En septiembre de 2025, representantes de una organización ambiental sin fines de lucro visitaron el Trump National Golf Club, ubicado en Jupiter, Florida. Durante tres días, recorrieron el lugar en busca de especies de aves, sonidos de murciélagos y distintas variedades de plantas. Después, reunieron sus hallazgos en un informe de 180 páginas. Sin embargo, el documento apenas mencionaba el verdadero objetivo de la visita: conseguir una reducción de impuestos para Donald Trump.

El presidente necesitaba con urgencia ese beneficio fiscal. Su regreso a la Casa Blanca y sus esfuerzos por aprovechar económicamente su posición le permitieron obtener US$ 1.400 millones en ganancias vinculadas a las criptomonedas durante 2025. A esa cifra se sumaron otros US$ 200 millones procedentes de su imperio inmobiliario, según estimaciones de Forbes. Como consecuencia, la factura fiscal proyectada de Trump se disparó hasta superar los US$ 500 millones.

Fue entonces cuando entraron en escena los ambientalistas. El sistema tributario estadounidense contempla una disposición que permite a los propietarios reducir sus impuestos si renuncian al derecho de desarrollar proyectos inmobiliarios en sus terrenos, aunque conserven su propiedad. La lógica es sencilla: impedir nuevas construcciones puede ayudar a preservar los hábitats naturales, por lo que esa renuncia puede considerarse una donación benéfica. 

El informe de 180 páginas sostenía que el campo de golf de Trump albergaba un entorno natural que merecía protección. Posteriormente, el presidente donó los derechos de desarrollo del terreno a una organización ambiental sin fines de lucro, pero conservó la propiedad del club de golf.

La maniobra tiene cierta elegancia propia de los multimillonarios: a efectos fiscales, Trump National pasa a ser una reserva natural. Sin embargo, para los clientes que pagan por sus servicios, sigue funcionando como un club de golf. ¿Y qué obtiene el público que termina financiando el beneficio fiscal? Apenas la vista de un muro beige desde la carretera.

Para entender mejor cómo funciona este mecanismo, imaginemos un ejemplo similar en la entrada de garaje de una casa en Texas. Supongamos que vos tenés los derechos de explotación del subsuelo, donde hay una mancha de petróleo que fue tasada como un posible yacimiento petrolífero. Decidís donar los derechos de perforación a una organización ambientalista que se opone a esa actividad y, a cambio, solicitás una deducción fiscal de US$ 8 millones. 

Mientras tanto, conservás la entrada de tu casa, la mancha de petróleo y su vecino incluso sigue pagándole por guardar allí su lancha. Y, como beneficio adicional, ahora puede presumir ante todo el vecindario de haber impedido una explotación petrolera.

¿Cuánto plata logró ahorrar el presidente con esta maniobra? Los voceros de la Casa Blanca y de la Organización Trump no respondieron a esta ni a otras preguntas. Aunque resulta difícil calcular el monto exacto, después de analizar acuerdos similares realizados en el pasado y consultar a ocho expertos del sector, Forbes estima que Trump podría acceder a una deducción fiscal de aproximadamente US$ 825 millones, con un margen de error de varios cientos de millones. A partir de este posible ahorro impositivo, Forbes decidió aumentar en US$ 300 millones su estimación de la fortuna del presidente.

En el pasado, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos cuestionó dos aspectos fundamentales de este tipo de acuerdos, conocidos como servidumbres de conservación. Por un lado, puso en duda que los campos de golf, que no se destacan precisamente por su cuidado del medioambiente, puedan ser considerados reservas naturales. Por otro, cuestionó que los derechos de desarrollo cedidos tengan realmente el valor que declaran sus propietarios. Donald Trump conoce bien estas objeciones, ya que se enfrentó al IRS en disputas relacionadas con ambos aspectos.

Ahora, Trump cuenta con una ventaja que ningún contribuyente común tiene: poder sobre el gobierno que se encuentra del otro lado de la negociación. La Organización Trump donó los derechos de conservación del terreno en diciembre de 2025. Un mes después, el presidente presentó una demanda contra el IRS, al que acusó de no haber protegido su información fiscal durante su primer mandato. Así, Trump ocupaba dos posiciones al mismo tiempo: era el demandante y, a la vez, el presidente del país, que estaba llevando a juicio a una agencia del gobierno que él mismo dirigía. Sin embargo, minimizó el evidente conflicto de intereses. "Todo lo que gane, lo donaré íntegramente a la caridad", aseguró.

Después llegó la recompensa. En mayo, un mes después del vencimiento del plazo para presentar las declaraciones de impuestos, fijado para el 15 de abril, el Departamento de Justicia dio a conocer el acuerdo alcanzado para resolver la demanda de Trump contra el IRS. El documento establecía que el gobierno no podría iniciar acciones judiciales contra el presidente, su familia o sus empresas por asuntos que ya estuvieran pendientes o que pudieran estarlo.

El fiscal general Todd Blanche aseguró ante el Congreso que el acuerdo no incluye las declaraciones de impuestos de Trump correspondientes a 2025. Sin embargo, una lectura detallada de la expresión "podría estar pendiente" parece indicar lo contrario. Esto abre la posibilidad de que el presidente, quien aparentemente obtuvo una prórroga para presentar su declaración de impuestos de 2025, haya aplicado en los últimos meses una estrategia fiscal extremadamente agresiva, convencido de que el IRS no podría tomar medidas en su contra.

"Esto explica muchas cosas sobre por qué está intentando obtener inmunidad absoluta ante el IRS", señala un abogado especializado en derecho tributario y servidumbres de conservación. "Ahora todo tiene sentido", agrega.

Hace más de 20 años, Donald Trump estaba sentado en un sillón de su departamento en la Torre Trump, junto a Edward Russo, un ambientalista autoproclamado que había presidido la junta de planificación del municipio de Bedminster, en Nueva Jersey. Trump había desembolsado US$ 8 millones para comprar la antigua propiedad del empresario automovilístico John DeLorean y quería transformarla en un club de golf. Russo había acudido a la reunión para explicarle los obstáculos ambientales que podía enfrentar el proyecto.

Sin embargo, Trump no recibió bien las explicaciones. "Tengo una fortuna de US$ 6.000 millones y ningún pueblito como Bedford me va a decir qué hacer", le dijo a Russo, quien años después relató el encuentro en sus memorias publicadas por cuenta propia. "No es Bedford, es Bedminster", le respondió Russo. "Y el hombre más poderoso de esta sala es el que no tiene nada que perder. Ese soy yo", completó.

Russo se fue de la reunión sin despedirse. Sin embargo, Trump, que desde hace tiempo conoce la importancia de convertir a sus adversarios en aliados, lo llamó un par de semanas después. "Voy a construir un campo de golf, y si la única manera de hacerlo es acatando tus reglas, te enviaré un contrato que no podrás rechazar", le aseguró, según el relato de Russo. "Te pongo a cargo de la propiedad", agregó. Russo aceptó la propuesta y el club de golf abrió sus puertas en 2004.

Ese mismo año se estrenó "El Aprendiz", el programa de televisión que se convertiría en una fuente de ingresos de cientos de millones de dólares para Trump. Mientras tanto, Russo, que buscaba limitar el desarrollo inmobiliario dentro del club de golf, le presentó una propuesta: establecer una servidumbre de conservación sobre la propiedad de Bedminster, donarla al municipio y, a cambio, obtener una deducción fiscal. 

Los abogados de Trump analizaron la propuesta, pero no quedaron convencidos, ya que dudaban de que pudiera acceder al beneficio impositivo. Entonces, según una fuente interna de la Organización Trump, el futuro presidente reunió a su equipo legal y llamó a Russo. "¡Tonterías!", les respondió este último a los abogados, mientras aseguraba que ya había realizado una operación similar y criticaba su falta de disposición para asumir compromisos. "Ya basta", intervino Trump. "Quiero que todos se aparten del camino de Ed", agregó.

El 29 de diciembre de 2005, Trump donó al municipio de Bedminster los derechos para desarrollar futuros proyectos inmobiliarios en la propiedad. El presidente, cuya administración también tomó medidas para eliminar la protección de hábitats de especies en peligro de extinción, aseguró que buscaba preservar el entorno natural de dos especies de aves: el gorrión saltamontes y el bobolink.

Aproximadamente seis meses después, cuando Trump cumplió 60 años, Russo le entregó lo que su jefe realmente esperaba: una tasación que valoraba los derechos de desarrollo cedidos en US$ 39 millones, una cifra que le permitiría reducir su factura fiscal en unos US$ 14 millones. No era un mal negocio, teniendo en cuenta que Trump compró toda la propiedad, incluidos los derechos de desarrollo, por apenas US$ 8 millones, además de asumir algunas obligaciones con los socios del club. El propio Trump aseguró que fue el mejor regalo de cumpleaños de su vida.

Sin embargo, el IRS llegó a una conclusión muy diferente: la deducción fiscal tenía un valor igual a cero. El organismo sostuvo que mantener en funcionamiento un campo de golf no constituía una actividad de conservación ambiental y mucho menos una que justificara una deducción de US$ 39 millones.

Según documentos revelados por Forbes, Trump mantuvo durante años una disputa con el organismo tributario. Ni la Organización Trump ni el IRS respondieron a las consultas sobre el conflicto. Sin embargo, los registros muestran que las negociaciones para alcanzar un acuerdo se extendieron al menos hasta 2011. Una fuente interna de la Organización Trump asegura que ambas partes finalmente llegaron a un entendimiento y que el IRS aplicó una pequeña reducción a la deducción fiscal solicitada por Trump, una práctica habitual en las disputas relacionadas con servidumbres de conservación durante aquella época.

"Tienen problemas de personal", explica Cal Bomar, quien trabajó en el organismo a principios de la década de 2000. "Realizar una auditoría sería imposible. Así que no les quedó más remedio que llegar a un acuerdo", dijo.

Trump salió fortalecido de aquella disputa. Había encontrado una estrategia fiscal que parecía diseñada a su medida: era propietario de grandes extensiones de terreno, tenía facilidad para inflar el valor de sus activos y estaba dispuesto a enfrentarse con las autoridades tributarias. El mecanismo era sencillo. Los ambientalistas elaboraban informes para demostrar el valor de conservación de la propiedad. Luego, un tasador calculaba cuánto podría valer el terreno si se destinaba a la construcción de viviendas de lujo y descontaba determinados gastos y el valor residual de la propiedad. Finalmente, Trump cedía los derechos de desarrollo inmobiliario, solicitaba una deducción fiscal por una donación benéfica y conservaba el negocio. Era un paraíso fiscal disfrazado de caridad.

Después de Bedminster, Trump volvió a utilizar la misma estrategia. Y lo hizo una y otra vez.

Entre 2005 y 2025, Trump realizó al menos cinco donaciones de servidumbres de conservación. En todos los casos, renunció a los derechos de desarrollo inmobiliario de los terrenos, pero conservó su propiedad. Si se incluye la operación de Jupiter, Forbes estima que estas donaciones podrían permitirle deducir más de US$ 1.000 millones de sus ingresos sujetos a impuestos, lo que representaría un ahorro fiscal de aproximadamente US$ 450 millones. El principal beneficiario de esta aparente generosidad fue el propio Donald Trump.

Al menos dos de estas operaciones derivaron en acusaciones de fraude. En 2014 y 2015, Trump se comprometió a no desarrollar proyectos inmobiliarios en determinadas propiedades de Nueva York y California, y obtuvo tasaciones que valoraban los derechos cedidos en un total de US$ 46 millones. En el marco de una investigación más amplia sobre la sobrevaluación de sus propiedades, la fiscal general de Nueva York acusó a la Organización Trump de haber proporcionado información engañosa a los tasadores en ambas operaciones para inflar artificialmente el valor de las donaciones. Donald Trump Jr. y Eric Trump rechazaron las acusaciones, mientras que su padre aseguró que desconocía lo ocurrido, pese a la existencia de pruebas contundentes que lo vinculaban con las operaciones.

En el caso de la operación en California, que protegía un campo de prácticas de golf de 4,8 hectáreas, la abogada externa de Trump recomendó a su asesor legal interno que actuara con discreción. "Recordale que cuanto mayor sea el valor y más beneficio obtenga, más estará revelando al mundo la enorme deducción fiscal que está aprovechando", escribió Sheri Dillon, según consta en los documentos judiciales. "En este caso, es como si los contribuyentes estadounidenses le pagaran a Donald Trump para que conserve su campo de prácticas de golf y siga utilizándolo exactamente de la misma manera que hasta ahora", completó.

A pesar de esa advertencia, Trump decidió ofrecer una conferencia de prensa.

El riesgo de quedar bajo la lupa de las autoridades no era una simple posibilidad. Según un informe del Congreso publicado en 2022, el IRS investigó durante años la servidumbre de conservación de Nueva York. Un agente del organismo planteó dos alternativas: rechazar por completo la deducción fiscal de US$ 21 millones o reducirla a US$ 9 millones. Las anotaciones del funcionario, citadas en el informe legislativo, también contemplaban la posibilidad de aplicar una multa a los contribuyentes que presentaran tasaciones considerablemente inexactas.

Para 2022, la investigación seguía abierta. Cuando al año siguiente le preguntaron a Trump si el caso continuaba en curso, evitó dar una respuesta concreta. "Que yo sepa, no", declaró durante su testimonio en el juicio por fraude. "Podría ser", agregó.

Ante los problemas fiscales que se avecinaban, Trump concretó uno de los negocios más lucrativos de su vida. Su hotel en Washington D. C., ubicado en la misma manzana que la sede del IRS, llevaba años registrando pérdidas. Sin embargo, en 2022, cuando Estados Unidos todavía se recuperaba del impacto de la pandemia de COVID-19, una firma de inversión compró el establecimiento de 263 habitaciones por US$ 375 millones. La operación marcó un récord por el precio pagado por habitación en la capital estadounidense. Trump obtuvo una enorme ganancia, pero también se enfrentó a un nuevo problema fiscal.

La solución estaba en el sur de Florida, donde el presidente es propietario de un complejo de golf de aproximadamente 270 hectáreas llamado Trump National Doral. La propiedad ya tenía restricciones para el desarrollo inmobiliario establecidas mediante un acuerdo de 20 años, al que todavía le quedaban varios años de vigencia. Para acelerar las negociaciones, la Organización Trump ofreció a la ciudad de Doral una servidumbre de conservación sobre uno de los cuatro campos de golf del complejo, pero con una condición: el acuerdo debía cerrarse antes de fin de año. Ante esta exigencia, el consejo municipal convocó una reunión de emergencia, en la que apareció una figura conocida: Ed Russo.

"Este acuerdo vence en dos semanas", les advirtió Russo a los concejales, mientras planteaba la posibilidad de construir miles de nuevas habitaciones de hotel. "No queremos nada más. Es algo que la familia Trump ya hizo en otras ocasiones. Y para Donald Trump, esto es algo natural", aseguró. El consejo municipal aceptó la propuesta. Con la colaboración de un tasador de Texas, a quien el presidente posteriormente incluyó como posible testigo en su juicio por fraude en Nueva York, Trump consiguió una deducción fiscal de hasta US$ 323 millones, más del doble de lo que había pagado originalmente por todo el complejo.

La buena racha de Trump recién comenzaba. En agosto de 2025, un tribunal de apelaciones de Nueva York confirmó que el presidente había cometido fraude durante años al inflar el valor de sus activos. Sin embargo, en una decisión inesperada, el mismo tribunal anuló una multa de US$ 500 millones que se le había impuesto anteriormente. De esta manera, la resolución que establecía la existencia de fraude se mantuvo vigente, pero la sanción económica quedó sin efecto.

En cuestión de semanas, la empresa de Trump puso en marcha una nueva operación de servidumbre de conservación, esta vez sobre su propiedad en Jupiter, Florida. El complejo, anteriormente conocido como Ritz-Carlton Golf Club, había sido adquirido por Trump en 2012 por US$ 5 millones, además de asumir US$ 49 millones en pasivos. Actualmente, su valor se estima en US$ 120 millones. Sin embargo, la cifra cambia considerablemente si el terreno se valora por su potencial para construir viviendas de lujo. Según un análisis de Forbes, las autoridades locales estiman que los terrenos donde se encuentran las mansiones que rodean el campo de golf tienen un valor promedio de US$ 14,6 millones por hectárea.

En sus cuatro acuerdos anteriores de servidumbre de conservación, Trump sostuvo que los derechos de desarrollo inmobiliario equivalían, en promedio, al 74% del valor de los lotes residenciales en los que podrían dividirse los terrenos. Si se aplica ese mismo criterio a la operación de Jupiter, la deducción fiscal podría alcanzar los US$ 825 millones.

El beneficiario de la última donación de Trump fue Barn Group Land Trust, una organización sin fines de lucro que ya había realizado negocios con un amigo de Eric Trump. Aunque su sitio web destaca el compromiso con la protección del medioambiente, su historial ante los tribunales fiscales revela una actividad aparentemente menos filantrópica. 

Forbes identificó seis casos en los que desarrolladores inmobiliarios, incluido el amigo de Eric, donaron servidumbres de conservación a esta organización y luego solicitaron deducciones fiscales tan elevadas que llamaron la atención del IRS. En uno de esos casos, los desarrolladores habrían comprado una propiedad por US$ 900.000 y posteriormente aseguraron que los derechos de conservación donados tenían un valor de US$ 61 millones.  En otro, un grupo de inversores transformó una propiedad valuada en US$ 1,5 millones en una donación declarada de US$ 149 millones.

El director ejecutivo de Barn Group, Thomas Krebs, aseguró que su organización sin fines de lucro no participa en las tasaciones de las propiedades e insistió en que su misión es proteger los espacios naturales, los hábitats, las tierras agrícolas y los inmuebles históricos.

Sin embargo, no todos están convencidos. "Empecé a trabajar en el ámbito ambiental porque quería ayudar", cuenta un exempleado de Barn Group. "En teoría, uno piensa: 'Ah, van a conservar estos espacios. ¡Qué bueno!'. Pero cuando ves cómo funciona en la práctica, te das cuenta de que en realidad no estamos protegiendo nada. Solo estamos ayudando a los ricos a pagar menos impuestos". Y entre esos beneficiarios se encuentra una persona especialmente rica y poderosa.

Antes de regresar a la presidencia, Donald Trump publicó un mensaje en Truth Social para anunciar un nuevo nombramiento. "Me complace anunciar que Ed Russo, un experto ambiental, dirigirá nuestro Grupo de Trabajo Asesor Ambiental, que asesorará a mi Presidencia sobre iniciativas para crear excelentes empleos y proteger nuestros recursos naturales, siguiendo mi política de AIRE LIMPIO y AGUA LIMPIA", escribió. "Juntos, lograremos el DOMINIO Energético Estadounidense, reconstruiremos nuestra Economía y ¡PERFORA, BEBÉ, PERFORA!", agregó.

Mientras Trump ejerce su mandato presidencial, Russo continúa trabajando como consultor para la Organización Trump. Su proyecto actual consiste en gestionar nuevas servidumbres de conservación sobre los otros tres campos de golf del complejo de Doral, una operación que, en teoría, podría generar otros US$ 1.000 millones.

Mientras tanto, el acuerdo que podría otorgarle inmunidad fiscal a Trump sigue generando polémica en Washington. Un grupo de exfuncionarios del IRS y del Departamento de Justicia lo calificó de "escandalosamente impropio". Por su parte, 35 exjueces aseguraron que el acuerdo era "producto de la colusión" y constituía "un fraude judicial". En julio, el juez federal de distrito encargado de supervisar el caso determinó que la demanda fue presentada "para manipular el proceso judicial". El presidente apeló la decisión.

Aunque los tribunales terminen anulando la decisión de Trump, parece poco probable que alguien dentro del Poder Ejecutivo esté dispuesto a investigar en profundidad sus declaraciones de impuestos. "Tengo muchos amigos que trabajan en el IRS y creo que intentan hacer lo correcto, pero no sé qué instrucciones reciben", señala un exasesor jurídico principal del organismo. "Supongo que no confío en que puedan actuar como corresponde", agrega.

En julio, se conoció que Kenneth Kies, asesor jurídico interino del IRS, dejaría su cargo. Según informó el Wall Street Journal, Kies había mantenido diferencias con la Casa Blanca después de advertir que los altos funcionarios del gobierno no podían solicitar legalmente al IRS que iniciara o cerrara una investigación sobre una persona. Además, había cuestionado los abusos vinculados con las servidumbres de conservación, una práctica que se volvió tan extendida que, según especialistas del sector, está empezando a saturar el Tribunal Fiscal de Estados Unidos. Blanche, en cambio, conservó su puesto. El fiscal general interino que había aprobado el acuerdo de protección fiscal de Trump fue confirmado de manera permanente en el cargo en agosto.

¿Quiénes se benefician de las servidumbres de conservación de Trump, además del propio presidente? Los propietarios adinerados cuyos terrenos limitan con los campos de golf que ahora están protegidos. En Jupiter, uno de ellos es Eric Trump, hijo del mandatario. Otro es el ejecutivo financiero Frank Bisignano.

A finales del año pasado, mientras la Organización Trump preparaba la servidumbre de conservación sobre esa propiedad, Bisignano asumió un nuevo cargo: director ejecutivo del IRS.

*Este artículo fue publicado originalmente por Forbes.com.