En los próximos comicios electorales se ha incluido la pregunta relativa a si la ciudadanía estaría de acuerdo con que el petróleo del bloque 43 llamado ITT (Ishpingo Tiputini Tambococha) debe permanecer bajo tierra y no continuar la explotación del campo. La opinión ciudadana sobre esta consulta está dividida, pues una parte de la población parecería le agrada que se deje de explotar este petróleo por razones fundamentalmente de protección medio ambiental mientras que la posición contraria observa esta decisión inconveniente para la economía del país y para la zona donde se encuentran estos pozos.
Es por tanto necesario se esbocen algunos criterios sobre esta pregunta porque sin duda tiene implicaciones en varias direcciones. Por una parte se debe considerar el contenido de la pregunta por su real conveniencia en las actuales circunstancias. Esto significa razonar si la población conoce lo que significa el ITT, sus implicaciones en el ámbito del medio ambiente y sus relaciones con la economía nacional. La verdad es que el desconocimiento es general. ¿Cómo puede aceptarse que la ciudadanía decida algo que no conoce? Asoma como totalmente inoportuno y hasta irresponsable que se pregunte sobre un tema de tanta trascendencia para el país cuando hay el más absoluto desconocimiento ciudadano.
También debe anotarse que la explotación de este campo ha cumplido con todos los requisitos de protección medio ambiental y hasta la presenta fecha, hasta dónde se conoce, no ha producido daño alguno. Así mismo, es pertinente anotar que la población de esa zona de aproximadamente 2.500 personas ha recibido por más de una década apoyo derivado de esa producción petrolera en materia vial, en salud, en telecomunicaciones, educación y otros beneficios.
La producción petrolera del bloque ITT representa aproximadamente un quinto de la producción total representando ingresos netos de alrededor de USD 1.200 millones anuales para las finanzas públicas, considerando para ello un precio del barril de USD 66 y un costo de producción de USD 18 el barril. A esto debe sumarse los USD 1.900 millones que significó la instalación del campo y los USD 500 millones que costaría el desmontaje del mismo. En un período de 2 décadas, los cálculos basados en los mismos USD 66 el barril y una producción diaria de 55 mil barriles, implicaría ingresos para el estado cercanos a los USD 14 mil millones. Por lo tanto, ¿es viable para la realidad actual de las finanzas estatales prescindir de estos ingresos en un rubro que ni siquiera ha dado muestras de contaminación ambiental?
Es importante considerar que la búsqueda de un reemplazo de ingresos para el fisco y para la economía privada, de ser viable, va a demandar un plazo no especificado que bien puede requerir algunos años, en cuyo caso, podría significar la inmediata reducción de gastos especialmente en egresos de capital, lo que su vez provocaría mayor contracción económica. También podría implicar compensar esa baja de ingresos con mayor endeudamiento público externo o interno, lo que comprometería la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo.
El precedente que generaría una decisión de esta naturaleza, es decir, dejar el petróleo bajo tierra, sería absolutamente perjudicial para atraer la necesaria inversión extranjera en varias actividades como el mismo petróleo o la minería. Se conformaría una señal poco amigable con los mercados internacionales, situación que seguiría frenando seriamente la necesaria reducción del riesgo país, lo que entre otros perjuicios encarece el financiamiento externo para el sector público y privado.
Si bien el uso de los ingresos peroleros a lo largo de los años no ha sido el mejor, si bien la corrupción ha estado presente, esto no da pie para obstaculizar continuar con la producción petrolera. El que algún ciudadano se cruce con su vehículo el semáforo en rojo no es razón para desmontar los semáforos. Hay que sancionar al que corresponda para beneficiar a la mayoría.
Dejar sin efecto la producción del campo del ITT constituiría una decisión correcta si el daño ambiental sería real y relevante, si las finanzas públicas o la economía en general no necesitaría de esos recursos o si la población no registrara tanta necesidad. Esa no es la realidad actual del Ecuador.
Por lo anotado, de triunfar en la pregunta de la Consulta Popular el sí, es decir, dejar el petróleo bajo tierra, los daños a la economía serían muy significativos y el beneficio ambiental sería muy marginal. Ojalá brille la sensatez y el país decida lo que más le beneficie. (O)
