 años últimos del gobierno anterior permitió el 2019 un primer acuerdo con el FMI por USD 10.250 millones que fue suspendido en diciembre de ese año por un problema de conciliación de cifras fiscales. Sin embargo, ese año se produjo la revuelta de octubre con todas las consecuencias económicas y sociales que el país conoce. Una protesta inicial de transportistas fue utilizada por grupos extremistas, por sectores afines el ex Presidente Correa y por movimientos de la izquierda radical de Latinoamérica para desestabilizar al régimen y buscar derrocar al ex Presidente Moreno. Luego de una destrucción del centro histórico de Quito y la agresión a personas, instituciones, bienes de propiedad privada y pública, se consiguió la normalización de las actividades.

En marzo 2020 apareció la pandemia con todos los embates económicos, humanos y sociales que hasta ahora no terminamos de superar y con consecuencias en todos los ámbitos. Esto significó que la previsión de caída del PIB cuando el problema se inició llegaba a una contracción del 11%, recesión estimada que si no actuaba la comunidad internacional con créditos emergentes habría sido una realidad. El nuevo convenio de USD 6.500 millones con el FMI que desembolsó USD 4.000 el 2020 más USD 2.500 millones de los otros multilaterales, colaboró decisivamente para evitar un mayor costo recesivo. Para el 2021 el gobierno de Moreno ya estimó un déficit fiscal de cerca de USD 4.000 millones, pues el déficit cercano a los USD 7.000 millones fue la cifra del año de la pandemia, el 2020. Para ello, el gobierno había conseguido reestructurar la deuda con los tenedores de bonos generando a las finanzas públicas un ahorro anual de cerca de USD 1.000 millones en intereses, pues la tasa de interés promedio bajó del 9.2% al 5.3% anual, extendiendo los plazos de pago y los períodos de gracia en especial para el siguiente gobierno, es decir, para el actual.

Además del financiamiento externo, el gobierno anterior permitió reformas económicas en el ámbito de ajuste de los subsidios a los derivados, a la aplicación de una fórmula que despolitice el establecimiento del salario mínimo, aprobó la Ley Anticorrupción, a pesar del ambiente político adverso, y, consiguió aprobar la Ley de Defensa de la Dolarización. En paralelo suscribió un acuerdo con el DFC de los Estados Unidos (Development Financial Corporation) por hasta USD 3.500 millones atado a la monetización de activos del Estado para promover políticas de mayor crecimiento económico y reemplazar deuda cara por más barata, recursos que otorgaba el gobierno norteamericano a 8 años plazo, 1 año de gracia y al 2.25% anual más Libor a 90 días.

Haber revisado la cifra de crecimiento económico para el 2021 en cerca del 4% es el resultado del programa económico aplicado desde el gobierno anterior. La economía es un proceso, es dinámica y no se puede cortar las fechas tan drásticamente y afirmar que desde el 24 de mayo 2021 todo mejoró, como esta cifra de aumento del PIB. Así no funciona la economía.

Estos son los hechos reales, así que seguir con la cantaleta que todo estuvo mal incluyendo todo el período del ex Presidente Moreno no solo es una imprecisión sino es alejado de la verdad. Con bastante menos recursos fiscales que en la actualidad y teniendo que enfrentar todos los excesos heredados de la década previa y además hacer frente a la peor crisis de la historia con la pandemia, con errores pero también sin vacunas, el actual gobierno continuó en general el esquema de política económica iniciado antes. (O)