No existe actividad económica o negocio que no tenga riesgos. Lo importante es que éstos sean los menores posibles o que se los pueda administrar de la mejor forma. Esto significa que una de las mayores responsabilidades de una autoridad económica es minimizar los riesgos que atenten contra la sanidad de una economía para lo cual la pasividad o acciones mas reactivas que proactivas promueven riesgos cada vez mayores o alientan a que éstos se presenten.
El Ecuador mantiene desde hace más de una década un sistema de tasas de interés inadecuado, el mismo que no refleja ni las condiciones cambiantes del mercado ni los vaivenes de la economía internacional, en un contexto de apertura económica y en un país dolarizado dependiente en mayor grado de lo que ocurra en los mercados externos. Esto, sin embargo, no se lo puede analizar de forma aislada de otro tipo de riesgos que pueden retroalimentarse y generar problemas de mayor envergadura.
Con mucho esfuerzo a inicios del 2021 el gobierno anterior logró que la Asamblea Nacional apruebe una reforma económica que modificaba el marco normativo en materia monetaria y fiscal y le brindaba al Banco Centra mayor autonomía e independencia. Esta Ley que fue aprobada en la Asamblea en el tercer envío del gobierno introdujo algunos cambios respecto al texto original pero respetó los principios básicos de la norma. Esta Ley fue la que se denominó “Ley de Defensa de la Dolarización” estableciendo un marco normativo que defiende las reservas internacionales a que las mismas no puedan ser objeto de un uso inadecuado como lo fueron en la década del ex Presidente Correa. En esos años el BCE le entregó cerca de USD 8 mil millones al gobierno de la época a que éste los use a su libre albedrío a cambio de la entrega de bonos de estado que fueron a reposar como activos ilíquidos del Banco Central. La esencia de esta Ley fue precautelar que los fondos depositados en el BCE se mantengan líquidos y a disposición de sus dueños, vale decir, los gobiernos seccionales, el IESS que maneja las contribuciones de sus afiliados, las entidades autónomas y los depósitos de bancos y cooperativas, es decir, fondos del público. Únicamente los recursos depositados por el gobierno a través de la cuenta del tesoro es la que según las necesidades presupuestarias pueden ser utilizadas según decida el Ejecutivo. Esto significa que esa liquidez en el BCE que corresponden a las reservas internacionales tienen dueños y no son propiedad del gobierno. Sin embargo, hay comentarios equivocados que señalan la conveniencia de que esa liquidez pueda dirigirse a la actividad productiva y reactivar la economía. En otras palabras, que el BCE se convierta en un banco comercial como cualquiera que opera en el mercado y preste esos fondos.
EL BCE es un banco que administra las reservas internacionales, es un banco de reservas que como lo dice la propia Constitución de la República, esto es, debe administrar la liquidez bajo principios principalmente de seguridad y liquidez, por lo que prestar al público o a empresas afectaría seriamente el rol del ex Instituto Emisor. Por otra parte, los recursos de liquidez que fueron prestados al gobierno años atrás, le produjeron un descalce de los activos del BCE, es decir, las reservas internacionales, respecto de los pasivos, vale decir, los depósitos. Ese descalce que fue cercano a los USD 8 mil millones se ha ido recuperando gradualmente por la Ley citada y por el propio programa económico del 2020 que ha continuado aplicándose hasta la presente fecha.
No obstante lo anotado, solo a partir que las reservas internacionales sean suficientes para cubrir los pasivos exigibles del BCE, podría analizarse alguna figura de uso de estos recursos sin que contravengan los principios constitucionales de seguridad y liquidez.
Si el esquema de tasas de interés está reprimiendo el crédito dado el aumento de tasas de interés a nivel internacional, entre otros factores, la presión por el uso de las reservas internacionales vía créditos puede crecer con lo que se atentaría contra la propia dolarización, esquema que defiende la gran mayoría de ecuatorianos.
Debe continuar el programa económico recuperando las reservas internacionales que se despilfarraron en el pasado, púes eso consolida la dolarización y la estabilidad económica pero las autoridades del sector monetario y financiero deben también modificar urgentemente el actual sistema ineficiente de determinación de tasas de interés. Estas son acciones que reducen algunos riesgos en la economía y, por lo tanto, es una obligación adoptarlas. (O)
