La noticia cayó como una bomba: el 4 de abril pasado, en una carta pública al presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la Sociedad de Lucha contra el Cáncer del Ecuador (Solca), advirtió que en los próximos días le será imposible seguir brindando atención a los pacientes oncológicos que le sean derivados desde esa institución porque le adeuda varios millones de dólares por los servicios que ha prestado hasta la fecha, valores que están pendientes de pago desde hace 5 años.
Solca es una institución privada de servicio social sin fines de lucro que trabaja desde 1953 en la lucha contra el cáncer, habiendo atendido y salvado la vida a miles de personas atacadas por esa terrible enfermedad. Seguro todos tenemos familiares y/o amigos que han encontrado refugio, amparo y salvación en esa organización.
Pero el problema es más grave todavía. Todo se origina por la incapacidad del IESS de prestar servicios de salud adecuados a los millones de afiliados, por lo que suscribió convenios con centros de salud privados para que éstos sean atendidos a cambio de que el IESS asuma todos los gastos. Según esa entidad, la deuda con los prestadores externos de servicios de salud era, a 24 de enero de 2020, de 589 millones de dólares, 124 millones generados entre 2011 y 2017, 34 millones en 2018, 42 millones en 2019, 53 millones en 2020 y 336 millones en 2021 mientras que el presupuesto total de 2022 para ese fin es de 213 millones.
¿Qué nos dice eso? Lo que ya todos sabemos: que el IESS no funciona y que podría estar marchando aceleradamente hacía una quiebra total, lo que implicaría no solamente que millones de ecuatorianos se queden sin cobertura médica, sino también sin una jubilación que les ayude a sostenerse en sus últimos años de vida, y el problema es que nadie hace nada para evitar que eso pase. Convertido en caja chica de todos los gobiernos de turno, en la actualidad la deuda la deuda del Estado al IESS asciende a 8.037 millones de dólares, 4.368 millones al Seguro de Salud y 2.854 al Seguro de Pensiones, “deuda que viene desde 2001 y que lleva 21 años creciendo de manera continua", según el Presidente del Consejo Directivo de esta institución. Y atención que desde 2007 a 2014 tuvimos una bonanza petrolera sin precedentes, cuyos recursos bien hubieran podido servir para pagar esa deuda, pero ya sabemos lo que hicieron con ese dinero los corruptos prófugos.
No debería sorprendernos entonces, que la gente prefiera que no la afilien al IESS para con ese dinero mejor contratar un seguro privado. Soy abogado laboralista también, y nunca recomiendo a mis clientes seguir ese camino, pero comprendo perfectamente que quieran hacerlo. Por el mismo porcentaje de la remuneración que se les descuenta para el IESS podrían contratar un seguro de salud y jubilación bastante bueno, con el cual no existe el riesgo de no ser atendido en una casa de salud o de vivir los años no productivos en la pobreza.
Ojo, no estoy haciendo aquí una apología a la privatización de la seguridad social. Creo, como buen liberal, que el Estado debe brindar atención médica y seguridad social a quien no pueda pagársela y en la solidaridad de quienes sí pueden pagarse atención privada pero aportan para sostener la que se brinda a las personas de menos recursos. Pero frente a esta lacerante realidad, es absolutamente entendible que no se quiera hacerlo. ¿Para quienes son esos recursos, para los más necesitados o para que se los gasten gobiernos ineficientes y/o corruptos?
¿Cómo es posible que hayamos llegado a esta situación? ¿Cómo es posible que cientos de personas cuya vida depende de la atención que les brinde Solca y otras prestadores externos esté en riesgo? Pues por la ineficiencia de un Estado que debería tener, entre sus pocas obligaciones, garantizar que eso no suceda. Solo un Estado efectivo puede generar las condiciones que aseguren la realización de una plena ciudadanía, entre las que debe estar la salud pública y la seguridad social. (O)
