El 25 de marzo, un jurado de Los Ángeles emitió un veredicto que Silicon Valley intentó evitar durante años, después de gastar cientos de millones de dólares.

Después de más de 40 horas de deliberación a lo largo de nueve días, con testimonios en vivo del director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y del jefe de Instagram, Adam Mosseri, el jurado concluyó que Meta y YouTube, que pertenece a Google, actuaron con negligencia en el diseño de sus plataformas. Además, determinó que esa negligencia fue un factor decisivo en el daño que sufrió una joven identificada en el juicio como KGM, o "Kaley".

El jurado le otorgó US$ 3 millones por daños compensatorios y, después de concluir que las empresas actuaron con "malicia, opresión o fraude", sumó otros US$ 3 millones por daños punitivos. Meta cargó con el 70%, mientras que YouTube asumió el 30% restante.

Esa cifra resulta casi irrelevante. Lo que de verdad importa son las implicancias.

Quizás esta sea la primera vez que un jurado responsabiliza a las grandes tecnológicas por la forma en que construyeron sus plataformas. No por lo que los usuarios publicaron en ellas, sino por decisiones de ingeniería que forman parte del producto. ¿Este es el comienzo del momento más trascendente para la responsabilidad corporativa desde la caída en desgracia de la industria tabacalera en la década de 1990?

¿Qué pasó en el tribunal?

Kaley —cuyo nombre completo no se conoció públicamente— presentó la demanda en 2023, cuando tenía 17 años. Afirmó que empezó a usar YouTube a los 6 y que abrió su primera cuenta de Instagram a los 9, cuatro años antes de la edad mínima de 13 que fijó la plataforma. Para cuando terminó la escuela primaria, ya había publicado 284 videos en YouTube. Casi todas sus publicaciones en Instagram incluían filtros de belleza.

Según declaró en el tribunal, en los años siguientes la situación se salió de control.

“Dejé de relacionarme con mi familia porque pasaba todo el tiempo en las redes sociales”, dijo. También contó que empezó a sufrir ansiedad y depresión a los 10 años. Después recibió un diagnóstico formal por ambas, además de dismorfia corporal. También mencionó que tuvo pensamientos suicidas.

“Me hicieron renunciar a muchas cosas”, dijo. “Mis pasatiempos y mis antiguos intereses. Me impidieron hacer amigos”,  y agregó que eso afectó su sueño, sus estudios e incluso redujo su amor por la naturaleza.

“¿Cuánto tiempo consumían las redes sociales?”, preguntó su abogado, Mark Lanier.

“Lo usaba todos los días, durante todo el día”, dijo Kaley.

“¿Todavía te consume?”, preguntó Lanier. “Sí”, contestó.

“¿Por qué no parás ya?”, insistió Lanier.

“No puedo. Simplemente no puedo vivir sin ello”, respondió Kaley.

El equipo legal de KGM sostuvo que esos resultados no fueron consecuencia de una debilidad personal ni de problemas familiares, aunque la defensa apoyó gran parte de su argumento en esas dos cuestiones. En cambio, planteó que el recorrido de Kaley fue una consecuencia previsible y evitable de plataformas diseñadas de manera deliberada para generar adicción en los chicos, y que las empresas lo sabían.

El jurado coincidió.

Los abogados que representan a KGM pusieron el foco en las características de diseño de la plataforma, en particular el desplazamiento infinito, la reproducción automática de videos, las notificaciones programadas por algoritmos y los filtros de belleza. Según plantearon, no se trató de decisiones de ingeniería neutrales, sino de herramientas calculadas para maximizar la participación a costa del bienestar.

También presentaron documentos internos de Meta como prueba. Uno de ellos mostraba que los ejecutivos describían su objetivo como el de atraer chicos a Instagram desde la edad más temprana posible: "Si queremos tener un gran éxito entre los adolescentes, debemos captarlos desde la preadolescencia".

Otro memorando interno reveló que los chicos de 11 años tenían cuatro veces más probabilidades de volver a Instagram que en las apps de la competencia, a pesar de que la plataforma exige que los usuarios tengan al menos 13 años.

El jurado también escuchó el testimonio de Arturo Béjar, exdirector de ingeniería de Meta y luego denunciante, que explicó de qué manera funciones como el desplazamiento infinito explotan el sistema de recompensa del cerebro. Según se informó, un memorando de YouTube describía la "adicción del espectador" como un objetivo. Un empleado de Instagram incluso habría escrito que la empresa estaba compuesta, en esencia, por "promotores".

La Dra. Anna Lembke, psiquiatra de Stanford y autora de Dopamine Nation, declaró a favor de la demandante. Ella y otros neurocientíficos sostuvieron que el desplazamiento compulsivo por internet activa el mismo circuito de recompensa dopaminérgica que el consumo de drogas, y que las "victorias" rápidas e intermitentes entrenan a los usuarios para buscar la siguiente dosis. Con el paso del tiempo, esa estimulación repetida puede debilitar la corteza prefrontal, que regula la planificación y el autocontrol. Los estudios de neuroimagen en personas con trastornos vinculados al uso de internet y de redes sociales muestran cambios parecidos a los que se observan en la ludopatía.

Meta y YouTube rechazaron ese planteo. Sus abogados sostuvieron que los problemas de salud mental de Kaley eran previos a su uso de las redes sociales y que se explicaban por traumas de la infancia y dificultades familiares preexistentes. También remarcaron que ninguno de sus terapeutas señaló a las redes sociales como la causa principal de sus problemas y afirmaron que no existe un diagnóstico clínico de adicción a las redes sociales. Según dijeron, solo el "trastorno por videojuegos en internet" figura en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales como una afección que requiere más estudio.

El jurado no compró ese argumento. Después de más de 40 horas de deliberaciones, período en el que los miembros enviaron una nota al juez para avisar que tenían dificultades para llegar a un consenso sobre uno de los dos acusados, la mayoría votó a favor de declarar a ambas empresas responsables de todos los cargos. Una de las juradas dijo ante los periodistas, a la salida del tribunal, que el testimonio de Zuckerberg, en el que sintió que "cambiaba su versión constantemente", no convenció al jurado.

Esta decisión llegó poco después de que un jurado de Nuevo México ordenó a Meta pagar US$ 375 millones por violar las leyes estatales de protección al consumidor y por no proteger a los menores de los depredadores sexuales en Facebook e Instagram. Estos dos fallos consecutivos muestran la velocidad con la que cambia el frente legal.

Ambas compañías prometieron apelar.

"Discrepamos respetuosamente con el veredicto y apelaremos", escribió Andy Stone, vocero de Meta, en X. "La salud mental de los adolescentes es profundamente compleja y no se puede vincular a una sola aplicación", completó.

Google afirmó que también discrepaba del veredicto y que planeaba impugnarlo. "Este caso malinterpreta a YouTube, que es una plataforma de streaming construida de forma responsable, no una red social".

¿El gran golpe para las tecnológicas, comparable al de las tabacaleras?

La comparación con la industria tabacalera se repitió tantas veces que ya roza el lugar común, pero igual vale la pena mirarla de cerca. Los paralelismos y las implicancias estratégicas llaman la atención, aunque las diferencias también pueden definir buena parte de lo que venga.

A fines de la década de 1990, las mayores tabacaleras de EE.UU. acordaron pagar US$ 206.000 millones y, ajustado por inflación, esa cifra supera los US$ 400.000 millones en 2026 para resolver las demandas que presentaron 46 estados. El acuerdo llegó después de décadas en las que las tabacaleras negaron en público que los cigarrillos fueran adictivos o perjudiciales, mientras documentos internos mostraron que sus ejecutivos sabían que ambas cosas eran ciertas. Las empresas apuntaron de manera explícita a los jóvenes con campañas publicitarias que usaron personajes como Joe Camel y una identidad de marca pensada para adolescentes. Ese acuerdo derivó en fuertes restricciones a la publicidad, campañas obligatorias de salud pública y un cambio permanente en la relación entre la industria tabacalera, los tribunales y los organismos reguladores.

Los paralelismos estructurales con los litigios actuales sobre redes sociales llaman la atención a medida que estos casos avanzan. En ambos escenarios, las empresas contaban con investigaciones internas que mostraban que sus productos causaban daño. En ambos, negaron o minimizaron en público esos efectos. También en ambos, los chicos y los adolescentes quedaron expuestos de manera desproporcionada, y hubo pruebas de que las empresas apuntaron de forma específica a los usuarios más jóvenes para crear hábitos de por vida. El principal abogado de la demandante, Mark Lanier, lo dejó claro en su alegato final, al trazar un paralelo directo entre el conocimiento corporativo de la industria tabacalera, la elección deliberada de su público objetivo y la negación pública.

Según se informó, Lanier declaró ante el jurado: "Estas empresas construyeron máquinas diseñadas para crear adicción en los cerebros de los niños, y lo hicieron a propósito. En el momento en que [KGM] quedó atrapada en la máquina, su madre quedó fuera".

El Dr. Vivek Murthy, ex cirujano general de Estados Unidos, que trabajó durante la presidencia de Biden, ya había empezado a usar ese lenguaje antes del veredicto. En mayo de 2023, Murthy emitió una recomendación histórica en la que describió el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes como un desafío central para la salud pública.

"Nuestros niños y adolescentes no pueden permitirse el lujo de esperar años hasta que conozcamos el alcance total del impacto de las redes sociales", afirmaba el comunicado. "En un momento en que estamos atravesando una crisis nacional de salud mental juvenil, es fundamental actuar con rapidez y decisión para proteger a los niños y adolescentes de cualquier riesgo", decía.

También señaló que los adolescentes que pasan más de tres horas por día en redes sociales tienen el doble de riesgo de sufrir síntomas de depresión y ansiedad. En junio de 2024, endureció su postura y le pidió al Congreso que exigiera etiquetas de advertencia similares a las del tabaco en las plataformas de redes sociales, al afirmar que "las redes sociales están asociadas con importantes daños a la salud mental de los adolescentes". El ex cirujano general Jerome Adams fue todavía más lejos: dijo que las redes sociales deben regularse "de forma similar a los cigarrillos" porque están “diseñadas específicamente para crear adicción en los jóvenes”, completó.

La analogía con el tabaco también aporta mucho en términos de estrategia legal. La industria tabacalera al final cayó no porque los demandantes sostuvieron que un cigarrillo puntual les causó un cáncer específico, una cadena causal casi imposible de probar, sino porque la atención se centró en la conducta deliberada de la industria: ocultar lo que sabía, generar adicción y apuntar a menores. El caso de KGM parece seguir esa misma línea, ya que plantea un defecto de diseño del producto en lugar de un daño provocado por su contenido. Así, esquiva la inmunidad de la Sección 230.

“Tomando prestados muchos elementos de las técnicas conductuales y neurobiológicas utilizadas por las máquinas tragamonedas y explotadas por la industria tabacalera, los demandados incorporaron deliberadamente en sus productos una serie de características de diseño destinadas a maximizar la participación de los jóvenes para impulsar los ingresos publicitarios”, afirma la demanda de KGM.

Pero los críticos advierten que la comparación no conviene llevarla demasiado lejos. A diferencia de los cigarrillos, las plataformas de redes sociales también tienen una utilidad concreta: conectan a las personas, permiten compartir información, facilitan el comercio y les dan voz a quienes están marginados. La Sección 230, además, brinda una protección legal que no tiene equivalente en la legislación sobre el tabaco.

Además, la escala financiera es distinta: los ingresos anuales de Meta rondan entre US$ 165.000 millones y US$ 200.000 millones, mientras que los de Alphabet se ubican entre US$ 340.000 millones y US$ 400.000 millones. Aunque ambas industrias tuvieron rasgos monopólicos, estas empresas de redes sociales cuentan con más recursos para financiar apelaciones largas que la industria tabacalera en el momento de aquel acuerdo.

También aparece una diferencia científica. Las recomendaciones del cirujano general reconocen que las redes sociales aportan beneficios para la salud mental de algunas personas, algo que los fabricantes de cigarrillos jamás podrían haber dicho. Además, la falta de un diagnóstico clínico oficial para la adicción a las redes sociales sigue como una complicación legal y científica real.

Aun así, el antecedente del caso del tabaco sugiere que, una vez que los jurados empiezan a emitir veredictos y los documentos internos salen a la luz, la presión sobre los acusados para negociar un acuerdo global se vuelve abrumadora.

“Las grandes tabacaleras se vieron obligadas a pagar indemnizaciones; la industria también aceptó una serie de obligaciones regulatorias como parte del acuerdo, incluidas restricciones publicitarias, prohibiciones de ciertas prácticas comerciales y la financiación de organizaciones antitabaco”, señaló Bryce Bennett, ex editor jefe de la revista Georgetown Law Tech Review, en un artículo de 2023.

“Estas medidas se basaban en una idea simple: quien provoca una crisis sanitaria, paga por ella. Esa premisa es justa e intuitiva, pero al sistema legal le llevó un tiempo aceptarla”, concluyó.

*Este artículo fue publicado originalmente por Forbes.com