Esta semana nuestro país volvió a enfrentarse a una de esas preguntas que duelen, que incomodan y que quisiéramos no tener que formular nunca. Son preguntas que aparecen cuando algo se ha quebrado antes, cuando una noticia nos obliga a mirar una realidad que preferiríamos no conocer. ¿Están realmente seguros nuestros niños, niñas y adolescentes?

Como madre, docente, ciudadana y, sobre todo como ser humano, me descubro pensando una y otra vez en la misma inquietud: cuando dejamos a nuestros hijos en una institución educativa ¿podemos estar completamente seguros de que regresará a casa? ¿Podemos tener la certeza de que no serán víctimas de violencia física, psicológica o sexual? ¿Podemos confiar en que los espacios que deberían protegerlos son realmente seguros?

La respuesta debería ser sí, un sí firme, un sí sin condiciones., un sí respaldado por las familias, por la escuela, por las instituciones y por una sociedad que comprende que la infancia merece protección absoluta. Sin embargo, la realidad nos está diciendo otra cosa.

Durante los últimos años, Ecuador ha sido testigo de acontecimientos profundamente dolorosos que involucran a niños, niñas y adolescentes. Casos de violencia sexual en instituciones educativas, situaciones de acoso escolar, niños víctimas de maltrato dentro de sus propios hogares y adolescentes asesinados en contextos de violencia criminal. Cada noticia genera indignación momentánea, pero también debería generar reflexión profunda: ¿dónde estaban los adultos? ¿Qué estamos haciendo para protegerlos?

Porque cada vez que un niño es víctima de violencia no fracasa únicamente quien agrede, también fracasan las redes de protección que debían rodearlo, fracasa la familia cuando no escucha, fracasa la escuela cuando no detecta señales, fracasa la comunidad cuando decide mirar hacia otro lado y fracasamos todos cuando pensamos que el bienestar de los niños es responsabilidad exclusiva de sus padres.

Las cifras muestran que la violencia contra la infancia en Ecuador no es un hecho aislado, la UNICEF ha señalado que uno de cada dos niños menores de cinco años sufre algún tipo de maltrato físico o psicológico dentro del hogar. Durante la última década se han registrado miles de casos de violencia sexual en el sistema educativo. Los homicidios de niños y adolescentes también han aumentado de forma alarmante y varios de estos están relacionados con los actos de violencia por los que atravesamos como país. 

La violencia contra la infancia suele estar asociado al abuso de poder, el agresor aprovecha una posición de autoridad, confianza o influencia. Observa, identifica vulnerabilidades, construye cercanías y utiliza esa relación para controlar a la víctima. Por eso resulta tan difícil comprender estos hechos, porque muchas veces el agresor no se parece al monstruo que imaginamos, se parece a alguien conocido. 

Quizá uno de los mayores desafíos de nuestra sociedad, consiste en aprender a escuchar a los niños con la misma seriedad con la que escuchamos a los adultos. La protección es responsabilidad de todos, familias, docentes, comunidad, estado. La Convención sobre los Derechos del Niño establece claramente que los niños deben estar protegidos frente a cualquier forma de violencia. El Código de la Niñez y la Adolescencia refuerzan estos principios. 

Existe una idea que me parece especialmente valiosa y que podríamos aprender de algunas culturas asiáticas. En países como Japón, Corea del Sur o Singapur existe una fuerte noción de corresponsabilidad social, los niños no son vistos únicamente como responsabilidad de sus padres, son considerados parte de la comunidad. 

Esto no significa que esos países estén libres de problemas, ninguna sociedad lo está, sin embargo, existe una expectativa colectiva de cuidado, los vecinos observan, las escuelas colaboran con las familias y los espacios públicos se entienden también como espacios de protección. 

Quizá esa sea una de nuestras grandes deudas; hemos descuidado demasiado la protección infantil. Pensamos que los niños pertenecen exclusivamente a sus familias y olvidamos que el bienestar de la infancia es un asunto que involucre a toda la sociedad. 

Que ningún niño sea ajeno, que ninguna institución sea más importante que una vida, porque cuando protegemos la infancia, protegemos el presente y el futuro de una vida y porque todos fuimos niños alguna vez. (O)