Cada APP bien estructurada no es solo una obra: es una solución real a una necesidad concreta, construida con recursos privados pero bajo control público. Es una alianza que puede transformar territorios y elevar la calidad de vida de millones de ciudadanos.
Ecuador no puede darse el lujo de actuar sin consistencia. Es fundamental consolidar una política comercial basada en principios, respaldada por acuerdos formales y anclada en una visión de desarrollo productivo.
El país ha dado pasos en la dirección correcta al ofrecer incentivos concretos para la inversión en turismo. La exoneración del Impuesto a la Renta por siete años para inversiones superiores a 100.000 dólares es un aliciente clave, así como la agilización de procesos administrativos que facilitan la formalización de nuevos negocios.
El emprendedor ecuatoriano no pide privilegios, solo una oportunidad justa para construir su sueño. Pero la esperanza no puede ser el único combustible en una travesía donde el laberinto parece interminable. La verdadera transformación no llegará con parches ni buenas intenciones, sino con un compromiso decidido de romper las cadenas de lo absurdo.
La seguridad jurídica no es un lujo, es una necesidad. Sin ella, Ecuador seguirá pagando el precio de su discrecionalidad, mientras las oportunidades de desarrollo se desvanecen ante nuestros ojos, hasta el punto en que dejen de llegar.
Es hora de dejar de lado las excusas y permitir que el capital privado juegue su rol en la recuperación del país. Las inversiones privadas en energías renovables pueden ser la clave para resolver la crisis actual, pero mientras el Estado siga aferrándose a medidas transitorias y a una burocracia ineficiente, la crisis energética continuará agravándose.
Los abogados y empresarios son los nuevos hechiceros, capaces de invocar entidades abstractas con solo un puñado de documentos y firmas. Así, las empresas son tanto una maravilla de la imaginación humana como una prueba de nuestro talento para crear narrativas.
Ecuador debe reconocer la necesidad urgente de restablecer los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) como una herramienta clave para ofrecer a los inversionistas la seguridad y confianza necesarias para comprometerse a largo plazo con el país.
El respeto a la Constitución y a las leyes es el mejor mensaje que se puede dar a un inversionista. De esta manera, el país puede potenciar su atractivo y aprovechar su potencial económico.
Aunque las zonas francas en Ecuador tienen un potencial significativo para el desarrollo económico y la generación de empleo, es esencial que la nueva legislación armonice con las recomendaciones de la OMC y la OCDE. Adoptar un enfoque probado, ajustado a nuestra realidad, con una visión clara y compromiso hacia la transparencia y equidad, no solo fortalecerá la economía ecuatoriana, sino que también facilitará su integración en la economía global.
La legislación ecuatoriana facilita la inclusión de cláusulas de arbitraje internacional en contratos de inversión, asociaciones público-privadas y concesiones, entre otros. Esta facultad ha estado presente desde la vigencia de la Constitución de 2008 y permite el arbitraje internacional en contratos celebrados por el Estado.
La sociedad ecuatoriana, al igual que Juan Preciado, se encuentra ante la encrucijada de redescubrir su voz, redefinir su dirección y restaurar la confianza en sus instituciones.
Ecuador no solo busca atraer inversiones, sino que también está creando un entorno propicio para el desarrollo de la creatividad y la innovación en la industria audiovisual. Es el momento de invertir en Ecuador, donde la apuesta por el desarrollo audiovisual se alinea con un entorno natural único que enriquecerá la industria y cautivará al mundo con su esplendor visual.
En caso de no existir un pronunciamiento de la Asamblea en un plazo de treinta días, el presidente podría obtener una victoria política, con la vigencia de su proyecto por el ministerio de la ley. Todo esto en un Ecuador que está a puertas de enfrentar cambios aún más profundos en su ordenamiento jurídico.
Es fundamental que Ecuador no solo firme contratos, sino que también garantice la transparencia y el cumplimiento efectivo de las inversiones prometidas para lograr un desarrollo económico genuino y sostenible.
Cada lector de "Rayuela" crea su propia versión de la historia, al igual que cada abogado construye su interpretación única de su caso y busca resolver los rompecabezas legales de manera creativa. Aunque aparentemente dispares, estas experiencias comparten la idea fundamental de que la interpretación y la subjetividad son elementos esenciales en la búsqueda de significado y soluciones en contextos complejos.
La incorporación del arbitraje internacional en los contratos de inversión no solo se plantea como una alternativa al sistema judicial, sino como un auténtico sendero hacia la confianza, la resolución justa y la consolidación de relaciones equitativas entre el Estado ecuatoriano y los inversionistas privados.
Las zonas francas son una herramienta probada en todo el mundo y es hora de que nuestro país se suba al tren del desarrollo económico regional. La aprobación de una ley de zonas francas bien concebida y ejecutada es esencial para el crecimiento sostenible y el progreso de la nación.
El país tiene el potencial y las herramientas para liderar la transición hacia una matriz energética más verde y, al mismo tiempo, asegurar su estabilidad económica.
