El país arrastra una crisis profunda en su sistema de salud desde hace más de una década. No se trata solo de cifras, porcentajes o informes técnicos; detrás de la compleja situación de desabastecimiento de medicamentos hay millones de ecuatorianos esperando soluciones inmediatas, eficientes y sostenibles. Estas falencias comprometen diagnósticos oportunos, tratamientos continuos y, en muchos casos, la vida misma de los pacientes, especialmente de los más vulnerables.
Lo que hoy vivimos es el resultado acumulado de años sin una política clara, previsible y coherente que garantice el abastecimiento de medicamentos en la red pública. La falta de planificación y transparencia, los errores en los listados de requerimientos y la sustitución constante de los mecanismos de compra han generado un entorno incierto y, sobre todo, ineficiente. A pesar de los múltiples intentos en distintos gobiernos —desde compras de emergencia hasta esquemas de intermediación o subcontratación— los resultados han sido insuficientes, y han terminado por erosionar la confianza tanto entre los actores del sector como en la ciudadanía.
A esto se suma un problema de fondo: la falta de información clara y confiable. Sin datos públicos, verificables y actualizados sobre inventarios, presupuestos, compras y necesidades reales, la respuesta se vuelve reactiva, improvisada y discrecional. Esta situación no deja espacios para la previsibilidad que permite tener una visión de largo plazo que genere confianza, y que atraiga más innovación e inversión en el sector. Aunque la Constitución ordena aumentar el financiamiento anual en salud, y los presupuestos cumplan con esa disposición, en la práctica, lo ejecutado entre 2008 y 2024 ha oscilado entre el 1,4% y el 2,8% del PIB, muy por debajo del 4% requerido. Conocer cuánto se asigna, cuánto se ejecuta, y bajo que criterios se invierte, es esencial para reconstruir confianza y permitir una planificación responsable.
Los datos oficiales muestran la gravedad del momento. En el IESS, el abastecimiento promedio ronda el 65%, pero apenas el 45% para enfermedades catastróficas y raras. El Ministerio de Salud, por su parte, reporta un 45% de abastecimiento, y en algunos de sus hospitales emblemáticos llegan a porcentajes por debajo del 30%.
La falta de espacios permanentes y legítimos para el análisis y la toma de decisiones conjuntas también ha sido un obstáculo crítico. Las llamadas "mesas de trabajo" suelen quedarse en ejercicios simbólicos, espacios unidireccionales de difusión, o un pretexto para cumplir con un proceso de socialización sin verdadera participación, ni corresponsabilidad. Es urgente crear, bajo el liderazgo del Gobierno Nacional, una Plataforma de Colaboración Multisectorial con mandato, objetivos y gobernanza claros, donde se promueva la participación real de todos los actores. Un sistema de salud que atiende a 18 millones de personas exige decisiones construidas entre el Gobierno, los profesionales de salud, los pacientes, la industria, las organizaciones sociales y la academia. Sin concertación técnica y multisectorial, ninguna reforma será sostenible.
Superar esta crisis requiere acciones inmediatas, pero también reformas profundas. A corto plazo es posible avanzar con mecanismos ya disponibles y subutilizados: la compra de los medicamentos que constan en el catálogo electrónico del SERCOP —282 ítems del Cuadro Nacional— permitiría abastecer a las unidades de salud en un plazo de 15 a 30 días. En paralelo, debe retomarse la Subasta Inversa Corporativa, esta vez con la exigencia indispensable de contar con Registro Sanitario previo, decisión que generaría seguridad al proceso y la continuidad del abastecimiento con proveedores serios.
Adicionalmente, existen oportunidades con mecanismos innovadores de acceso a medicamentos, implementados con éxito en el mundo, incluidos países de la región. Los Acuerdos de Acceso Administrado permiten a las instituciones del Estado pagar según resultados, compartir riesgos financieros y garantizar acceso a terapias avanzadas. Son herramientas probadas en Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Panamá y Brasil. Ecuador aún no cuenta con un marco regulatorio para adoptarlos, a pesar de su potencial para garantizar seguridad, eficiencia y sostenibilidad en la provisión de tratamientos únicos o de alta complejidad.
Pero nada de esto será suficiente si no se fortalece de manera estructural el sistema de contratación pública. En cinco años, la normativa ha sido reformada más de veinte veces, generando inseguridad jurídica, procesos inestables y un entorno impredecible, tanto para la oferta pública como privada. Esto, sumado a la alta rotación de ministros y funcionarios, no permite contar con reglas claras, estables y técnicamente justificadas, que sean acompañadas de procesos de planificación robustos, con información transparente y mecanismos de auditoría social que permitan optimizar los recursos y reducir riesgos de corrupción.
Esta crisis ha mostrado que ningún actor, por sí solo, puede sostener al sistema de salud. El país requiere una visión común, decisiones valientes y un compromiso sostenido que supere los ciclos políticos. La vida de millones de ecuatorianos y el desarrollo productivo del país dependen de ello, ya que cuando la salud progresa, todo progresa. (O)
