Lograr que el Ecuador cuente con una ley de Competencia fue el reto que tuvo Fausto Alvarado durante décadas. Este abogado cuencano batalló para ello desde finales de los noventa. Fueron años de victorias y derrotas desde el punto de vista profesional, que ocurrieron a la par de momentos políticos que marcaron al país.

Su conexión con el mundo de la Competencia ocurrió luego de una serie de eventos académicos y profesionales. Alvarado estudiaba Derecho y Economía en la Universidad de Cuenca, aunque por razones personales dejó la segunda carrera. “Mientras estudiaba trabajé en la Función Judicial y eso me hizo que me decepcioné del Derecho”, revela en una conversación en las oficinas del estudio jurídico Robalino Law, donde participa como consejero externo en las áreas Corporativo de Competencia, Defensa del Consumidor y Regulatorio.

Tras esa decepción con el mundo de las leyes migró a Estados Unidos. “Trabajé de valet parking en Hollywood, Beverly Hills y en Bel-Air durante casi seis meses hasta que mi mamá, con la sabiduría que tienen las medres, me dijo: regresa y gradúate”.

Una vez con el título de abogado, Alvarado tuvo una entrevista con José Vicente Troya, que en ese entonces era el director del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar y que ostentó el cargo de ministro y luego presidente de la Corte Suprema de Justicia. “El me propuso estudiar una maestría, pero yo no quería saber nada del Derecho. Entonces me invitó a su casa y me regaló un libro”. Uno de los capítulos hablaba de concentraciones y fusiones. Alvarado hizo clic con el tema. “Me dije: esto quiero hacer, esto me gusta, fue un déjà vu.”

Troya se convirtió en el mentor de este profesional que hoy es miembro del Consejo Asesor del George Washington Competition & Innovation Lab, perteneciente a la George Washington University, y presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho de la Competencia.

Eran los años noventa y en Ecuador no se hablaba aún del Derecho de la Competencia. “Muy pocos tenían idea de lo que era. Si bien en la Constitución tenía un tema antimonopolio, era solo papel”. El camino estaba trazado y Alvarado lo empezó a recorrer, siempre de cerca con el mundo de la política, terreno en el que se conectó con personajes como la diputada azuaya Susana González, los expertos en comercio exterior Manuel Chiriboga o Christian Espinosa, ministros de Gobierno y hasta Presidentes de la República.

Para Alvarado, que el Ecuador cuente con una Ley de Competencia siempre fue de “importancia suprema para los mercados, para los consumidores, para la inversión y nadie se daba cuenta de eso. Todo el mundo habla de la competitividad, pero no puede haber competitividad si no hay competencia. Son dos caras de una misma moneda”.

En ese derrotero recuerda, por ejemplo, que en 2001 el Congreso Nacional aprobó la ley, que a los pocos días fue vetada por el presidente de la República encargado Pedro Pinto. “Eso generó un daño tremendo al país, fue una vergüenza”.

A veces sonreído y otras con semblante serio, recuerda reuniones claves con negociadores de acuerdos comerciales, autoridades ecuatorianas y expertos extranjeros. Algunos entendían la importancia de la ley y otros no tenían idea de lo relevante que era para el Ecuador.

En medio de algunos momentos agridulces, Alvarado se fue especializando. Uno de sus primeros contratos como consultor fue con la Unión Europea y la Comunidad Andina para armonizar las leyes de competencia en la Comunidad Andina. Este experto fue responsable de analizar la situación del país en la materia.

Los retos eran permanentes. Recuerda el momento en que el país estaba por negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, en 2006, que a la final no prosperó. En esos momentos Alvarado consideraba necesario que el país tuviera primero una ley de Competencia. 

El tiempo pasaba, caían y se elegían presidentes y Alvarado seguía formándose y haciendo carrera. Ocupaba el cargo de procurador de la Superintendencia de Telecomunicaciones y ofreció una charla en Guayaquil, a la que asistió el presidente de la República de ese momento. Al final del evento, el mandatario le pidió ayuda para regular la fijación de precios en medicamentos. ¿Cuál es la solución? le preguntó y Alvarado respondió: “una ley”. Fue nombrado Subsecretario de Competencia y Defensa del consumidor en 2009.

Hace una pausa y dice: “No tengo mucho orgullo de decir esto, pero siempre he estado en todos casi los gobiernos, pero del lado técnico”. En sus funciones dejó lista un nuevo proyecto de ley, “pero tuve problemas con algunas autoridades, porque estas leyes son extremadamente técnicas y el rato que tú la contaminas con política terminan fracasando”.

Finalmente, a finales de 2011 se aprobó la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Esa normativa tuvo su complemento con la Ley Orgánica de Regulación contra la Competencia Desleal aprobada en 2025. En ese trayecto, Alvarado vio en primera línea la creación de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.

Al repasar su aporte en el tema, Alvarado hace un mea culpa. “Tengo un arrepentimiento de haber creado un monstruo. Porque una autoridad de esta naturaleza tiene un poder impresionante. Sobre todo, en el tema de multas. Una autoridad de competencia no tiene que ser considerada o percibida como una autoridad multadora. Ese no es su fin, su fin es corregir el mercado”

Según Alvarado, sin una autoridad de competencia fuerte, absolutamente técnica, con profesionales acreditados en conocimiento del Derecho de la Competencia, fenómenos como el abuso de posición dominante o prácticas colusorias se normalizan, afectará especialmente a las pymes y a los consumidores y usuarios en general, pero en una mayor proporción a los de bajos ingresos.

También hace un llamado a los sectores productivos, que a menudo resisten regulaciones por temor a costos adicionales, priorizando supervivencia inmediata sobre competitividad y competencia sistémica. “En 2026, con perspectivas de crecimiento dependiente de inversiones en educación, tecnología e innovación, su inacción perpetúa un ciclo vicioso: sin competencia, no hay incentivos para eficiencia, lo que frena el desarrollo”. (I)