Este lunes 31 de octubre, el Gobierno remitió a la Asamblea Nacional la Proforma del Presupuesto General del Estado para el año 2023, instrumento que delineará las estrategia de orden fiscal, enfoque social y reactivación de la microeconomía del país. 

La Proforma contempla un monto de US$ 31.503 millones. 

Los supuestos macroeconómicos en los cuales se fundamenta la Proforma fueron elaborados de manera técnica, a través de una coordinación interinstitucional. Dentro de la proforma, se fija un precio promedio del barril de exportación de petróleo a US$ 65, un crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,1 %, inflación acumulda del 2,55 % y un volumen de producción fiscalizada de petróleo en 188 millones de barriles. Mientras, la proforma fija el valor del PIB nominal de 122.369 millones.

Para el 2023, la proforma prevé una inversión social de US$ 15.276 millones, superior a los US$ 14.500 millones que se proyectaron para este año, y muy por encima de lo que se invirtió en años anteriores. Se asignan US$ 1.307 millones para la cobertura de los bonos sociales que favorecen a la población más vulnerable. 

Considerando a las entidades que conforman la seguridad social (IESS, ISSFA e ISSPOL), la asignación para el 2023 es de US$ 3.109 millones, contemplando, además, US$ 2.354 millones para el IESS por el aporte del Estado al 40% de las pensiones jubilares y otros rubros, que representan US$ 628 millones más que lo establecido en este año (US$ 1.726 millones). 

Adicionalmente, la Proforma cumple con las normas constitucionales de incremento del 0.5 % del PIB para el Sistema Nacional de Salud y para la Educación Inicial, Básica y Bachillerato. Sumados los dos ámbitos, las asignaciones para estos sectores aumentan en total US$ 1.223,7 millones. Se contabiliza, además, US$ 380 millones de aumento en la masa salarial del Magisterio para cumplir con el alza salarial dispuesta por la Corte Constitucional.

En la proforma se detalla además un mayor presupuesto tanto para universidades y Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Las instituciones de educación superior recibirán el siguiente año un total de US$ 200 millones adicionales, por concepto de Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO). Mientras que los GAD del país tendrán una asignación de US$ 3.357 millones, monto superior a los US$ 2.939 millones establecidos en el presupuesto inicial de este año.

De acuerdo con el documento emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, el objetivo gubernamental de sostenibilidad de las finanzas públicas se mantiene en la Proforma, reduciendo el déficit fiscal a US$ 2.630 millones, del monto de US$ 3.783 millones que constaban en el presupuesto inicial del 2022, mientras las necesidades de financiamiento de la Proforma se reducen a US$ 7.577 millones, cifra menor a la contemplada en la Proforma de este año, que fue de US$ 9.534 millones. 

La principal fuente de financiamiento para el presupuesto del próximo año continuará siendo a través los organismos multilaterales de crédito, que otorgan créditos “en condiciones beneficiosas para el país”. Para el próximo año, se ha establecido un monto para el Plan Anual de Inversiones de US$ 1.871 millones, desglosados por cada Gabinete sectorial:

• Desarrollo de inversiones: US$ 375,39 millones.
• Desarrollo de talento: US$ 343,77 millones.
• Seguridad: US$ 292,19 millones.
• Desarrollo productivo: US$ 272,41 millones.
• Salud: US$ 261,82 millones.
• Otras instituciones del Ejecutivo: US$ 102,32 millones.
• Desarrollo social: US$ 101,36 millones.
• Económico y Financiero: US$ 45,70 millones.
• Otras Funciones del Estado: US$ 32,96 millones.
• Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas: US$ 23,03 millones.
• Desarrollo territorial: US$ 20,52 millones. (I)