Datos clave

• Trump publicó un mensaje en su red social Truth Social en el que preguntó si "alguien cree realmente que estas 'elecciones' fueron honestas". El mandatario volvió a plantear sospechas de fraude sin presentar pruebas, después de haber dado a entender que aceptaría los resultados.
• Antes de las elecciones, el gobierno de Trump ya había intentado intervenir en el proceso electoral mediante órdenes ejecutivas, pedidos a los estados para que entregaran sus registros de votantes y una demanda judicial en Alaska que cuestionaba los resultados incluso antes de la votación.
• Estas medidas generaron preocupación entre los demócratas y los especialistas electorales, quienes advirtieron sobre la posibilidad de que el presidente intentara desconocer los resultados si los republicanos perdían el control del Congreso. Trump ya había intentado impugnar, sin éxito, su derrota en las elecciones presidenciales de 2020.
• Algunos aliados del mandatario plantearon que podría utilizar sus facultades presidenciales para declarar una emergencia nacional, confiscar máquinas de votación o intervenir de alguna otra manera en el proceso electoral. Sin embargo, los expertos consultados por Forbes aseguraron que no tenía facultades legales para llevar a cabo esas acciones.
• Jonathan Díaz, director de defensa del voto y alianzas del Campaign Legal Center, explicó que Trump "ciertamente puede intentar" intervenir en las elecciones, pero "simplemente no hay mucho que pueda hacer". El abogado también advirtió que las eventuales demandas del presidente o del Departamento de Justicia difícilmente prosperarían. "No van a tener éxito porque el gobierno federal no decide quién vota, ni cómo ni si se cuentan esos votos", afirmó.

Contexto clave

El Partido Demócrata obtuvo una amplia victoria en las elecciones legislativas del 3 de noviembre y quedó en condiciones de obtener mayorías importantes tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. La diferencia de bancas sería tan amplia que, según los expertos consultados por Forbes, resultaría extremadamente difícil que una eventual impugnación judicial alterara el control del Congreso.

Por ahora, ningún candidato republicano que perdió las elecciones anunció que vaya a impugnar los resultados. Todavía falta definir las elecciones al Senado en Misisipi y Alaska, donde podrían solicitarse recuentos si los resultados son ajustados. De todos modos, los demócratas tendrán la mayoría en el Senado sin importar quién gane en esos estados.

¿Puede Trump declarar una emergencia nacional por las elecciones?

Una de las alternativas que plantearon algunos aliados de Trump fue declarar una emergencia nacional para justificar la intervención del gobierno federal en los comicios. Sin embargo, los especialistas consultados por Forbes aseguraron que el presidente no tiene facultades legales para utilizar esa herramienta con fines electorales.

"No hay poderes de emergencia a disposición del presidente que le otorguen poder alguno sobre nuestras elecciones", explicó Díaz. El abogado señaló que Trump puede declarar emergencias nacionales por otros motivos, como la seguridad fronteriza, pero esa facultad no se extiende a los comicios "porque el poder ejecutivo federal simplemente no dirige nuestras elecciones".

El especialista también recordó que los funcionarios estatales y locales "tienen responsabilidades bajo la ley federal y sus propias leyes estatales" para administrar las votaciones. Por ese motivo, aseguró que "no hay nada que el presidente pueda hacer legalmente para alterar eso".

La misma postura expresó Ben Hovland, expresidente de la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos, quien advirtió que una intervención del mandatario mediante poderes de emergencia "sería ilegal en casi todos los escenarios". El exfuncionario explicó que "en última instancia es la ley estatal la que rige gran parte del proceso electoral... y nada de eso involucra al presidente".

¿Podría Trump confiscar las máquinas de votación o detener el recuento?

Otra posibilidad que analizaron los especialistas fue que Trump intentara usar su autoridad presidencial para enviar agentes federales a confiscar boletas o máquinas de votación. Una medida de ese tipo podría buscar interrumpir el recuento o impedir que las autoridades certifiquen oficialmente los resultados.

Díaz consideró que una intervención de esas características sería "totalmente sin precedentes" en la historia democrática de Estados Unidos. También advirtió que cualquier intento de utilizar fuerzas federales para interferir en las elecciones enfrentaría demandas judiciales inmediatas y tendría pocas posibilidades de prosperar. El abogado describió ese escenario como "seis tipos diferentes de ilegalidad".

La preocupación tiene un antecedente en 2020, cuando Trump preparó un proyecto de orden ejecutiva que finalmente nunca publicó. El documento contemplaba ordenar al secretario de Defensa que confiscara las máquinas de votación y los registros electrónicos de determinados centros electorales. La medida se basaba en teorías conspirativas sin pruebas que vinculaban a esos equipos con un supuesto fraude.

Danielle Friedman, directora legal de la Iniciativa de Investigación sobre la Democracia Estatal de la Universidad de Wisconsin, recordó ese episodio al analizar las posibles acciones del presidente. "Sin duda, se especula con la posibilidad de que se haga algo así en estas elecciones", declaró a Forbes antes de los comicios.

Sin embargo, una orden similar también enfrentaría obstáculos legales. Los especialistas del Centro Brennan para la Justicia señalaron que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, utilizada por Trump para justificar el proyecto de 2020, no autoriza a los presidentes a confiscar "propiedad estadounidense en la que entidades extranjeras no tengan ningún interés patrimonial".

Las demandas que ya presentó el gobierno de Trump

La posibilidad de que el presidente recurra a los tribunales tampoco es nueva. Antes de las elecciones del 3 de noviembre, su gobierno impulsó acciones judiciales en Alaska y California para intervenir en el proceso electoral, aunque ninguna prosperó.

En Alaska, el Departamento de Justicia presentó una demanda por la inclusión de dos candidatos con nombres similares en la boleta electoral para el Senado. Se trataba del senador republicano Dan S. Sullivan y de su rival, Dan J. Sullivan. El gobierno argumentó que esa coincidencia podía confundir a los votantes y solicitó que los resultados no fueran certificados si el senador en funciones perdía la elección. El propio Trump aseguró que la demanda se había presentado por iniciativa suya.

El gobierno estadounidense también demandó a California para intentar impedir el recuento de unas 20.000 boletas, ante la sospecha de que podrían corresponder a personas sin ciudadanía estadounidense. Sin embargo, un juez federal rechazó el planteamiento y la Corte Suprema confirmó la decisión.

"Si el Ejecutivo puede invalidar votos y amenazar una elección en curso debido a acusaciones no probadas, entonces nuestra democracia está en peligro", escribió el juez David Carter al desestimar la demanda. El máximo tribunal estadounidense también rechazó el pedido de Trump para revisar el caso.

Los especialistas consultados por Forbes consideraron que las futuras demandas de este tipo tendrían pocas probabilidades de éxito. Friedman explicó que "no hay ninguna autoridad legal ni de otro tipo que sugiera" que el Departamento de Justicia pueda intervenir judicialmente en las elecciones. También recordó que los estados ya cuentan con mecanismos para resolver posibles irregularidades en la emisión o el recuento de votos.

Díaz fue particularmente crítico con la demanda presentada en Alaska, en la que el gobierno federal argumentó que tenía interés en proteger la "integridad" de las elecciones. "Todo en esa demanda de Alaska es una de las quejas más frívolas que vi, si no la más frívola, ciertamente la más frívola jamás presentada por el gobierno federal", afirmó el abogado, quien consideró que los representantes legales del gobierno deberían recibir sanciones por haber impulsado el caso.

Aun así, los especialistas advirtieron que ganar los juicios podría no ser el único objetivo de estas demandas. También señalaron que los procesos judiciales pueden utilizarse para sembrar sospechas sobre los resultados electorales, incluso cuando los tribunales rechazan los argumentos presentados.

"Muchos de estos esfuerzos litigiosos simplemente buscan crear una narrativa", explicó Hovland. El exfuncionario consideró que esta estrategia "[abusa] de la legitimidad de los tribunales como pretexto para... seguir impulsando estas narrativas falsas y darles una apariencia de legitimidad".

Qué podrían hacer los aliados de Trump para impugnar los resultados

Aunque el presidente no presente demandas personalmente, sus declaraciones sobre un supuesto fraude podrían impulsar a candidatos o dirigentes republicanos a cuestionar los resultados por su cuenta. Por ahora, ninguno de los candidatos derrotados anunció que presentaría una impugnación ni dio señales de que lo haría.

Los especialistas tampoco creen que una demanda presentada por un candidato tenga mayores posibilidades de modificar el resultado electoral. Aunque esas personas tienen una relación más directa con los comicios, deberían demostrar que hubo una irregularidad que justifique la intervención judicial.

"No estar de acuerdo con quién gana las elecciones no constituye una demanda legal", afirmó Díaz a Forbes. El abogado sostuvo que las impugnaciones probablemente tendrían un recorrido similar en los tribunales, independientemente de quién las presente.

Friedman recordó que, en elecciones anteriores, "incluso cuando no se trataba del propio presidente ni del Departamento de Justicia, los tribunales y el sistema se opusieron" a quienes intentaron presionar a funcionarios estatales y locales para que "no certificaran los resultados".

Sin embargo, la abogada advirtió que este tipo de acciones puede generar consecuencias aunque las demandas fracasen. A su entender, las acusaciones suman "ruido" sobre el funcionamiento de las elecciones y "dificultan que los votantes simplemente emitan su voto y tengan fe en el sistema a medida que avanza".

La preocupación por los funcionarios que cuestionaron las elecciones de 2020

Otro factor que preocupa a los especialistas es la presencia de funcionarios que rechazaron los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y que actualmente ocupan cargos vinculados a la administración electoral. Se trata de dirigentes identificados como "negacionistas electorales", que se niegan a reconocer la legitimidad de dichos comicios.

Sin embargo, Díaz señaló que hay "varios ejemplos de personas" que cambiaron su postura luego de comenzar a trabajar directamente en la organización de las elecciones. "Una vez que observaron de primera mano todas las garantías del sistema, se retractaron de sus teorías conspirativas", explicó. En las recientes elecciones legislativas, ningún funcionario electoral intentó impedir o cuestionar los resultados.

El abogado sostuvo que la mayor preocupación radica en "la cantidad de líderes influyentes del movimiento negacionista electoral" que ahora ocupan cargos en el gobierno federal. Si otros miembros del gobierno respaldaran las acusaciones de Trump, esas declaraciones podrían adquirir "una apariencia de legitimidad" al provenir del "Departamento de Justicia en nombre de los Estados Unidos".

Díaz comparó esa situación con los intentos de impugnación de 2020 y recordó, entre otros episodios, la conferencia de prensa que el abogado de Trump, Rudy Giuliani, realizó en Four Seasons Total Landscaping.

El especialista advirtió que, "incluso si el fondo es igual de absurdo y ridículo" que los argumentos utilizados en 2020, las acusaciones pueden resultar más creíbles cuando provienen del gobierno federal, porque "parece oficial y profesional, y proviene de instituciones en las que hemos aprendido a confiar durante siglos".

Para Díaz, ese respaldo institucional "puede llevar a más ciudadanos a creer" las acusaciones de fraude, aunque las demandas judiciales fracasen. El abogado calificó estas prácticas de "corrosivas para el proceso democrático" por el daño que pueden causar a la confianza de los estadounidenses en el sistema electoral.

*Esta nota fue publicada originalmente en Forbes.com.