Las próximas elecciones representan una oportunidad para el cambio, pero solo si se logra un consenso político en pro de la democracia y de la independencia de poderes, en el que se les de voz y cabida a las generaciones más jóvenes. Sin este compromiso quizás pronto ya no podamos conmemorar este día en Ecuador.
Ecuador tiene un desafío al que nunca antes se había enfrentado y un pacto entre la clase política, la ciudadanía y la academia se hace indispensable para encontrar soluciones efectivas basadas en el respeto a los derechos humanos y al fortalecimiento institucional, en una suerte de reinvención en la forma en que hasta ahora se han hecho las cosas.
El país pasa por una crisis social y política severa fruto de los odios y las disputas entre personas que sólo albergan en su consciencia la sed de venganza, la impunidad y la agresión gratuita. Los ecuatorianos somos mucho más que eso.
En este año debo reconocer que en mis lecturas han faltado autores ecuatorianos, estando presente únicamente Oscar Vela y su magnífico libro de relatos Las máscaras que hemos sido, en el que a través de varias historias trata de develar el verdadero rostro detrás de las máscaras impuestas o autoimpuestas que tienen sus personajes.
Es innegable que mucho de lo realizado por Participación Ciudadana durante este tiempo ha ido en beneficio de mejores prácticas políticas en todo sentido, coadyuvando a la construcción de la institucionalidad democrática del Ecuador.
Hay que señalar que la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales están íntimamente entrelazadas y sus campos de acción se entrecruzan constantemente. Esa relación parte, esencialmente, del análisis que hacen estas dos ciencias de los fenómenos políticos, utilizando incluso metodologías similares.
Así, el regreso de la ley mordaza, no es sino una herramienta más en la búsqueda de consolidar nuevamente un gobierno autoritario y matar a nuestra democracia, quizás ahora sí definitivamente.
Por ahora, y pese a la supuesta voluntad de proceder en esa línea que expresaron varios actores políticos en algunas reuniones que giraron en torno a la propuesta de Participación Ciudadana, parece que tendremos un escenario parecido al de 2019, con un alcalde o alcaldesa escasos de legitimidad y con un consejo fragmentado en el que la inmovilidad y el bloqueo serán la tónica.
Las manifestaciones continúan y el enorme daño a la economía del país se sigue acentuando. ¿Cuándo será suficiente? ¿Qué es lo que pretenden ¿Llevar al país a una hecatombe económica? ¿Conducirnos a una crisis similar a la que Chávez y Maduro ocasionaron en su país y que obligó a migrar a mi barbero junto con cientos de miles de sus compatriotas? ¿Eso es lo que quiere Leonidas Iza?
¿Quién nos puede asegurar ahora que, escudados en las mismas consideraciones, no violen los procedimientos previamente establecidos y, qué se yo, cambien el orden de los juicios políticos, destituyan a funcionarios públicos y se tomen los organismos de control sin ningún impedimento, que, además, es justamente lo que pretenden?
Y es que lo que muchos no quisieron o no pudieron entender es que, si bien el proyecto municipal “CAMINarte, ruta a la Libertad” se está realizando dentro del marco de la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Pichincha, lo que pretende es la realización de una galería de murales que no necesariamente tengan estos hechos históricos como objeto de las obras. Así, el mural de Okuda San Miguel es sobre las bordadoras, no sobre las fiestas patrias.
En un Estado de derecho existe una rendición de cuentas clara, tanto para gobernantes como para gobernados, transparencia y seguridad jurídica, que implica que las normas se aplicarán a todos por igual y que la resolución de los conflictos se hará de forma ética, imparcial, rápida y siguiendo el debido proceso, garantizando siempre el respeto a los derechos fundamentales.
A la pregunta del Barómetro de Las Américas de si diría usted que la gente de su comunidad es muy confiable, algo confiable, poco confiable, o nada confiable, a 2021 apenas un 46.9% confía en los demás, porcentaje que ha ido cayendo en picada desde 2012, año en que alcanzó un porcentaje de 66.6%. La conclusión es que la confianza interpersonal en Ecuador es débil y frágil.
¿Cómo es posible que cientos de personas cuya vida depende de la atención que les brinde Solca y otras prestadores externos esté en riesgo? Pues por la ineficiencia de un Estado que debería tener, entre sus pocas obligaciones, garantizar que eso no suceda.
Con esta clase política que no se conduele por generar un sociedad en que el imperio de la ley sea la tónica, pocos serán los que quieran venir a invertir en este país, por más leyes atractivas y bien hechas que tengamos. Y además, se sigue generando desconfianza en los ciudadanos, que comprueban que en realidad nuestras instituciones no son de fiar, lo que pone en riesgo a la misma democracia y abre nuevamente la puerta a populistas autoritarios.
Los demócratas no podemos tolerar la antidemocracia y cabe recordarlo en las próximas elecciones seccionales. También el gobierno cuenta con las herramientas suficientes para evitarlo. Ojalá eso les quede claro a los antisistema, representados ahora en la oposición legislativa, antes de que sigan avanzado por la vía antidemocrática para lograr sus objetivos.
Se reafirma la necesidad de eliminar un organismo que para lo único que ha servido es para evitar la fiscalización y el control a los otros organismos del estado, facilitando la corrupción y la impunidad, pero mientras tanto, y a fin de evitar que nuevamente sea controlado por quienes ya hicieron su agosto a través de su existencia, quizás sea necesario el llamar a una muerte cruzada que se los impida
Cabe ahí preguntarse ¿qué hicieron durante todos estos años, cuando la ciudad crecía en medio del desorden y la falta de planificación? ¿Dónde estaban? ¿Dieron acaso voces de alarma? ¿Llamaron la atención sobre los temas importantes? ¿Denunciaron la corrupción? No, no lo hicieron, al contario, fueron cómplices, unos por omisión y otros por acción, de las malas administraciones.
En Ecuador la decisión de hacer obligatoria la vacuna está tomada y tiene sustento legal, tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Salud y los ciudadanos debemos cumplir ese mandato, nos guste o no. El punto es que vacunarse también es una obligación moral y una responsabilidad cívica, porque al final, el beneficio es para todos.
