En cuestión de horas, la operación militar estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores transformó la crisis venezolana en un test global sobre los límites del poder de Washington. Donald Trump celebró el operativo como un éxito estratégico y jurídico, mientras una parte relevante de la comunidad internacional lo definió como “agresión armada” y “precedente peligroso”.​

Mientras el mundo -no tan sorprendido- discute sobre la legalidad o no de la acción norteamericana, Trump publicó incluso una imagen de Maduro a bordo del USS Iwo Jima y reivindicó el operativo en su plataforma Truth Social: “Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido, junto con su esposa, capturado y trasladado fuera del país”. En una entrevista con Fox and Friends detalló que fue la fuerza Delta la que ingresó en “una casa que parecía más bien una fortaleza” y aseguró que las tropas estaban listas con “sopletes gigantescos”, aunque Maduro “no logró entrar en esa zona de la casa”.​

Desde Venezuela, la reacción oficial fue de denuncia frontal. La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que el gobierno “no sabía” dónde estaban Maduro y Cilia Flores y exigió “prueba inmediata de vida” de ambos, al tiempo que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, sostuvo que los ataques afectaron “zonas civiles” y que Caracas estaba recopilando información sobre muertos y heridos. En un comunicado, el gobierno habló de “gravísima agresión militar” y acusó a EE.UU. de buscar “apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, particularmente su petróleo y minerales” para “quebrar por la fuerza la independencia política de la nación”.​

Las potencias alineadas con Caracas fueron las primeras en marcar posición. Rusia acusó a Estados Unidos de cometer “un acto de agresión armada” que es “profundamente preocupante y condenable”, según su Ministerio de Relaciones Exteriores. China, por su parte, dijo estar “profundamente conmocionada” y “condena enérgicamente” el uso de la fuerza contra “un país soberano y su presidente”.​

En Medio Oriente, Irán se sumó al bloque crítico. Su Ministerio de Asuntos Exteriores calificó los ataques como “una flagrante violación de la soberanía nacional” venezolana. La señal común de estos aliados es clara: lo que en Washington se presenta como operación contra el narcoterrorismo, en estas capitales se lee como un capítulo más de la política de cambio de régimen.​

En América Latina, el mapa quedó partido. El presidente colombiano, Gustavo Petro, habló de “asalto a la soberanía” de la región, mientras el cubano Miguel Díaz-Canel calificó la ofensiva como “ataque criminal”. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, escribió que los bombardeos y la captura de Maduro “cruzan una línea inaceptable” y advirtió que “atacar países en flagrante violación del derecho internacional es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad”.​

Otros líderes optaron por un tono más institucional, pero igual de crítico. El presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó su “preocupación y condena” y pidió “una solución pacífica a la grave crisis que afecta al país”. La principal diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, reiteró que Maduro “carece de legitimidad” y reclamó una “transición pacífica del poder”, aunque subrayó que se deben respetar “los principios del derecho internacional”.​

Europa también dejó matices desde sus gobiernos nacionales. La oficina de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que “la acción militar externa no es la manera de acabar con los regímenes totalitarios”, pero consideró “legítima” la “intervención defensiva” frente a entidades estatales que “alimentan y promueven el narcotráfico”. El primer ministro británico, Sir Keir Starmer, dijo que quería “establecer hechos” y hablar con Trump sobre “la situación que evoluciona rápidamente” antes de fijar una posición definitiva.​

En el plano multilateral, la alarma vino del máximo nivel. El secretario general de la ONU, António Guterres, se declaró “profundamente alarmado” por la acción militar estadounidense y advirtió que, “independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos constituyen un precedente peligroso”. A través de su portavoz, insistió en “la importancia del pleno respeto —por parte de todos— del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU” y llamó a “un diálogo inclusivo” que respete los derechos humanos y el estado de derecho.​

La reacción de Argentina se ubicó del lado opuesto al eje Moscú–Pekín–Brasilia. El presidente Javier Milei, aliado político de Trump, celebró la caída del líder chavista y escribió en redes sociales “La libertad avanza” y “Viva la libertad”, alineando a la Casa Rosada con la narrativa de “liberación” del régimen venezolano.​

En Washington, la Casa Blanca siguió construyendo su justificación sobre la base del narcoterrorismo y la protección de personal estadounidense. La fiscal general, Pam Bondi, aseguró que Maduro y Cilia Flores “pronto se enfrentarán a toda la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, tras imputarlos por conspiración para cometer narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. El senador Mike Lee, citando una conversación con Marco Rubio, afirmó que “la acción militar que vimos esta noche se llevó a cabo para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto” y que “probablemente se enmarca dentro de la autoridad inherente del presidente, según el Artículo II de la Constitución”.​​

Con denuncias de “ataque criminal”, advertencias sobre “precedente peligroso” y celebraciones que hablan de “hora de la libertad”, el futuro político y económico de Venezuela se definirá ahora tanto en los tribunales de Nueva York como en los debates de la ONU y los mercados energéticos globales.